Pese a las políticas públicas de protección ecológica, existe una normatividad y proyectos legislativos que impiden el aprovechamiento racional de la flora y la fauna del país, lo que tiene un alto costo.
Desde tiempos ancestrales, los antiguos pueblos mesoamericanos usaron la flora y la fauna silvestres como la principal fuente de recursos para proveerse de alimento a través de la cacería y de la pesca, de la recolección de frutos y hierbas medicinales, así como del aprovechamiento de maderas y hojas de palma o zacate para construir sus moradas.
En la época de la Conquista y durante la Colonia no cambió la percepción indígena sobre los recursos naturales, ni tampoco sus propias necesidades, por lo que durante generaciones los mexicanos hemos continuado satisfaciéndolas a partir del uso y manejo de la vida silvestre. Pero el crecimiento demográfico multiplicó las presiones y los abusos sobre la biodiversidad, exacerbados por la carencia de un marco legal gubernamental.
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO Y SUSTENTO
Ésta era la situación que prevalecía cuando el presidente Ernesto Zedillo asumió el poder en diciembre de 1994, por lo que decretó la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), y nombró como titular a la bióloga Julia Carabias Lillo, quien arribó a la administración pública a la vanguardia de numerosos antropólogos, ingenieros forestales y agrónomos, veterinarios y, por supuesto, biólogos. Un gran número de ellos eran profesionales con amplia trayectoria de trabajo en el campo y las comunidades, quienes, conscientes de las ausencias y deficiencias del marco normativo, elaboraron un diagnóstico que permitió comprender que no era posible prohibir la caza, la tala, ni la pesca sin otorgar alternativas económicas de desarrollo y sustento a los campesinos, especialmente indígenas, que habitan en el campo mexicano.
Por ello el personal de la Secretaría elaboró el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural, 1997-2000. Y el mismo equipo trabajó los siguientes tres años, hasta lograr impulsar la promulgación de la Ley General de Vida Silvestre (tres de julio de 2000).
El borrador del programa se envió a numerosos investigadores expertos en biología de la conservación y proyectos comunitarios, con el fin de contar con opiniones y críticas que permitieran ejecutar proyectos realizables y que fueran acordes con los postulados del desarrollo sustentable. En ese programa se propuso el modelo de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) como esquema de trabajo, con el cual se podría incrementar la superficie de tierras protegidas que apoyaran las actividades de conservación de especies, incluso aquellas que están en riesgo; aumentar el número de vigilantes de los predios privados o comunales para evitar la cacería ilegal, pero sobre todo para generar empleos que permitieran fortalecer la economía a nivel local y regional.
Para presentar este novedoso esquema de aprovechamiento y conservación, el 16 de julio de 1997 se convocó a una comida en el Club de Industriales del Hotel Ritz, en Polanco. La presentación estuvo a cargo de la propia maestra Carabias, quien habló ante 400 invitados del abanico de oportunidades que representaba invertir en proyectos productivos con vida silvestre, a través de la crianza y cultivo para consumo nacional o exportaciones. Recalcó además la importancia del apoyo financiero a proyectos de difusión e investigación con especies prioritarias, iniciativas que fueron tomadas por empresarios de Cemex y Ford, entre otras empresas.
Ante este impulso, el sector de la vida silvestre creció exponencialmente en el siguiente lustro, lo que se reflejó en el aumento de las solicitudes de registro de las UMA, del volumen de las importaciones y exportaciones, así como de las numerosas universidades que a lo largo de todo el país comenzaron a ofrecer programas de posgrado, especialidades o diplomados en Medicina y Manejo de Fauna Silvestre o Conservación.
RIBETES VERDES
Sin embargo, después de las elecciones del año 2000 y con el relevo de las legislaturas, comenzó una etapa de modificaciones a la normatividad ambiental, claramente antipopular y matizada con ribetes verdes, que con buenas o malas intenciones conducen al país a un nuevo desastre ambiental. Cada una de las iniciativas propuestas tiene una tendencia restrictiva que busca prohibir todo tipo de aprovechamientos, manejo y uso, incluso con fines de subsistencia.
Denominar “cruzada” al caudal de iniciativas seudoambientales que caracterizan esta etapa sería demasiado pretencioso, sobre todo porque no emanan de una consulta popular, sino de las inquietudes e intereses de un grupúsculo de integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del que varios senadores panistas y perredistas afirman: “Los verdes han tomado la causa ambiental como bandera política y moneda de cambio electoral”.
Durante coyunturas políticas —como las negociaciones que se llevaron a cabo durante la reforma energética o en la actual campaña presidencial para las elecciones del primero de julio— los diputados y senadores del PVEM apresuran la presentación de iniciativas con la finalidad de contar con resultados que puedan ser mostrados como metas cumplidas y productos de su “buen” desempeño legislativo. Uno de los lemas usado por Bernardo de la Garza, candidato presidencial del PVEM en el 2006, fue: “Somos el partido que más iniciativas ha enviado al Congreso”. Lo cual es cierto, aunque nunca aclaró a la opinión pública que un alto porcentaje de estas iniciativas adolecen de estudios técnicos veraces y en gran cantidad de ocasiones ni siquiera son necesarias, ya que la normatividad ambiental vigente regula la protección o restringe el aprovechamiento de los recursos que pretenden salvaguardar; tal es el caso de las inclusiones de los artículos 55 bis y 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que tenían por objeto evitar la exportación de monos, cuando México, de acuerdo con cifras de la SEMARNAT (heredera de la SEMARNAP), sólo exportaba un promedio de cuatro monos al año. No obstante, el PVEM se apresuró a publicar en el Boletín del Senado (jueves 26 de enero de 2006) que con esa nueva normatividad se descartaba que en el futuro los primates fueran extraídos de su hábitat.
Nada más lejano de la realidad, porque si en la actualidad se consulta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el centenar de zoológicos donde se encuentran cautivos cientos de monos araña y saraguatos que fueron mascota, se demuestra que un alto porcentaje de esos monos nacieron después de haberse publicado la prohibición señalada en los referidos artículos.
Bernardo de la Garza, candidato del PVEM a la Presidencia de la República en 2006. Foto: Miguel Arellano/ Cuartoscuro
ALTOS COSTOS Y PARCOS RESULTADOS
Este tropel de “iniciativas basura”, como las califica Ana Silvia Arrocha, encargada del enlace legislativo de la Semarnat durante 2006, sólo entorpece el trabajo institucional, especialmente el de las cámaras legislativas y también resulta costoso, porque las actividades parlamentarias representan un costo exorbitante en el presupuesto federal: cuatro mil millones 730 mil 471 pesos al año, lo que significa que cada una de las 131 iniciativas y reformas de ley que analizó, discutió y aprobó la Cámara de Diputados durante el 2008, representó un gasto de 36 millones 110 mil 466 pesos —de acuerdo con cifras publicadas por el periódico El Sol de México (22 de diciembre de 2008).
Tres años después, los costos aumentaron, pues de acuerdo con el estudio elaborado por María Amparo Casar, “¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?”, publicado en septiembre de 2011, a la Cámara de Senadores se le asignaron tres mil 570 millones de pesos, y a la Cámara de Diputados cuatro mil 754 millones de pesos. El mismo estudio también indica que un día de sesión legislativa en la cámara baja tuvo un costo de 25.2 millones de pesos.
A los altos costos y parcos resultados que se perfilan a causa de estas absurdas iniciativas, se añaden sus cientos de detractores en todo el país, debido a que las medidas no resuelven nada, cierran fuentes de trabajo y, peor aún, incrementan la amenaza de depredación sobre especies que pretenden proteger. El resultado podría haberse previsto, porque las “iniciativas basura” se proyectan y proponen desde los escritorios de ambas cámaras con un total desconocimiento de la realidad que prevalece en la selva y las comunidades rurales, y además no son consensuadas en foros públicos especializados; cuando se llega a consultar a las autoridades pertinentes, sus recomendaciones han llegado a ser ignoradas por las comisiones de Medio Ambiente, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Ante esta grave situación, el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (Conavis) —órgano de consulta de la Semarnat integrado por académicos, representantes de criaderos, zoológicos, productores rurales y organizaciones civiles, entre otros sectores— ha expresado su descontento a través de su Comité de Normatividad. Y hace unos días sus integrantes se entrevistaron con varios senadores en la sede de Reforma. Allí también se reunieron con la senadora priista María de los Ángeles Moreno, quien mostró gran apertura e interés, y quien les solicitó enviar comentarios para revisar el contenido de la Ley de Bienestar Animal, la cual fue impulsada subrepticiamente para su aprobación en la últimas semanas por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado. Sin embargo, en el último momento se postergó la sesión en la cual se pretendía aprobarla, debido a que la mayoría de los senadores integrantes de la comisión protestó, bajo un señalamiento al secretario técnico de la comisión, Mario Alberto Serafín, por no entregarles oportunamente el orden del día, ni tampoco el borrador de la citada iniciativa de ley.
POBREZA VS CONSERVACIÓN
Es innegable que la realidad prevaleciente en el campo conduce al exterminio de gran número de poblaciones de especies silvestres, lo cual torna indispensable tanto la regulación normativa como el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia de la Profepa. Sin embargo, también es una realidad que prohibir el uso y manejo de los recursos biológicos sin brindar a las comunidades rurales alternativas para suplir el beneficio que les proporcionan los recursos que aprovechan de la vida silvestre, bosques y litorales, únicamente se acelerará su exterminio. No debe olvidarse que la pobreza es la peor enemiga de la conservación, ni mucho menos que 22 por ciento de los 112 millones 336 mil 538 de mexicanos que conforman la nación vive en áreas rurales (Censo de población 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
A manera de conclusiones, debe señalarse que, ante la grave crisis económica y el déficit laboral existente en México, resulta intolerable que el Estado mexicano permita dejarse engañar con falsos estandartes verdes, lo que vulnera la macroeconomía nacional al cancelar alternativas que permitan desencadenar a México de la dependencia de las exportaciones petroleras. Un ejemplo del éxito que podría lograrse en nuestro país puede comprenderse al revisar las estadísticas del Servicio de Caza y Pesca de Estados Unidos, quienes reportaron haber recaudado 200 millones de dólares únicamente por concepto de cobro de impuestos en 2005, y al año siguiente, el 2006, sus estadísticas demuestran que los gastos totales por concepto de cacería derramaron 22.9 billones de dólares.
En el ámbito de la microeconomía de nuestro país también resulta pernicioso que se apuñale con el desempleo a los jóvenes egresados universitarios, porque las “iniciativas basura”, con su marea de restricciones para manejar fauna silvestre con fines productivos, contribuyen a cerrarles opciones laborales tanto en el campo como en la ciudad. Ante esta situación vale la pena recordar las enseñanzas del insigne conservacionista mexicano Miguel Álvarez del Toro, quien alguna vez escribió que “los recursos naturales dejan de ser recursos cuando no se utilizan”.
Fuente: msemanal.com
Por: Juan Carlos Sánchez-Olmos
Publicada: 28 de abril de 2012
