En México, cuando un gobernante, legislador o político propone alguna reforma que sabe que es inconstitucional, impopular o antipatriota, sigue la política del avestruz. Esconde la cabeza bajo la tierra y deja el resto del cuerpo al aire.
Luego de que el presidente Felipe Calderón propusiera y la tríada de diputados en San Lázaro (panistas, priístas y ecologistas) aprobara las modificaciones al sector energético, el 28 de octubre de 2008, en Petróleos Mexicanos está todo listo para presentar ante su consejo consultivo y los ambiciosos inversionistas, nacionales y extranjeros, los llamados «contratos incentivados».
A pesar del reclamo de los grupos de izquierda, la Reforma Energética, concensuada por la derecha durante la pasada legislatura, abrió la puerta al capital privado. Lo hizo al través de los llamados «contratos incentivados», que permitirán a cualquier empresa petrolera explorar y explotar yacimientos en aguas profundas. En primer lugar, la paraestatal establecerá áreas factibles de exploración y posible explotación.
Después, las «subarrendará» a empresas que buscarán energéticos. En caso de encontrarlas productivas (de gas y/o petróleo), deberán presentar un proyecto de comercialización de la zona a Pemex. De no ser rentables, las devolverán sin que Petróleos Mexicanos esté obligado cubrir los gastos ocasionados por los trabajos. La primera etapa durará, aproximadamente, nueve años.
Durante ese tiempo las compañías privadas podrán explorar el territorio marítimo. En un segundo periodo, Pemex permitirá, a quien encuentre energéticos, explotar el yacimiento durante 30 años, con posibilidad de refrendarse por otros 30 años, siempre y cuando siga habiendo petróleo.
Durante los diez meses que duró el debate parlamentario, los perredistas exigieron agregar 17 palabras al artículo 27 constitucional que prohibirían los «contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un contratista» e impedir así la privatización discrecional de Pemex.
PRI y PAN se unieron para redactar las leyes reglamentarias, donde se garantizaría la explotación de los energéticos a cualquier empresa, nacional o extranjera. Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, reconoció, el pasado 9 de noviembre durante el panel «La Reforma Energética: los resultados un año después», que «las leyes están sentadas para que la paraestatal siga conduciendo el proceso.
Las empresas que vengan a trabajar deberán estar alineadas con los objetivos, pero hay que darles incentivos…»
LAS TRAMPAS LEGISLATIVAS Petróleos Mexicanos se apresura a establecer el esquema de los «contratos incentivados» porque el pasado 16 de octubre, la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, promovida por el PRD, en contra de la ley de Pemex, así como de las leyes reglamentarias de los artículos 27 y 28 constitucionales, por violar diversos preceptos de autonomía energética y explotación exclusiva del Estado.
Tras un exhaustivo análisis, diez días después, los magistrados decidieron darle entrada y discutir, en fechas próximas, los vacíos legales señalados por los legisladores en la reforma energética. Entre los preceptos que debatirá la Suprema Corte está la aparición del término «industria petrolera estatal» en los incisos IV y V del artículo segundo de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que permitiría la operación de una «industria petrolera privada», con lo cual se legalizaría la privatización del sector energético. Así de tramposos son los legisladores panistas.
De igual manera, en la reglamentación se afirma que Pemex y sus organismos descentralizados podrán celebrar contratos de obras y de prestación de servicios con personas morales o físicas (los llamados contratos de riesgo).
Esas prácticas están prohibidas constitucionalmente, porque la exploración, explotación, distribución y venta de los energéticos corresponde exclusivamente al Estado. Expertos constitucionalistas confirmaron que existen grandes posibilidades de que la Suprema Corte de Justicia invalide varias modificaciones contenidas en la reforma energética.
Ante tal posibilidad, los funcionarios de Pemex pretenden terminar a la brevedad los esquemas de «contratos incentivados». Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, aseguró que pese a la controversia constitucional presentada por los diputados, no se frenará la entrada en vigor de las modificaciones aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
LA DISPUTA POR LA FIBRA ÓPTICA Otra privatización ventajosa y antipatriota que el Gobierno de la República no ha querido frenar es la relativa a la concesión de la fibra óptica a empresas privadas.
Desde el inicio del conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la administración calderonista, Martín Esparza, líder gremial, denunció que el motivo real de la extinción de la empresa descentralizada era la concesión a particulares del nuevo sistema para la transmisión de datos.
La Compañía de Luz y Fuerza del Centro contaba con mil quinientos metros de fibra óptica, que le fueron concesionados a la empresa WL Comunicaciones, propiedad de los exsecretarios panistas de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
De acuerdo con los especialistas, con la entrada en vigor del llamado «servicio triple play» (que es la prestación de telefonía, internet y televisión por parte de una misma compañía y al través de un solo cable) las ambiciones por explotar la fibra óptica aumentaron.
A su llegada al gobierno, en el 2000, Vicente Fox cambió de compañía telefónica en todas las dependencias de gobierno. Sustituyó a Telmex por Avantel, propiedad de Roberto Hernández, que también impuso a Francisco Gil en la Secretaría de Hacienda. Después, Fox impulsó e invirtió recursos públicos en la fibra óptica para beneficiar a su amigo Roberto Hernández.
Corrupción, ambición, traición a la patria y a los gobernados son las malas costumbres que subyacen entre los gobernantes, legisladores y políticos mexicanos, de ayer y de hoy.
DE MALAS Y DE PEORES Quienes hacen mal las cosas y deciden equivocadamente en México se atreven a denostar las opiniones de los genios galardonados internacionalmente. En septiembre de este año, visitaron la Ciudad de México los premios Nobel de Economía Eric Maskin, Robert Engle y Edmund Phelps, quienes criticaron que México siguiera dependiendo económicamente de Estados Unidos.
El mes pasado, otros dos premiados en la misma categoría se sumaron a las críticas. Edward Prescott descalificó el aumento a los impuestos y James Hackman dijo que la economía mexicana es lenta y muy regulada. Muhhamed Yunus, premio Nobel de la Paz (reconocido por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde los sectores más desprotegidos) señaló el jueves pasado que al país le urge implementar e impulsar los microcréditos para combatir la pobreza.
Lo expresado por Joseph Stiglitz sobre los errores de la administración calderonista para enfrentar la crisis fue descalificado por funcionarios públicos panistas. La burla fue que le pidieran leer a un premio Nobel.
Pero ninguno de los agraviados presentó pruebas para refutar a Stiglitz. ¿A quién deberá creerse? *** Por si todo lo anterior no fuera suficiente para que el Gobierno de la República corrija sus errores, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló en su reporte sobre la situación en la región que «El único país en el que se registró un empeoramiento en la situación de la pobreza fue México, cuyo incremento de 3.1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008 refleja los primeros efectos de la crisis económica que se empezó a manifestar hacia fines del año».
El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, realizó una gira de trabajo por Chiapas, en donde supervisó proyectos productivos de vanguardia de jóvenes que habitan en ejidos apoyados por la dependencia a través de su programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras.
Durante el recorrido por invernaderos dedicados a la producción de jitomate, el funcionario explicó la importancia de que cada peso invertido en el campo, a través de los programas sociales del Gobierno federal, sea aplicado correctamente para que ayude a generar riqueza por medio de la productividad y el trabajo.
Escobar Prieto, junto con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, visitó proyectos de jóvenes emprendedores que hasta hace unos meses veían a la migración como su única alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
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