México tendrá que asumir un mandato preciso y verificable de abatir la deforestación neta, tal vez a cero.
No es una provocación: el cambio climático traerá grandes beneficios a México. Por una parte, como se ha insistido en esta columna, obligará a reformas estructurales en el sector energético, y en el ámbito fiscal.
Por la otra, nos forzará a resolver en serio y de una vez por todas uno de los peores estigmas del subdesarrollo -la deforestación- y a revertir sus conocidas y dramáticas secuelas en cuanto a biodiversidad, hidrología, recursos naturales y servicios ambientales.
Tendremos que hacer lo que hasta ahora, por ingenuidad, indiferencia o incompetencia, hemos eludido.
Copenhague no fue un fracaso; entre otras razones, porque insertó explícitamente en el acuerdo final el tema de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), que representa casi la quinta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo. México tendrá que asumir un mandato preciso y verificable de abatir la deforestación neta, tal vez a cero, durante la próxima década; algo que ningún gobierno en este país, ni ninguna entidad a cargo de la política forestal se ha planteado.
En algún sentido es una pena que esto sea producto de la imposición internacional y no de una decisión propia de política pública, pero no lo lamentemos, no estamos para tanta dignidad; menos aun cuando las cosas ya se han puesto en marcha.
En efecto, la Comisión Nacional Forestal ha tenido que desarrollar -conjuntamente con otras entidades- la propuesta de México sobre Habilitación y Preparación para REDD (Readiness Preparation Proposal), que es en apariencia un ejercicio críptico y burocrático. Pero sólo en apariencia.
Una vez que inicie su implementación en los próximos años y como parte de los compromisos de México para el régimen post 2012 del Protocolo de Kyoto, representará una transformación radical en la visión y en el control territorial por parte del Estado, ni más ni menos. Significa cambiar de fondo procesos agrarios, repensar la cultura campesina e insertar nuevos códigos de legalidad en el campo mexicano. ¿Cómo?
REDD implicará:
1) Un diagnóstico formal sobre las dinámicas territoriales y políticas y las instituciones formales e informales que explican la deforestación y la degradación.
2) Escenarios precisos de referencia en materia de uso del suelo, deforestación y emisiones.
3) Modelos econométricos de riesgo y proyección a partir de correlaciones espaciales.
4) Capacidades inéditas de monitoreo basadas en sofisticados sistemas satelitales de percepción remota (imágenes, clasificación y algoritmos) e integradas con esquemas de verificación y reporte de acceso público vía Internet.
5) Definición clara de derechos de propiedad en el campo.
6) Cálculo de costos de oportunidad para REDD.
7) Sistemas contractuales a largo plazo para el pago a los propietarios rurales por deforestación evitada y captura de carbono.
8) Realineación de las políticas de subsidio de Sagarpa.
9) Financiamiento estable y suficiente, público y privado.
10) Vigilancia efectiva para el cumplimiento de los contratos en las propiedades colectivas -será necesario crear una fuerza especializada en la Policía Federal.
11) Multiplicación de nuevas Áreas Naturales Protegidas y corredores biológicos; y desde luego:
12) Construcción de las capacidades institucionales y políticas requeridas.
Casi nada. Enhorabuena por el cambio climático.
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