México tiene un atraso en cuanto a la aplicación de medidas para prevenir la reinserción en la economía de recursos obtenidos ilegalmente, además de que en las empresas hay poca cultura sobre la prevención del lavado de dinero.
En entrevista con El Financiero, Enrique Flores, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), explicó que parte del problema es por la práctica de liquidar operaciones en efectivo, propiciada a su vez por la baja bancarización de la sociedad o el limitado acceso a los servicios bancarios en ciertas áreas o regiones del país.
La ley aprobada en el Senado, y que está pendiente de un dictamen final en la Cámara de Diputados, prevé una serie de acciones a cargo de distintos actores de la sociedad para identificar y reportar a las autoridades operaciones que pudiesen ser ilegítimas, sobre todo en actividades consideradas como “vulnerables”, como son juegos y sorteos, joyería, venta de inmuebles y tarjetas de crédito empresarial, entre varias otras.
“Para las empresas, lo más importante que emana de la ley es la necesidad de desarrollar toda una cultura de prevención del riesgo, para no verse involucradas de manera indirecta o impensada en una actividad que pudiese generar penalidades económicas o de otra naturaleza
“En general, salvo tal vez en las grandes empresas, en México no existe la cultura a la que nos referimos; por esta razón, la adopción de la ley significará muy probablemente una inversión importante de tiempo y recursos”, advirtió Flores Rodríguez.
Ejemplificó que las empresas deberán aplicar sistemas para obtener datos de sus clientes que les permitan identificar perfiles transaccionales, para estar en posibilidad de reportar desviaciones a los mismos.
Del otro lado, también deberán asegurarse de que sus proveedores tienen los datos correctos de ellas mismas, para evitar que por error un proveedor vaya a reportar lo que considera una desviación.
“Al mismo tiempo, las empresas deberán realizar lo anterior sin infringir lo contemplado en la ley para la protección de datos personales; es decir, el problema tiene otras ramificaciones”, reconoció.
Aunque se considera que la ley anti lavado de dinero es necesaria, su aplicación acarrea ciertos gastos para las empresas y otros actores de la sociedad, los que se justifican por la magnitud del problema que se enfrenta.
“Las empresas deberán reconocer esta necesidad y adecuarse lo mejor posible para evitar los riesgos emanados de no cumplir con la ley.
“Pero más allá de lo anterior, deberán reconocer la necesidad de aplicar cambios culturales que les hagan reconocer el asunto del lavado de dinero como un riesgo más a enfrentar en la conducción de los negocios”.
Inquietud
Al respecto, Francisco Macías, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), reconoció que están en pláticas y constante atención del tema junto con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sobre las implicaciones que tendrá para ambas profesiones esta nueva ley.
“Nos preocupan algunos temas de la ley, si bien sabemos que es importante y que debemos ser coadyuvantes con la autoridad, nos preocupan las sanciones que se establecen, creemos que debe quedar bien claro a quién y por qué se le debe acusar, no sólo por ser el representante legal, el contador o administrador”.
Macías Valadez aclaró que no están en contra de esta nueva ley, sino de que quede claro quién es el responsable, “el que la haga la paga, no porque tienes un cliente lo tengas que pagar, se deben establecer las características que definan este delito”.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como el IMCP están en pláticas con los legisladores para que no sean perjudicados sólo por ser abogados o contadores de alguna empresa que no cumpla con la ley, explicó.
Fuente: El Financiero, Finanzas, p. 10.
Por: Jeanette Leyva.
Publicada: 25 de julio de 2011.
