Guerra vs. obesidad pone en aprietos a compañías

Empresas deben innovar y reorientar su oferta a lo saludable, dicen expertos; diversas firmas temen baja en ventas

Si las secretarías de Salud (SSA) y Educación (SEP) apresuran sus deliberaciones sobre el dictamen preliminar que despachó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el pasado 22 de julio, en el siguiente ciclo escolar —que inicia a mitad del próximo agosto— las clásicas marcas que abarrotan los estantes de las cooperativas escolares tendrán que decir adiós.

Seguramente pocos de los adultos o adolescentes pueden asegurar con total certeza que durante su niñez no consumieron los clásicos Miguelitos, o los Cazares solos o con salsa Valentina, o qué tal los mazapanes De la Rosa, y qué decir de las cacahuates Nishikawa, las Nucitas, los M&M’s, las paletas Tutsi Pop.

Esas marcas se adhirieron dentro de los hábitos de consumo de miles de personas, durante años, pero hoy inevitablemente estarían orilladas a abandonar los planteles escolares.

Y el problema no es para menos, la SEP asegura que en México los índices de obesidad cada día son mayores.

Tan sólo de 1998 al año 2006 “se observó un aumento de 6.8% en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de dos a cuatro años”.

Hoy en día se debaten dos posturas entorno a este tema.

La primera, que en esencia empuja la sociedad civil, se trata precisamente del retiro de estos alimentos procesados de los diversos planteles escolares y la instrumentación de mejores hábitos de consumo y desarrollo.

La otra postura, encabezada por la iniciativa privada del país, sostiene que la implementación de los lineamientos propiciarían daños a la industria.

A decir de los especialistas en la materia, los daños para la industria no serán de un impacto alarmante, y bastará un trimestre para que las mismas empresas adapten sus líneas de producción, orienten su oferta a lo saludable, o bien, generen nuevas oportunidades de negocio.

Firmas buscan innovar
Las empresas grandes como Grupo PepsiCo, con sus marcas Sonric’s, Gamesa, Sabritas, Quaker, Grupo Bimbo, con sus marcas Barcel y confitería Ricolino, Grupo Danone, Coca-Cola de México, entre otras, han orientado sus esfuerzos a la innovación de productos.

PepsiCo, por ejemplo, calcula que en un periodo de dos a cinco años contará con los productos renovados.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) que distribuyen marcas en las escuelas o bien son proveedores de las firmas grandes tienen dos opciones: o buscar nuevos canales de distribución, o bien adecuar su oferta.

“Debe considerarse que para la generalidad de la industria de alimentos y bebidas, el canal de distribución de las escuelas representa entre 3% de las ventas totales del mercado, de manera que las empresas pueden buscar la opción más rentable: adaptar sus productos a los lineamientos o redirigir sus productos hacia otros consumidores”, aseguran los especialistas del sector.

A cambio, la federación obtendrá amplios ahorros. Según los argumentos de la SEP, en el periodo que va de 2008 a 2017, la administración pública federal dejará de erogar por concepto de atención médica a las enfermedades relacionadas con la obesidad 748 mil 273 millones de pesos, cifra que equivale a 58 mil 940 millones de dólares.

De acuerdo con el estudio Improving Lifestyles, tackling obesity: The health and economic impact of prevention strategies, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la implementación de la propuesta regulatoria puede generar una reducción de 0.70% en la incidencia de la obesidad y de los padecimientos relacionados con ésta.

Empresas en alerta
Dulces de la Rosa es una empresa mediana que durante años distribuyó los clásicos Pulparindos y los mazapanes De la Rosa, entre otros dulces en escuelas de todo el país. Pero los lineamientos elaborados por las autoridades federales han encendido los focos de alerta para la empresa, originaria de Jalisco.

“Sin duda, el sobrepeso y la obesidad son dos de los principales problemas de salud en nuestro país; sin embargo, la multifactorialidad de este problema, nos lleva a que la solución que se diseñe debe abordarse en una forma integral, más allá de retirar un producto o prohibir su ingesta”, expuso la empresa en sus comentarios a la Cofemer.

La Cooperativa Pascual aseguró que las ventas en el sector escolar les representan entre 25% a 30% de sus ventas totales, “por lo que limitar o retirar nuestra venta en este sector nos afectaría inicialmente en esos porcentajes”

Una contracción en las ventas provocaría una contracción en la manufactura de los productos, disminución en la compra de insumos y materiales afectando a un número considerable de proveedores de insumos, así como en miles de empleos, dice Cooperativa Pascual.

Limitan a pymes que emplean azúcar
Román Picard del Prado, directivo de Chocolates RPicard, asegura que existe una enorme preocupación en el sector de las pequeñas y medianas empresas, ante la implementación de los lineamientos elaborados por Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Los acercamientos y negociaciones realizadas por las autoridades federales no consideraron a las Pymes que utilizan como insumo el azúcar, y no tomaron en cuenta que este producto es uno de los principales y más baratos energéticos que puede consumir la población, indica Román Picard.

Bremen, Fábrica de Dulces y Chocolates, es otra de las pymes que teme cómo se vaya a emitir el dictamen final por parte de las autoridades federales.

Romualdo Sáinz Trapaga, vicepresidente de la empresa, pidió a las autoridades ser cuidadosas en lo referente a la medición del impacto regulatorio (MIR), debido a que esa medición no contempla el impacto a las empresas que se dedican a la fabricación de diversos dulces y chocolates.

Mario Madero, gerente de operaciones de Alimentos Finos del Norte (Alfino), considera que en caso de que los lineamientos sean efectivos, la organización será impactada debido a que es proveedora de empresas botaneras.

Alfino es una empresa dedicada a la fabricación de pellet de cuero de cerdo cocido y deshidratado para la elaboración del chicharrón en México.

Madero expresa que una porción de 25 gramos de chicharrón de cerdo está dentro de los parámetros que indican los lineamientos, pero al aplicar la medida de Densidad Energética que contempla el anteproyecto de la SEP, “la porción de nuestro producto quedaría fuera de los permitidos, ya que rebasas el límite de 450 calorías en 100 gramos, lo cual consideramos injusto”.

Industrias Kuzzy de México es una empresa que se dedica a la fabricación y mantenimiento de carrocerías. Entre su cartera de clientes figuran los nombres Coca-Cola, Pepsi, Sabritas, Bimbo, entre otras; los servicios a estas empresas les representan 80% de sus ingresos y los nuevos Lineamientos han prendido las luces de alerta en la compañía.

Antonio Solís, coordinador de ventas, dice: “tenemos temor de que una baja en las ventas de estas empresas debido a la regulación nos afecte en el número de plazas de trabajo que tenemos, así como en ingresos y obligaciones generadas”.

En días recientes el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) informó que los costos que sus afiliados tendrían que asumir, si se aprueba el anteproyecto contra la obesidad elaborado por la Secretaría de Educación Pública, será superior a 10 mil 600 millones de pesos.

“En promedio, los costos que asumirían las empresas asociadas de ConMéxico para una sola línea de producto serían de alrededor de 442 millones de pesos, más 10 mil 600 millones de pesos derivados del estimado de pérdidas por limitación en las ventas”, aseguró el organismo empresarial.

El escenario
María Elena Estavillo, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y consultora independiente en regulación y competencia económicas, indica que en México existen más de 3 millones de estudiantes de nivel primaria y cerca de un millón 500 mil estudiantes de nivel secundaria con problemas de exceso de peso.

“Estos valores corresponden a más de 30% del total de la población escolar en educación básica”, asegura.

La especialista advirtió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) 2010, los productos con mayor disponibilidad en las cooperativas escolares son los dulces y /o caramelos, que estuvieron en 80.1% de las cooperativas de las primarias y en 89.9% de las secundarias.

La académica del ITAM indica que otros alimentos y bebidas con alta disponibilidad en las escuelas son: las botanas industrializadas, con presencia en alrededor del 78.1% de las primarias y en 86.7% de las secundarias; los alimentos fritos como sopes, quesadillas, papas fritas, molletes y salchichas, disponibles en 65.8% de las primarias y 78.7% de las secundarias; los pastelitos industrializados, en el 46.6% de las primarias y 73.0% de las secundarias, y los refrescos en el 71.9% de las primarias y 87.7% de las escuelas secundarias.

En contraparte, alimentos con un valor nutrimental más alto como las verduras frescas sólo se encontraron en el 22.6% de las cooperativas de las primarias y en el 24.9% de las cooperativas de las secundarias, advierte Estavillo.

La especialista concluye: “si bien se aprecia que pueden existir algunos costos de corto plazo derivados de la aplicación de los Lineamientos, éstos resultan transitorios y francamente menores a los beneficios esperados, más aún cuando se considera que los efectos positivos son acumulativos y seguirán creciendo en el tiempo, mientras que los costos serán temporales”.

Mercado de 41 mil mdp
De acuerdo con los argumentos que ofrece la Secretaría de Educación Pública, un niño gasta en promedio 7.5 pesos en cooperativas escolares y 12.5 en las escuelas privadas.

Si se toma en cuenta que diariamente acuden a la escuela poco más de 23 mil 220 millones de alumnos, el gasto total anual que se efectúa en dichos establecimientos, considerando que el calendario oficial contempla 200 días de clases al año, es del orden de 40 mil 778 millones 387 mil pesos.

“Tomando como referencia este dato, la SEP estimó que la industria alimentaria podrá efectuar los ajustes que le permitan cumplir con la regulación propuesta en un periodo de un trimestre, ya que la demanda por los productos de la industria alimentaria es altamente inelástica, por lo que el monto de ventas afectado sería de la cuarta parte de la cifra antes referida, lo que representa un total de 10 mil 194 millones 596 mil pesos”, asegura la especialista en regulación y competencia económica.

Fuente: El Universal; Cartera, p. B8
Autor: Ramiro Alonso
Publicada: 3 de agosto de 2010