La organización ecologista demanda al Gobierno un mayor compromiso con el medio ambiente durante su presidencia europea
Con motivo del Consejo informal de Ministros de Energía y Medio ambiente de la Unión Europea, el primero bajo la presidencia española, que tendrá lugar en Sevilla del 15 al 17 de enero, Greenpeace ha lanzado un documento con sus propuestas para que el Gobierno español aproveche la oportunidad de liderazgo medioambiental que le brinda la Presidencia de la Unión Europea (UE).
La organización ecologista pide al Gobierno español que durante la presidencia incluya, dentro de sus prioridades de recuperación económica y creación de empleo, el impulso para alcanzar un sistema energético basado al 100% en energías renovables, como herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático, y un cambio radical en la gestión de los ecosistemas marinos a través de la reforma de la Política Pesquera Común.
Para asegurar que el objetivo de la presidencia de “Innovar Europa” se haga realidad, Greenpeace destaca la necesidad de cambios urgentes en tres ámbitos políticos, desarrollados en el documento:
1. Política económica. Una economía sostenible para la población y para el planeta.
2. Política climática global. Evitar la repetición de los errores de Copenhague.
3. La reforma de la Política Pesquera Común y la adopción de la nueva legislación sobre madera.
España es reconocida como uno de los líderes mundiales en energías renovables y muestra de ello es que ha alcanzado un 26% de electricidad renovable en 2009. Greenpeace considera que en la cumbre de marzo de Jefes de Estados europeos se debería dar prioridad estratégica a las energías renovables y a la eficiencia energética dentro de las políticas energéticas europeas, dado que la presidencia española ha identificado correctamente el Plan de Acción sobre Energía de la UE para los años 2010-2014 como una oportunidad para modernizar el suministro energético de Europa. Además, España debería impulsar a la UE para desarrollar una visión de un sistema energético 100% renovable para 2050, que beneficie tanto a la economía como a los ciudadanos.
“España debe predicar con el ejemplo, elevando su objetivo nacional de energías renovables para 2020 al 30% y al 50% en electricidad”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña Cambio Climático y Energía de Greenpeace.
La organización ecologista ha señalado las siguientes prioridades energéticas para que la presidencia española logre desarrollar una economía sostenible:
eliminar todas las subvenciones a las tecnologías fósiles y nucleares;
desarrollar redes inteligentes, incluyendo estándares mínimos para redes, aparatos y coches eléctricos;
centrar en renovables y eficiencia energética las iniciativas sobre Financiación de Tecnologías Bajas en Carbono;
cooperar con los gobiernos para aplicar la directiva de renovables y el objetivo del 20% de energía renovable;
promover políticas estables de energías renovables dentro del Plan Solar Mediterráneo;
promover incentivos financieros y mejoras regulatorias para desarrollar redes eléctricas marinas.
Una de las tareas que España abordará durante la presidencia europea es el debate de las primeras fases de la reforma de la Política Pesquera Común. Esta normativa determina qué, cómo, cuánto y dónde pesca la flota europea, lo que influye determinantemente en la situación mundial de los océanos.
“España con una flota actual de 11.247 barcos y muy envejecida, ha de liderar estas negociaciones, fomentando una reforma sostenible que proteja al medio marino y a los pescadores” ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace.
Además, la organización ecologista pide que en esta reforma se tengan en cuenta una reducción del esfuerzo pesquero, un fomento de las pesquerías tradicionales, una protección de las comunidades costeras y el establecimiento de Reservas Marinas.
Asimismo, el gobierno español concluirá el debate sobre la protección del atún rojo Atlántico (Thunnus thynnus) en los próximos tres meses, cuando se decidirá si se incluye en el Anexo I del Convenio CITES. Esto supondría la prohibición de su comercio internacional y, por lo tanto, el comienzo de la recuperación de esta especie en peligro de extinción.
