El jefe de la investigación sobre la elección de Rusia 2018 y Qatar denuncia que el máximo organismo del fútbol tergiversa las conclusiones del informe. La FIFA no ve irregularidades en la concesión del Mundial 2018 y 2022.
Qatar gastó cientos de millones de euros en una campaña de un dimensión nunca antes vista para lograr convertirse en la sede del Mundial de fútbol de 2022. Pero, según una investigación de la FIFA realizada durante 18 meses por Michael Garcia, exfiscal de distrito de Nueva York, pudo haber mucho más que eso. En un completo informe de 430 páginas, tras entrevistar a más de 75 testigos de nueve países candidatos, García denuncia irregularidades en el proceso que llevó a la elección de Rusia y Qatar como sedes de los Mundiales de fútbol de 2018 y 2022, respectivamente. Habla de patrocinios sospechosos y “pagos inapropiados” a altos ejecutivos de la FIFA de distintos continentes.
Ayer, Hans Joachin Eckert, cabeza del brazo resolutorio del comité ético de la FIFA, decidió que esa investigación no aporta suficientes pruebas que justifiquen desposeer a Rusia y a Qatar de sus campeonatos. En su dictamen, que resume en 42 páginas la investigación de García, Eckert sostiene que los incumplimientos de la ley fueron de “muy limitado alcance” y cierra la investigación sobre el polémico proceso de adjudicación.
Al menos, eso es lo que pretende. Porque, nada más conocerse la decisión, Michael Garcia ha salido furiosamente al ataque. Asegura que el dictamen de Eckert tergiversa sus conclusiones y, en una incendiaria intervención, anuncia que apelará él mismo al comité ético de la FIFA. “La decisión del presidente de la cámara resolutoria del comité contiene numerosas representaciones incompletas y erróneas de los hechos y conclusiones detallados en el informe de la cámara investigadora”, ha dicho, sacando a la luz las tensiones entre las dos cámaras la investigadora y la resolutoria en que se dividió el comité ético de la FIFA como consecuencia precisamente de las acusaciones de corrupción en el organismo, basado en Zúrich y presidido por Sepp Blatter, durante el proceso que llevó en diciembre de 2010 a la designación de las sedes de los dos próximos Mundiales.
Eckert deja abierta la puerta a eventuales sanciones a determinados individuos, que podrán decidirse antes de la próxima primavera. Pero insiste en no publicar nada más que su resumen de 42 páginas de la investigación de Garcia. Este, a pesar de haber prometido anonimato a determinadas fuentes para animarlas a denunciar, estaría dispuesto a publicar todo lo que fuera posible de las 430 páginas de conclusiones de la investigación que condujo durante año y medio. El conflicto ha dividido también al comité ejecutivo de la FIFA. Varios de sus miembros –incluidos el presidente de la UEFA, Michel Platini, y el representante británico, Jim Boyce- han pedido que el informe se publique en su integridad.
La decisión de conceder a Qatar la organización el campeonato en 2018 estuvo desde el principio rodeada de polémica. Se señaló la poca idoneidad de las condiciones climáticas del país para celebrar una competición de estas características. Se denunció la explotación de trabajadores inmigrantes en las construcción de las infraestructuras. Y también hubo acusaciones de irregularidades en el propio proceso de votación.
Eckert sostiene que, aunque haya preocupación por determinados aspectos de la candidatura de Qatar, no son suficientes para reabrir el proceso. García habla de pagos a altas autoridades del fútbol en África y Oceanía. Pero Eckert defiende que este no ha demostrado un vínculo directo entre la candidatura al Mundial y los “pagos ilícitos” realizados por el catarí Mohamed Bin Hammam, expresidente de Confederación de Fútbol de Asia, al que se inhabilitó de por vida después de pagar sobornos durante una campaña para derrocar a Blatter. Eckert reconoce que el hecho de que Qatar pagara 1,8 millones de dólares para patrocinar el Congreso de la Confederación de Fútbol Africano en Angola, obteniendo un acceso privilegiado a los 24 miembros del comité ejecutivo, crea una “mala impresión”. Pero no vulnera, dice, ninguna regla del proceso de la candidatura. García denuncia, y Eckert lo recoge en su resumen, que los ordenadores utilizados por la candidatura rusa para organizar el Mundial de 2018 fueron destruidos y los correos electrónicos no pudieron ser entregados a los investigadores. “Todo lo que pudimos aportar a la investigación, lo aportamos”, zanja el presidente del comité de organización de Rusia 2018, Alexei Sorokin.
Así, la FIFA pretende cerrar la polémica que aún hoy rodea a un confuso proceso de elección de dos candidaturas simultáneamente, en el que las delegaciones de nueve países candidatos viajaron por todo el mundo tratando de asegurarse el apoyo de los 24 miembros del comité ejecutivo de la FIFA. El proceso, según Eckert, “estuvo bien pensado, fue robusto y profesional”. Pero para otros miembros del mismo organismo, que proponen cambios en los procesos de elección de las sedes, el caso está aún abierto.
El FBI entra en acción
El FBI lleva tres años investigando a la FIFA, según informó ayer la BBC. La investigación del FBI incluye la cooperación de un destacado exmiembro de la cúpula de la propia FIFA, que habría aportado documentos y grabaciones en torno a numerosos asuntos relacionados con la corrupción, incluyendo la designación de las sedes mundialistas de 2018 y 2022. Según el New York Daily, el informante interno sería Chuck Blazer, expresidente de la Asociación Americana de Fútbol. En diciembre de 2012 fue expulsado de por vida de la FIFA el catarí Mohamed bin Hammam por violación del código ético. Hamman, miembro del Comité Ejecutivo, llegó a pagar hasta 3,6 millones a otra treintena de miembros para asegurarse el voto favorable de la candidatura de Qatar para el Mundial de 2022. Según el Daily, Blazer habría sido quien delató a Hamman.
El FBI, agencia para la que trabaja la mujer de Michael Garcia, se ha negado a realizar declaraciones.
Fuente: El País
