En medio de una polémica por un impuesto que promete remediar la contaminación generada por empresas en Zacatecas, la industria minera advirtió que el gravamen pone en riesgo 1,200 empleos por el cierre de la mina Madero.
De los 1,230 millones de pesos que se esperan recaudar por el impuesto ecológico en la entidad, el 97% lo absorberá la industria minera, lo que ocasionaría un impacto en las inversiones para nuevos proyectos y en la generación de empleos, acusó la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México.
“Con este decreto se quiere avalar la aplicación de un impuesto confiscatorio, que en nada se relaciona con las utilidades de los trabajadores, sino que afecta directamente la producción y el empleo. Insistimos en señalar que el verdadero objetivo de este gravamen es recaudatorio”, indicó la Asociación en un comunicado.
Víctor Armas Zagoya, secretario estatal del Agua y Medio Ambiente de la entidad, indicó a Forbes que entre 180 y 400 contribuyentes tendrán que pagar el impuesto ecológico, entre ellos, la cervecera Modelo, las mineras Peñoles, Frisco, Goldcorp, Capstone Gold, Plata Panamericana e incluso la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A su vez, el secretario indicó que el impuesto no afectará a más del 2% de los ingresos al año de las empresas.
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La Asociación señaló que a través del Fondo Minero, el cual se estableció en 2014 para el pago de derechos especiales, adicionales y extraordinarios para las empresas de la industria, ya se destinan recursos para la obras de remediación ambiental.
En Zacatecas, el sector minero es el principal productor de plata, plomo y zinc de México, y el tercero en oro y cobre en 2015, de acuerdo con información del clúster minero de la entidad (Clusmin).
La Cámara Minera de México (Camimex), que incorpora a empresas como Capstone Gold, Exploraciones Mineras Peñoles y Fresnillo, coincidió en que el gravamen sólo tiene fines recaudatorios y ocasionará afectaciones a la industria.
“El mal llamado impuesto ecológico pone en peligro miles de empleos, precisamente en este momento económico crítico que vive el país, aunado a las políticas de deportaciones masivas que pretende aplicar la nueva administración de Estados Unidos, donde Zacatecas podría ser uno de los estados más afectados”, acusó la industria.
El pasado 15 de diciembre de 2016, el Congreso de Zacatecas aprobó el Paquete Económico 2017, que contempla diversos gravámenes, entre ellos los ecológicos, que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año.
Se trata de una iniciativa que el gobernador Alejandro Tello envió al Congreso estatal, en el que se contemplan cuatro vertientes relacionadas con impuestos ecológicos: remediación ambiental en la extracción de materiales; emisión de gases a la atmósfera; contaminación de suelo, subsuelo y agua; y por el depósito o almacenamiento de residuos.
Al respecto, la industria pidió un espacio de diálogo con las autoridades federales, pues el gobierno se ha comprometido a no aplicar más impuestos a un sector sobregravado, en comparación con otros países mineros.
La Camimex indicó que el estado de Zacatecas y el Congreso local no tienen facultades para fijar cargas impositivas al sector, pues le compete sólo al Congreso de la Unión.
Al respecto, Clusmin acusó que la minería no soporta mayores cargas tributarias, pues los precios de los metales, el difícil contexto económico y los nuevos impuestos estatales obligan a restringir inversiones, disminuir empleos e incluso cerrar operaciones.
Fuente: Forbes
