Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), indicó que el país debe avanzar en una soberanía energética renovable que generé empleos así como desarrollo humano en beneficio de comunidades rurales.
Detalló que las inversiones en energías renovables brindan beneficios sociales en zonas rurales con la generación de empleo, reconstrucción del tejido social, prevención del crimen, arraigo de los jóvenes a su tierra, desarrollo de carreteras, captación de ingresos para las familias, instalación de pequeño comercio en los pueblos, modernización de los poblados lejanos y fomento de la productividad del campo agrícola.
Explicó que las energías verdes tienen que ser una prioridad en la Agenda 2030 y en el futuro plan nacional de energía para garantizar el desarrollo sostenible del país.
Aclaró que “es falso que las empresas violen los derechos de los suelos ejidales. Además que los proyectos eólicos no son sustitutos de los gobiernos, sin embargo, sí se suman a programas oficiales en beneficio de comunidades rurales”.
En su opinión, las consultas ciudadanas para colocación de parques industriales dependen del gobierno, no de las empresas. “Puedo decir que la gente tiene la última palabra en relación a la no instalación de una empresa en sus tierras”.
Las inversiones privadas en el sector eólico, dijo, cuentan con más de 11 mil empleos de forma permanente en el país, de los cuales 7 mil se ubican en la manufactura de piezas electrónicas para estas industrias. Igualmente se tiene la expectativa de crear 35 mil empleos en los siguientes 5 años.
El rubro solar y eólico representan 8% de la energía que utiliza el país, equivalente a evitar la emisión de 13 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, lo que es similar a sacar de circulación a 3.3 millones de automóviles anualmente.
“La expectativa del 2020 en crecimiento de energías renovables no será lo ideal para México, debido a la modificación de reglas de operación que ha establecido el gobierno federal. Exigimos certidumbre al largo plazo y definir las nuevas inversiones”, dijo.
De los 14 estados con participación eólica en el país, los líderes son Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila, que captan la mayor parte de las inversiones privadas que en casi 15 años suma 14,000 millones de dólares.
Los empresarios del AMDEE denunciaron que las inversiones que estaban por concretarse se han detenido y registrado bajas en ganancias debido al cambio de reglas que provocó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Consideraron que las políticas del actual gobierno federal son laxas y los reglamentos que se están estableciendo son contrarios a la libre competencia, lo que frena el desarrollo social de las comunidades rurales donde se instalan proyectos de energía renovable.
“No podemos convivir con reglas que brindan beneficio para ciertos agentes privados o públicos. Al quitar competitividad al mercado se pierde productividad y desarrollo sostenible empresarial”, fue el reclamó de los empresarios.
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) informa que México es el principal mercado latinoamericano de atracción de inversiones para la energía eólica y solar.
Reforma energética impulsó responsabilidad social
Debido al impacto ecológico que tienen los parques eólicos, solares y fotovoltaicos, se exige que las empresas presenten estudios de impacto ambiental, cambios de uso de suelo y realicen consultas ciudadanas para su instalación.
Tras realizar estos trámites, deben aplicarse programas en beneficio social, comunitarios y de biodiversidad, en donde se muda de región a especies terrestres y se establecen esquemas de protección de aves, murciélagos y abejas.
Al respecto, Diego Hernández, Business Developer de la empresa de ingeniería ecológica ASES, ejemplificó que corporaciones como ENEL y Greenpower en sus instalaciones eólicas en Coahuila tienen programas permanentes para que sus aerogeneradores bajen su velocidad en épocas de migración de aves, así como al detectar presencias de colmenas de abejas.
Aceptó que “la cultura empresarial se ha modificado por voluntad y obligación, pues la reforma energética les exige establecer programas de responsabilidad social”.
Gonzalo Nuñez, consejero en Planeación Energética de la Secretaría de Energía (Sener), aceptó que 89% de la energía nacional proviene de los hidrocarburos, porcentaje muy alto y que deriva en una alta huella de carbón como nación (México aporta 1.5% del CO2 emitido en el planeta).
“México tiene poco más de 48 millones de automóviles y el petróleo no debe y no puede gastarse en la movilidad vehicular, pues estos automotores consumen el 45% de la energía del país y esto frena el desarrollo humano. Es inviable”, detalló.
En su consideración, debe compensarse esta situación con una moderna estrategia de movilidad que desaliente del uso del automóvil.
