La ola de decenas de miles de niños que huían de la violencia en Centroamérica abrumó de tal manera a las autoridades fronterizas estadounidenses, que dejaron de cumplir con ciertas políticas de protección de menores y colocaron a algunos de los niños en hogares donde fueron agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación, concluyó una investigación de Associated Press.
Ante la falta de camas para albergar al número sin precedente de menores que iban llegando, el Departamento de Salud y Asistencia Social de EU relajó sus normas, los últimos tres años, a fin de agilizar el traslado de los menores a hogares adoptivos. Las normas fueron relajadas aun más, a medida que el éxodo de menores aumentaba ante la espiral de la violencia causada por el narcotráfico y las guerras entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, según correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por la AP, algunos bajo la Ley de Libertad de Información.
En primer lugar, las autoridades dejaron de tomarle las huellas dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban adoptar niños. En abril del 2014, la agencia dejó de exigir las partidas de nacimiento originales como verificación de la identidad de los adultos patrocinadores. Al siguiente mes, dejó de exigir que se llenen los formularios donde se pedía la información personal de los patrocinadores. Luego dejó de exigir la revisión de prontuarios criminales del FBI para muchos de los patrocinadores.
Desde la modificación de las normas, la AP ha detectado más de dos decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.
Los defensores de los niños dicen que es difícil determinar el número exacto de niños sometidos a abusos entre los 89,000 que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre del 2013, debido a que muchos de los niños no han sido encontrados.
Fuente: El Economista
