El presidente de la CONCAMIN, Manuel Herrera Vega, destacó la disposición de este sector para contribuir a las políticas públicas integrales en favor de la salud.
Los industriales hicieron un llamado a las autoridades hacendarias y a los próximos diputados federales a evaluar la efectividad del IEPS a bebidas y alimentos calóricos, ya que no ha funcionado como inhibidor del consumo.
Los industriales de México están comprometidos con las políticas públicas integrales que contribuyen a mejorar la salud de la población –particularmente en el combate del sobrepeso, la obesidad y la diabetes- y una muestra de su responsabilidad es el cumplimiento irrestricto de la regulación federal en la materia, una de las más completas y vastas de América Latina.
En conferencia de prensa, el Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Herrera Vega, destacó que desde hace varios años la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas ha atendido los compromisos adquiridos con la sociedad y el gobierno para sumarse a la estrategia de combate al sobrepeso y la obesidad.
“Hemos dedicado esfuerzos a diversificar y reformular nuestros portafolios para ofrecer productos acordes a cada estilo de vida, etiquetado claro, publicidad responsable y la promoción de la actividad física”, afirmó.
El líder de los industriales del país recordó que la obesidad es un problema de salud pública complejo y multifactorial, por lo que su solución requiere del esfuerzo colectivo de la sociedad, la academia, los médicos, la industria y el propio gobierno. “Este es un esfuerzo en el que la industria de alimentos y bebidas participa activamente como parte de la solución”, refirió Herrera Vega.
El Presidente de CONCAMIN enfatizó que absolutamente todos los ingredientes y aditivos que utiliza la industria, así como los productos que ofrece tienen la garantía de ser de alta calidad, están dentro del marco normativo y son aprobados por entidades regulatorias, no sólo de México, sino de otros muchos países.
Manuel Herrera destacó que desde la creación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes que presentó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en octubre del 2013, la industria asumió como propia la Estrategia y ha contribuido a su implementación.
Sin embargo, el líder gremial fue claro al señalar que el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) que gravó a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico es regresivo, afecta a los más pobres y no ha cumplido como inhibidor del consumo de estos productos, a cuyas cadenas de producción y distribución sí ha impactado negativamente.
“Las propuestas de políticas públicas y legislativas restrictivas en materia fiscal hacia un determinado alimento o bebida no generarán cambios de hábitos ni de conductas, y esto no se traducirá en la disminución del problema de sobrepeso y obesidad que enfrentamos en nuestro país”, estableció.
Para ejemplificar lo anterior, Herrera Vega explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de INEGI reporta que para 2014 la inflación de refrescos envasados fue de 15.35%, a partir de la entrada en vigor del IEPS, además de que según datos de ANPRAC con cifras de INEGI en 2014 la recaudación de bebidas azucaradas provino en un 63.7% de los hogares de nivel socioeconómicos bajos, entre los cuales los hogares en situación de pobreza pagaron el 37.5% del total del impuesto.
Comentó que los impuestos a alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas han sido sobrevalorados como solución al combate de la obesidad, pues además de no tener impacto real en la reducción de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, traen consigo una serie de efectos negativos en la sociedad. “Establecer impuestos a alimentos y bebidas son políticas públicas que resultan ser exitosas en materia recaudatoria, pero no generan cambio de hábitos ni de conductas entre los individuos”, refirió.
Por ello, pidió al Gobierno Federal:
- Que se respete el Acuerdo de Certidumbre Tributaria de NO aumentar los impuestos especiales a alimentos y bebidas, ya que no se cuenta con evidencia científica de la eficacia de la medida en la disminución de la prevalencia de obesidad y diabetes;
- Transparentar el destino de los ingresos resultado de los impuestos especiales a bebidas y alimentos y garantizar que sean destinados al rescate de espacios públicos para realizar y fomentar la actividad física, planes integrales y de largo plazo de combate a la obesidad y el sedentarismo; así como a la instalación de bebederos en escuelas y parques.
- Que se intensifique el combate a la economía informal, ya que gran cantidad de alimentos vendidos en la vía pública no cuenta con ningún tipo de lineamiento ni ofrecen información nutrimental para el consumidor.
Comunicado de Prensa
