Por basarse en un análisis gravemente erróneo del impacto climático de las perforaciones en el Golfo de México, invalidan el arrendamiento masivo de petróleo y gas en Estados Unidos. Recientemente, un juez federal canceló la mayor venta de concesiones de petróleo y gas en alta mar de la historia del país, al dictaminar que el gobierno de Biden violó la ley federal.
De acuerdo con The Washington Post, la decisión del Tribunal de Distrito de Columbia rechazó unas 687,965 hectáreas de arrendamientos de petróleo y gas que la administración Biden en realidad no quería vender.
Poco después de tomar posesión, el presidente suspendió las nuevas perforaciones en tierras y aguas propiedad del gobierno federal. Pero después de que un juez de Luisiana anulara la moratoria, los funcionarios dijeron que se vieron obligados a llevar a cabo la venta en noviembre pasado.
Invalidan el arrendamiento masivo de petróleo y gas, pero subastan la otra parte
La actual gestión norteamericana llevó a cabo la subasta cuatro días después de que Biden prometiera a los líderes mundiales una ambiciosa acción climática en la cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en Glasgow, Escocia.
Aunque se habían ofrecido hasta 3,237,4851 de hectáreas en el Golfo de México para perforación, el Departamento de Interior comercializó solo una fracción de esa cantidad. La venta obtuvo casi 192 millones de dólares y se convirtió en la transacción en alta mar más rentable desde marzo de 2019.
Ante esto, organizaciones de defensa del medio ambiente presentaron una demanda alegando que la venta se basaba en supuestos incorrectos. En su sentencia, el juez Rudolph Contreras concluyó que la Oficina de Administración de Energía Oceánica había sustentado su decisión en un análisis defectuoso que calculó erróneamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
La investigación, realizada bajo el mandato de Trump, determinó que los impactos climáticos serían peores si la superficie no se vendía porque las compañías petroleras con estándares ambientales más bajos aumentarían su producción en el extranjero, lo que provocaría más emisiones.
El modelo y el conjunto de supuestos que produjeron este resultado fueron «arbitrarios y caprichosos», escribió Contreras, llegando a la misma conclusión que el Tribunal de Apelaciones para el 9º Circuito y el Tribunal del Distrito de Alaska en casos similares.
El Tribunal considera que el error de la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica fue realmente un fallo grave.
Rudolph Contreras, juez del Tribunal de Distrito de Columbia.
La sentencia significa que el gobierno de Biden tendrá la oportunidad de efectuar un nuevo análisis medioambiental para cuantificar los impactos climáticos de la futura producción de petróleo y gas.
En un comunicado, la portavoz del Departamento Interior, Melissa Schwartz, dijo:
Dada la sentencia del tribunal de Luisiana nos vimos obligados a seguir adelante con la venta de arrendamientos 257, basándonos en el análisis medioambiental de la anterior administración y en su decisión de aprobarla.
Estamos revisando la decisión del Tribunal en relación con las deficiencias de ese registro. Nuestras tierras y aguas públicas deben ser protegidas para las generaciones venideras.
Hemos documentado graves deficiencias en el programa federal de petróleo y gas. Especialmente ante la crisis climática, debemos tomarnos el tiempo necesario para realizar reformas programáticas significativas y largamente esperadas. Nuestro trabajo se guiará por la ley, la ciencia y una política sólida.
Melissa Schwartz, portavoz del Departamento Interior.
Reacciones ante el fallo
Los activistas del clima dijeron que esperan que la nueva evaluación conduzca a un resultado diferente. «Confiamos en que, una vez que hagan bien la modelización de las emisiones, dada la crisis climática en la que nos encontramos, lleguen a la decisión de que el arrendamiento no tiene sentido en este momento» dijo Brettny Hardy, abogado del bufete Earthjustice, que trabajó en el caso.
Scott Lauermann, portavoz del mayor grupo comercial de la industria del petróleo y el gas, el Instituto Americano del Petróleo, calificó la situación como «decepcionante». Y Erik Milito, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas —que representa a las empresas de petróleo y gas en alta mar— pidió a la administración que:
Defienda la producción responsable en alta mar de Estados Unidos y tome las medidas necesarias para garantizar la continuidad del arrendamiento y la producción de energía del Golfo de México, en beneficio de todos los estadounidenses.
Erik Milito, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas.
Cabe mencionar que la resolución llega en un momento delicado para la administración de Biden, que ha sido criticada por no frenar la producción de combustibles fósiles.
En una sesión informativa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió las políticas climáticas y dijo que el fallo judicial que anulaba la moratoria sobre el petróleo y el gas se había convertido en un «reto importante», ya que los desafíos legales han «hecho imposible que detengamos muchos de estos arrendamientos», concluyó.
