Históricamente, los casos de litigios sobre el cambio climático, que han involucrado en gran medida reclamos y perjuicios por daños, se han desestimado o estancado. Sin embargo, el reciente fallo de la corte carioca para fortalecer acción climática en Brasil podría asentar un importante precedente para la justicia ambiental nacional e internacional, de acuerdo con AIDA.
La decisión de la Suprema Corte de Brasil se equipara al Acuerdo de París —el cual busca fortalecer la respuesta global para mantener la temperatura del planeta menor a 2 °C y evitar los peores desastres climáticos—, ya que postula un tratado de derechos humanos que requiere que el Estado proteja el medio ambiente para las generaciones actuales y futuras.
Se reactiva fondo para combatir cambio climático
La medida ordena al gobierno reactivar completamente Fondo Climático, un estimulo nacional destinado a apoyar proyectos que mitiguen el cambio climático. Creado en 2009, como parte del plan nacional de política climática, dicho instrumento estuvo inoperativo en 2019, desde entonces no se habían elaborado planes anuales y no se había desembolsado dinero para apoyar proyectos que mitiguen el cambio climático.
«Los tratados sobre derecho ambiental son una especie de tratados de derechos humanos y, por ello, gozan de rango supranacional. Por lo tanto, no existe una opción legalmente válida para simplemente omitir para combatir el cambio climático».
Suprema Corte de Brasil.
De acuerdo con Marcella Ribeiro, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), la decisión de fortalecer la acción climática en Brasil creó un marco privilegiado de protección para la mitigación y adaptación climática, al asegurar uno de los pilares fundamentales: la financiación.
Con esto, expresa Ribeiro, «[se] dejó en claro que el Poder Ejecutivo, al restringir los recursos que por ley están destinados a la acción climática, está incumpliendo los acuerdos y convenciones internacionales sobre derechos humanos de los que Brasil es parte».
La histórica lucha por la política climática en Brasil
La sentencia es la culminación de una demanda presentada hace dos años contra el gobierno federal brasileño por cuatro partidos políticos: el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido Socialista Brasileño y la Red de Sostenibilidad.
En el fallo, respaldado por diez de los 11 jueces presidentes, el juez Luis Roberto Barroso destacó que es importante frenar el enorme aumento de la deforestación en la Amazonía brasileña, un problema que no ha mostrado signos de desaceleración. Y es que Brasil es el quinto mayor emisor de carbono del mundo y la deforestación es su mayor fuente de emisiones.
En este contexto, la Corte Suprema reconoció al fondo climático como la principal herramienta disponible para reducir las emisiones. Por lo tanto, no usarlo fue una violación “por omisión” de la constitución nacional, que requiere que el Estado proteja el medio ambiente para salvaguardar el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Asimismo, la abogada de AIDA destacó que la responsabilidad del gobierno para fortalecer acción climática en Brasil puede dar paso a que tribunales y jueces de otros países latinoamericanos hagan el mismo reconocimiento.
Ligitios ambientales aceleran la responsabilidad ambiental
El caso del Fondo Climático en Brasil demuestra que el litigio climático estratégico es una forma efectiva y necesaria de ayudar a los gobiernos y empresas del continente a cumplir con sus compromisos climáticos.
En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) destacó que la litigación relacionada con el clima está en aumento y, en algunos puntos, ha influido en los resultados y la ambición de la gobernanza climática, entendida como la forma en que los diferentes actores —Estado, sociedad civil, academia y sector privado— definen, implementan y monitorean las acciones dirigidas a abordar las causas y consecuencias del cambio climático.
En el caso de Brasil, fortalecer la acción climática es crucial, porque la nación alberga el 65% de la Amazonía, un ecosistema clave para la regulación climática global y que está en grave riesgo. «El país se caracteriza por un creciente ecosistema de litigantes y organizaciones que están llevando la lucha climática a los tribunales”, expresó Javier Dávalos, abogado senior de AIDA.
Financiamiento para la adaptación y mitigación climática
Pero abordar una transición a una economía de carbono cero y evitar los peores impactos físicos del cambio climático requiere de una inversión de casi 125 mil millones de dólares para 2050, según el estudio Net Zero Financing Roadmaps. Estos recursos deben provenir de dos fuentes: la inversión privada y pública. Por ende, la política climática gubernamental es sumamente relevante.
En línea con ello, la Suprema Corte de Brasil reconoce al Fondo Climático como de los principales instrumentos para financiar la acción climática y que se puedan cumplir con los objetivos nacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que están alterando el equilibrio de la temperatura del planeta.
Con este contexto, se puede ver que la justicia climática parece estar abriendo paso. La decisión de la corte a fortalecer acción climática en Brasil señala un límite claro del que no es posible retroceder: el derecho a un medio ambiente sano es un deber que los gobiernos deben proteger y respaldar como parte de su Responsabilidad Social (RS).
