Grupo México no ha salido a dar la cara en la crisis que atraviesa su subsidiaria Buenavista del Cobre, responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. A 20 días del hecho, la respuesta clara y de frente a la sociedad que conlleva asumir la responsabilidad ha brillado por su ausencia.
Ni la afectación a más de 22,000 sonorenses, quienes han padecido daños físicos, la interrupción del suministro de agua y la suspensión del inicio de clases, ni las pérdidas económicas o el perjuicio ambiental causado han sensibilizado a la empresa para que salga a responder directamente sobre el hecho.
Tampoco una primera sanción anunciada por la Profepa, por apenas 43 millones de pesos, ni que la Semarnat acusara a la minera de “informar falsamente” sobre el derrame, logró sacar a la empresa de su forma de responder a la crisis con comunicados. Y es que este modo de actuar no es particular de este hecho; columnistas y articulistas han recordado en días pasados que ni el lamentable suceso de Pasta de Conchos, que dejó 65 muertos, hizo que Germán Larrea, presidente de Grupo México y segundo hombre más rico del país, saliera a los medios.
No sobra decir que buscamos a la empresa por dos canales distintos pero tampoco recibimos respuesta.
¿Cómo entender esta actitud de bajo perfil por parte de una empresa que coloca como su prioridad número uno “la gestión de riesgos económicos, ambientales y sociales para asegurar la continuidad del negocio”?
En su informe de desarrollo sustentable 2013, Grupo México destaca su compromiso con la comunicación y transparencia. Esas dos líneas iniciales del reporte contrastan con la reacción que ha tenido la empresa a raíz del derrame en Sonora: dos comunicaciones emitidas en su página de internet, una con fecha del 12 de agosto, casi una semana después del accidente, y otra apenas el pasado miércoles, 20 de agosto.
En ambas mantiene su postura de que el hecho se debió a las lluvias que provocaron el desbordamiento de una represa, la cual contenía la solución ácida, misma que niega sea peligrosa. Del otro lado está la Semarnat que acusa una falla en el sistema de la minera así como múltiples testimonios -muchos con foto- de los daños físicos causados por el derrame.
¿Papelito habla?
En su más reciente informe de sustentabilidad, la empresa informa haber invertido más de 193 millones de dólares durante 2013 en acciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos y la reducción de emisiones y residuos hacia el medio ambiente.
Asegura haber enfocado sus esfuerzos en contar con operaciones mineras certificadas bajo estándares mundialmente reconocidos, como la ISO14001:2004, y presume haber obtenido el máximo distintivo medioambiental que otorga el gobierno federal: el reconocimiento GEI3.
El referido reconocimiento, por cierto, lo otorga la Semarnat, misma dependencia que hoy acusa de mentirosa a la minera. No sólo el gobierno federal se ha volteado contra la minera, todos los afectados, autoridades municipales y estatales, legisladores, gremios sindicales, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y la opinión pública han cerrado filas contra el actuar de la empresa y su falta de respuesta. Sólo algunos representantes del sector privado han pedido que no se le quite la concesión a la minera.
Las autoridades han informado que esta semana se conocerá la sanción correspondiente a Grupo México, ¿será del tamaño que corresponde al mayor productor privado de cobre en el mundo?
Quizá sea hora de que la empresa tome este episodio como una parteaguas que redefina su estrategia de respuesta ante las crisis, en el marco de una cultura por la sustentabilidad que cada vez valora más a las empresas que dan la cara y aceptan el error que a las que se esconden tras reportes y comunicados.
Episodios como este no son la excepción, menos para una industria como la minera. Tan sólo el año pasado, Grupo México reportó 23 derrames, el grueso en Estados Unidos -donde también opera-, que representaron 26,418 metros cúbicos de químicos y aceites vertidos, así como 15 sanciones por un monto de casi 260,000 dólares para su división minera.
En esta situación debe comprender que la adecuada gestión de riesgos actualmente incluye el diálogo permanente y la respuesta inmediata ante sus grupos de interés en situaciones de crisis.
