El pasado 1 de julio el croata Neven Mimica se convirtió en el primer comisario europeo dedicado en exclusiva a la protección de los consumidores, una cartera que hasta entonces estaba unida a Sanidad y que fue desgajada para dar representación a Croacia tras su entrada en la Unión Europea. Desde ese momento, este político y diplomático de 60 años solo tiene una preocupación en la cabeza: conseguir que los derechos escritos en papel se trasladen a la práctica. A lo largo de los años la UE ha desarrollado un sólido marco legislativo en materia de consumo, pero los datos de las reclamaciones recopilados en los países miembros llevan a pensar que la normativa no se cumple correctamente, sobre todo en sectores como las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte o el comercio electrónico.
El comisario croata ha puesto el foco precisamente en uno de estos frentes, el de los servicios financieros, que en España fue el que más reclamaciones recibió en 2011 y el segundo en 2012. “En los últimos años los políticos de los países más castigados por la crisis han centrado sus esfuerzos en estabilizar el sistema financiero. Pero ahora hay que mirar más allá: ha llegado la hora de proteger a los consumidores ante la banca”, aconseja. “Justo en los países más castigados por la crisis los consumidores son más vulnerables y pueden sufrir más abusos a la hora de firmar créditos. Tenemos que trabajar más para hacer valer los derechos de estos ciudadanos”.
Con este objetivo viajó la semana pasada a Madrid, donde presentó una campaña financiada por su departamento para informar a los consumidores españoles de sus derechos a la hora de solicitar un crédito al consumo, recogidos en una directiva de 2008, tras detectar en un sondeo que el 70% de los que habían contratado uno en los dos últimos años no estaba seguro de haber elegido el producto adecuado. “Los productos crediticios se hacen cada vez más complejos y más difíciles de entender para los ciudadanos. Así es más fácil que se produzcan abusos”, advierte.
Mimica insiste en que la crisis nos hace más vulnerables como consumidores. Y admite que la necesidad de rebajar costes de producción está en el origen de fraudes tan sonados como el de la carne de caballo que se vendió como si fuera ternera en media Europa a principios de este año. “Nuestra prioridad en estos casos es, más allá de investigar el fraude, garantizar sobre todo la seguridad de los productos. Que no supongan un peligro para la salud”, explica.
Mimica subraya también la importancia de vigilar la publicidad. “La competencia entre las empresas es cada vez más dura y a veces recurren a técnicas de marketing muy agresivas, a veces engañosas. La legislación europea en este sentido es también muy sólida, pero no siempre logra evitar trampas que confunden a los consumidores”, dice. “Hay que reforzar los procedimientos para vigilar estas prácticas. Y vigilar especialmente el etiquetado de los productos, que sea verdad toda la información que contienen y no oculten nada”.
Pero ¿por qué es tan difícil hacer que las empresas cumplan la legislación de consumo? “La Unión Europea está para legislar, pero no es responsabilidad de los Estados hacer que se cumplan estas leyes. Y cada país tiene problemas distintos. Precisamente por eso acabamos de lanzar una consulta pública para conocer el grado de cumplimiento de la normativa de consumo en el territorio comunitario. A finales de enero del año próximo tendremos un diagnóstico y con eso elaboraremos unas directrices para reforzar el seguimiento de las leyes”, responde.
Lo que sí está diagnosticado ya es el porcentaje de incumplimiento de la legislación de consumo en el comercio electrónico. Desde 2007, la Comisión Europea realiza barridos en Internet para detectar infracciones en los portales de venta o descarga online, y las conclusiones no son satisfactorias: entre el 60% y el 80% de estos portales, en función del sector, inclumple en algún punto la normativa: cláusulas abusivas, precios poco claros, informaciones confusas o incompletas, limitaciones al derecho a reclamar…
El último barrido se realizó el año pasado para investigar las webs de descarga de contenidos digitales (juegos, libros, música o vídeos). “Más del 50% de estas páginas no cumplían las normas, lo cual es inaceptable. Esta cifra ha bajado ahora al 20%, y se espera mejorar los resultados. Después de hacer cada barrido obligamos a las empresas infractoras a rectificar y adaptarse a la legislación. De esta forma en los últimos años hemos mejorado mucho la protección al consumidor en el comercio electrónico, aunque esto no quiere decir que no vaya a seguir luchando por mejorar la situación”, asegura el comisario. Su mandato será corto: el Ejecutivo comunitario debe renovarse el año que viene.
Fuente: El País.
