En una sociedad democrática, la voz y el bienestar de la mayor parte de la población han de prevalecer sobre los intereses políticos que benefician a unos cuantos sectores. La incidencia de la sociedad civil en asuntos públicos es fundamental para garantizar este equilibrio.
Mientras gran parte de la población se concentra en la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones, la vida o se detiene. En México el progreso del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener) ponían en riesgo, hasta hace muy poco, importantes avances en materia de desarrollo sostenible.
Esta nueva regulación propuesta por el gobierno federal buscaría modificar el terreno de juego para el sector de las energías renovables; frenando así múltiples proyectos previamente aprobados, que beneficiarían el crecimiento de las energías limpias y el desarrollo sustentable.
Greenpeace y CEMDA al rescate
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace obtuvieron recientemente, a manos de un juez, la suspensión definitiva contra el Cenace y la Sener, en materia de generación de energía eléctrica.
El fallo a favor de las entidades ambientalistas, otorgado por Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se da porque las modificaciones realizadas por el Cenace y la Sener carecen de justificación técnica, además tienen implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases de efecto invernadero.
De acuerdo con el CEMDA, las modificaciones realizadas por la Sener y el Cenace abren la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo), las cuales estaban en desuso y programarlas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero.
“Constituyen un retroceso en los pasos que México ha dado para avanzar hacia la promoción de las energías renovables en el país y, con ello, contribuir a tener un medio ambiente sano”, mencionó Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del CEMDA.
“Sabemos que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático y tienen consecuencias negativas sobre la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas”, agregó la especialista.
Con este fallo a favor de las entidades ambientalistas será posible avanzar en los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados.
“Esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población”, dijo María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México.
Esto permitirá la realización de proyectos comunitarios de generación distribuida que ayuden a abatir la pobreza energética que se vive en los hogares del país, agregó la especialista.
