La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación sobre los casos de corrupción registrados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El organismo requirió un «Informe de Situación Excepcional» a la empresa sobre el contrato multianual denominado Evergreen, celebrado en octubre de 2003 y con supuesta vigencia en 2009.
Dicho contrato habría dejado ganancias de 37 millones de dólares a la empresa ABB, que pudo concretar la operación gracias al supuesto pago de 5 millones de dólares en «mordidas» a funcionarios de la CFE.
La Auditoría también pidió a la Comisión datos sobre las actuaciones y sanciones aplicadas a los funcionarios públicos involucrados en la operación.
Así lo revela un documento entregado a la Comisión de Energía del Senado, en el que la CFE detalla que el informe le fue requerido desde el 23 de diciembre de 2009.
«La ASF, en cumplimiento de sus atribuciones, y en seguimiento al asunto de referencia, practicará auditoría a las operaciones que la CFE reporte al respecto en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009», se indica.
Según el organismo, entre los proyectos sujetos a auditoría se encuentra la «Actualización de Tecnología y Mantenimiento del Sitracen Fase II», relacionado con el contrato celebrado con ABB de México en 2008. «Dicha auditoría se encuentra en proceso», señala en la cronología.
A paso lento
Mientras en Estados Unidos hay detenidos y pagos de multas por más de 58 millones de dólares, en México los funcionarios involucrados en actos de corrupción de CFE no han sido sancionados y sus casos se procesan con lentitud.
La propia CFE da cuenta del mar de oficios, denuncias y ampliaciones que se han registrado sobre este escándalo, sin que hasta ahora exista alguna resolución.
Como ejemplo, la CFE reconoce que Gustavo Salvador Torres, subdirector del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), fue separado de su cargo apenas en octubre de este año.
La decisión se tomó cinco años después de que Power Technologies división Norteamérica, de la empresa ABB, denunció ante la PGR que el funcionario había tenido «comportamientos inapropiados» en diversos procesos de adquisición.
En esa ocasión, el funcionario fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública.
Por otro lado, la CFE ha interpuesto dos denuncias penales y dos de carácter civil para pedir que se investigue el caso, de deslinden responsabilidades, se sancione a los funcionarios que resulten culpables y se repare el daño causado al organismo.
Sin embargo, en cinco ocasiones que la Comisión ha acudido a la PGR y notificado a la Secretaría de la Función Pública, lo ha hecho por información generada en los medios o por boletines emitidos por autoridades norteamericanas, pero no por sus indagatorias propias.
Fuente: Reforma, Nacional, p 7.
Reportera: Claudia Guerrero.
Publicada: 7 de diciembre 2010.
