La ONG ecologista Greenpeace asegura que la planta de aluminio que provocó un vertido tóxico en Hungría el pasado mes de octubre todavía contiene productos químicos nocivos, los cuales siguen suponiendo una amenaza para el río Torna. Por esta razón pide a la Unión Europea (UE) que presione al Gobierno húngaro para que detenga esta «constante contaminación».
El pasado 26 de enero los activistas tomaron muestras del agua en seis puntos distintos de un canal de aguas residuales que va a parar en el Torna, perteneciente a la cuenca del Danubio. Diez personas murieron cuando el lodo de color rojizo contenido en una de las reservas de la fábrica llegó a Kolontar, tan solo a unos 45 kilómetros del gran río europeo.
Uno de estos ecologistas, Balazs Tomori, señala que las muestras fueron enviadas a dos laboratorios independientes, uno en Budapest y otro en Viena. Además, precisó que el agua analizada procede de la misma reserva que reventó en octubre y de otra utilizada para almacenar parte del agua tóxica recogida tras el desastre.
«La Comisión de la UE ha de intervenir con el Gobierno húngaro inmediatamente para detener esta amenaza a las personas, los animales y la naturaleza», ha declarado Tomori, en declaraciones recogidas por la cadena británica ‘BBC’.
Altas concentraciones de arsénico
La Agencia de Protección Medioambiental de Viena revela 1.300 microgramos de arsénicos por litro, cuando el margen de salubridad establecido en Austria es de cien microgramos por litro. Mientras, el contenido de aluminio es de 200.000 microgramos por litro, cien veces más que el límite legal. La concentración de carbón orgánico también supera estos límites.
El año pasado se añadieron fertilizantes químicos y yeso a los ríos Marcal y Raba para rebajar los elevados niveles de sustancias alcalinas. Desde el desastre la Autoridad de Gestión de las Aguas del Danubio ha vigilado al detalle la composición de los cursos fluviales.
La compañía MAL AG niega ser la responsable del accidente y poco después de los sucesos ya reanudó la producción. El Gobierno pretende salvar a la empresa para que los 1.300 empleados de la planta de Ajka no se quede en el paro. En cambio, sí ha criticado los antecedentes de MAL AG en lo concerniente a sus políticas medioambientales. La limpieza de la zona ha sido un éxito y muchos residentes ya han vuelto a sus lugares de origen.
Fuente: Elmundo.es
