Humberto Muñoz Grandé*
Las noticias sobre el fomento a las organizaciones de la sociedad civil son poco alentadoras en un momento en el que el paquete fiscal 2022 desincentiva el financiamiento privado vía deducibilidad. No obstante, otras discusiones sobre el tema avanzan de manera paralela, tal es el caso del rediseño del andamiaje institucional que abarca los ejes de planeación, participación, información y financiamiento de la política pública de fomento a las OSC.
En este sentido, el pasado 28 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFF) por parte de la Dip. Laura Haro del Partido Revolucionario Institucional.
Esta propuesta es producto de un trabajo de decenas de investigadores, especialistas, OSC, académicos, colectivos, servidores públicos federales y estatales; que desde hace 10 años de intensa discusión y trabajo colaborativo hemos formulado.
No se trata de una propuesta de una sola organización o colectivo, es una recopilación de varios procesos desarrollados en diversos espacios, de voces, intereses y posturas incluso en ocasiones heterogéneas, pero coincidentes en esta propuesta.
Esta reforma incluye tanto propuestas de armonización con otras disposiciones para evitar duplicidades y cuellos de botella legales, así como de política pública; entre las que se encuentran las siguientes:
- Se crea por ley un Programa Nacional de Fomento a las OSC, a cargo de la Administración Pública Federal (APF) por conducto de la Comisión de Fomento. Esto atiende a la necesidad de pasar de acciones a obligaciones de gobierno, dejando de lado la discrecionalidad y la voluntad gubernamental, para obligar a las dependencias y entidades de la APF a establecer políticas públicas, y no solo actividades aisladas y desarticuladas.
- Se incluye una perspectiva sustentable de las actividades reconocidas en la ley, al proponer el reconocimiento de actividades encaminadas al equilibrio ecológico, protección al ambiente, el uso y aprovechamiento de recursos naturales, desarrollo forestal sustentable, prevención y gestión integral de residuos, entre otras.
- Se fortalece la Comisión de Fomento mediante la incorporación de la Secretaría de Economía a este mecanismo, a fin de contemplar una visión más amplia de las OSC que contribuyen a la economía popular.
- Se amplían las facultades del Consejo Técnico Consultivo para presentar recomendaciones sobre la política de fomento y en su relación con la Comisión de Fomento.
- Se crea el Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada como un fideicomiso integrado por fondos públicos y privados para financiar tanto la política de fomento de la Comisión y del Consejo, como los proyectos de las OSC; bajo estrictos controles gubernamentales y societales de transparencia y rendición de cuentas.
- Se hacen propuestas de armonización legislativa con la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al respecto, destacan el aumento en el porcentaje destinado a gastos administrativos y la propuesta de sujetar a reglas de operación todos los programas de apoyo a OSC para eliminar la discrecionalidad en las asignaciones de recursos por parte de la APF.
Esta propuesta es producto del trabajo que inició en 2011 cuando se planteó la necesidad de hacer reformas a la LFF para armonizar las actividades reconocidas por esta ley y la Ley del ISR, más tarde, en 2016 el colectivo UnidOSC, académicos y OSC nos reunimos con senadores para presentar una propuesta de reforma que finalmente fue presentada por conducto del Partido Acción Nacional y que lamentablemente en la Comisión de ONG del Senado de la República (presidida en aquél momento por el PRI) sufrió diversas modificaciones que alteraron significativamente el texto original y el espíritu de la iniciativa, lo que concluyó en la desaprobación de la ley.
Posteriormente, en 2018 el Consejo Técnico Consultivo, el Mecanismo de Colaboración Gobierno–Sociedad Civil, académicos de las universidades Anáhuac, ORT, Autónoma Metropolitana, UNAM, Instituto Mora, Autónoma de Guanajuato, OSC, Consejos estatales de fomento y juntas estatales de asistencia social, así como especialistas de doce entidades federativas redactaron el documento “La Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Técnico Consultivo 2019 – 2023” con 47 propuestas tanto de reforma a diversas disposiciones legales como de políticas públicas federales.
Este documento se entregó al Secretario de Gobernación en turno, a la Comisión de Fomento y se difundió públicamente. En ese mismo año en la Cumbre Ciudadana se presentaron estas y otras propuestas a los entonces candidatos a la Presidencia de la República, salvo al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador quien no asistió al evento.
Finalmente, desde 2019, la Secretaría de Vinculación del PRI se acercó a académicos de la Universidad Anáhuac, Autónoma Metropolitana y Universidad ORT para plantear una agenda legislativa de fomento que derivó en la propuesta que ahora se presentó.
El camino parece aún largo y sinuoso, no solamente por el propio proceso legislativo por el que pasa toda ley, sino por la narrativa presidencial contra las OSC, sin embargo, como solemos decir en el sector, los gobiernos pasan, pero las organizaciones continuamos; así que hay que seguir mirando y construyendo sin desánimo la gobernabilidad democrática que esperamos alcanzar en algún momento.
* Doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Coordinador del Doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Anáhuac México [email protected]
