Tarifas e impuestos compensatorios de carbono a las importaciones o dividendo a ciudadanos son instrumentos lógicos para vencer las resistencias políticas que genera la regulación de emisiones, sin perder eficacia.
Estaba previsto desde hace tiempo y es inevitable: el uso de instrumentos de protección comercial para inducir a los países reacios a participar en los esfuerzos globales en contra del cambio climático.
La idea se concreta en la nueva legislación de energía y clima que será presentada al Senado estadounidense en las próximas semanas, con el aval de la Casa Blanca, por los senadores Kerry-Graham-Lieberman.
Es entendible que sectores industriales expuestos fuertemente al comercio internacional e intensivos en el uso de energía (como siderurgia, fertilizantes, cemento, papel, química) hayan cabildeado intensamente para lograrlo. Quieren evitar que otros países ganen ventajas competitivas espurias, al evadir políticas de control de emisiones. La Unión Europea también lo considera explícitamente.
Se trata de tarifas compensatorias de carbono impuestas a las importaciones, y no es algo nuevo; la ley Waxman–Markey aprobada el año pasado en la Cámara de Representantes lo prevé. Puede adquirir la modalidad de un impuesto directo relacionado con el contenido implícito de carbono emitido en la fabricación de cada producto (habría un sistema estandarizado de cálculo) o de la obligación del importador de comprar bonos de carbono por un volumen equivalente en el mercado nacional o internacional.
Es obviamente un disuasivo poderoso para los países que persistan en eludir compromisos de reducción de emisiones. El destinatario más conspicuo es China, pero también la India, México, Brasil y otros, Canadá entre ellos (por cierto, flagrante infractor del Protocolo de Kyoto), cuya producción y exportación de petróleo de origen bituminoso genera cantidades descomunales de CO2.
Este mecanismo de protección comercial/climática se inscribirá en un esquema nacional de cap and trade (ya conocido) y/o de cap and dividend, que sí es algo novedoso.
En este último caso, el gobierno subasta los permisos de emisión a las empresas –procedimiento equiparable en principio a un carbon tax– pero los ingresos generados no son para el fisco, sino que se distribuyen homogéneamente entre la población por medio de cheques mensuales personalizados.
Se estima que en el contexto de la nueva legislación estadounidense, cada familia podría recibir a través de tal procedimiento hasta 6,000 dólares anuales.
Ambos elementos, la tarifa o impuesto compensatorio de carbono a las importaciones y el dividendo son instrumentos lógicos para vencer las resistencias políticas que genera la regulación de emisiones, sin perder eficacia. El primero satisface los intereses competitivos de las empresas reguladas y, el segundo, el bolsillo de los consumidores preocupados por el efecto sobre su ingreso real del alza en el precio de los combustibles fósiles.
El cabildeo en un sistema democrático, como se ve, puede arrojar soluciones creativas al cambio climático. Gracias a ello, es posible que Obama llegue a Cancún (a la COP 16) a finales de año con una fuerte posición negociadora y de liderazgo.
Es importante advertir que la tarifa compensatoria al carbono sobre las importaciones sería consistente con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), invocándose como necesaria para la protección de la vida y la salud humana, así como de la flora y fauna (Artículo XX del GATT). Además, sería equitativa y no discriminatoria, ya que los productos nacionales tendrían un tratamiento equivalente por medio del sistema de cap and trade o de cap and dividend (Artículo III del GATT). ¿Guerra proteccionista? Puede ser, pero está en juego el planeta.
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