Hace casi un mes murieron 14 mineros en Sabinas, Coahuila. En agosto de 2010 otro minero murió en una mina operada por la empresa Long Mailing también en Coahuila y cuyo fallecimiento originalmente había sido reportado como asesinato, aunque luego se supo la verdad. En febrero de 2006 se produjo una tragedia en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, que costó la vida de 65 mineros.
En todos estos casos el común denominador, que salta a la vista, es la inseguridad laboral en que trabajaban estos obreros y que les costó la vida.
Una inseguridad producto de la irresponsabilidad de las empresas, de la corrupción entre autoridades y empresas, de la falta de capacitación de los trabajadores y de la ausencia de autoridad para el debido cumplimiento de las leyes y normas establecidas.
Lo grave del asunto es que esta situación de impunidad en la seguridad laboral continúa. Ni la reciente muerte de los 14 mineros en Sabinas, ni el dramatismo que supuso la tragedia de Pasta de Conchos, y que estremecieron al país, han sido suficientes como para dar un giro de 180 grados en las políticas de seguridad laboral en los centros de trabajo en todo el territorio nacional o para tomar acciones decisivas en esta materia.
Si bien la minería ha sido el sector más estridente en este tipo de accidentes laborales, no es privativo de la actividad minera. Las actividades extractivas en general, la construcción y la manufactura son las que registran —por su propia naturaleza— la mayor cantidad de accidentes laborales.
De acuerdo a las cifras oficiales en 2010 se registraron poco más de 411 mil accidentes laborales, mil 126 diarios.
Pero las cifras al respecto son incompletas y escasean. Y es que la informalidad en la que se desarrollan una gran cantidad de empresas esconde la verdadera realidad de la inseguridad laboral y sólo nos enteramos de ella cuando los desastres —y sus muertos— nos lo hacen saber de manera brutal.
En un amplio reporte sobre la inseguridad laboral que publicó recientemente El Semanario se da cuenta que “en México sólo 3 de cada 10 empresas proporcionan a sus trabajadores el equipo de seguridad apropiado, normado y certificado”, según la Canacintra.
La pregunta es, ¿por qué? El reporte responde: “La creciente inseguridad laboral es incentivada por la mala cultura empresarial que no toma en cuenta la obligación de dotar de condiciones seguras y limpias a los centros de trabajo, junto con la incapacidad del Estado para hacer cumplir la ley. Entonces, la mala o inexistente capacitación es sólo una consecuencia”.
Como dice el investigador del Tec de Monterrey, Carlos Ávila, “A veces, ni siquiera es necesario caer en la corrupción porque no hay inspección.
En todo caso, lo que predomina es la vieja cultura de ahogado el niño tapado el pozo. Por otro lado, no hay una cultura preventiva por parte de muchos empresarios y los trabajadores tampoco se preocupan por su salud e integridad”.
De todo esto concluyo que si bien el asunto es competencia de empresas, trabajadores y autoridad, valdría la pena que la tan pregonada “responsabilidad social” —en la que muchas empresas invierten millones en difundirla— comenzara por implementar y revisar las políticas de seguridad laboral entre sus trabajadores.
Fuente: Impreso.milenio.com
Por: Samuel García (El Observador).
Publicada: 1 de junio de 2011.
