Un grupo de 123 organizaciones e inversores internacionales, que gestionan más de 1 billón de dólares en acciones, han realizado un llamamiento público a las empresas textiles para que implementen reformas sistémicas que aseguren el bienestar y salud de los trabajadores, y adopten políticas de tolerancia cero de abusos en sus cadenas de suministro globales.
Los firmantes aseguran que aunque las últimas tragedias ocurridas en Bangladesh, y otros países asiáticos, tienen diferentes causas, en conjunto son una grave muestra de la falta de respeto de los derechos humanos en dichos países, y un ejemplo de la incapacidad de las compañías internacionales para garantizar unas condiciones de trabajo dignas.
Asimismo, aseguran que el modelo actual, por el que los consumidores del mundo tienen acceso a productos baratos, “incentiva la corrupción por la falta de supervisión de las naciones productoras que compiten en una carrera a la baja en los contratos de fabricación de las prendas de vestir”. Además, afirman que estos gobiernos hacen la “vista gorda” en las inspecciones “en un intento por atraer inversiones a sus economías”.
Todo esto hace que la reputación de las marcas sea puesta en peligro, puesto que “los proveedores locales mueven la producción hacia factorías peligrosas sin el conocimiento de sus clientes”. Por todo esto consideran que “el modelo actual está roto”.
De esta forma piden a las empresas textiles y de distribución que:
Se unan a acuerdo sobre seguridad laboral y antincendios recientemente adoptado, con el fin de implantar planes con objetivos medibles.
Se comprometan con el fortalecimiento de los sindicatos locales para, entre otros aspectos, garantizar un salario digno a los trabajadores.
Hagan pública la lista de todos sus proveedores, los programas que tienen en marcha para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, y el grado de desempeño, así como las medidas correctivas necesarias.
Por último, también reclaman que se aseguren los mecanismos de reclamación apropiados y soluciones efectivas para los trabajadores y sus familias.
Entre los firmantes figuran Boston Common Asset Management, Domini Social Investments, Interfaith Center on Corporate Responsibility, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Trillium Asset Management, Aviva Investors, Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, Catholic Health Initiatives, The Church of Sweden, EIRIS, Harvard Law School Programs on Corporate Governance and Institutional Investors, y Mercy Investment Services.
Fuente: Noticias RSC
