El nuevo ministro de Justicia nipón, Satsuki Eda, aseguró que estudiará la conveniencia de mantener la pena de muerte en Japón, que junto con EEUU es uno de los pocos países industrializados en los que está en vigor.
«Es el momento, desde un punto de vista global, de mirar si es bueno o no mantener la pena capital», dijo Eda, un abogado de 69 años contrario a la pena máxima que asumió su cargo hace una semana, con la remodelación del Gobierno de Naoto Kan.
El responsable de Justicia nipón ya señaló poco después de su nombramiento que consideraba la pena capital una condena «defectuosa» y recordó que se trata de un castigo «irreparable» que se cobra vidas humanas.
Las declaraciones de Eda fueron aplaudidas por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que las consideró «un primer paso positivo» en un país en el que alrededor de un centenar de presos están en el «corredor de la muerte» en unas condiciones «inhumanas» y «degradantes».
«Ahora esperamos que el ministro sea consecuente con su discurso», dijo una de las portavoces de AI en Tokio, Sonoko Kawakami, que mostró su esperanza de que al menos se abra «un debate a nivel nacional» sobre esta cuestión.
«Es importante que salga a la luz información sobre el sistema de la pena de muerte en Japón», pues «por ahora no hay ninguna discusión sobre ello», lamentó.
Una de las características de la pena capital en Japón es la poca información de la que se dispone, más allá de que se aplica mediante la horca y en siete de las 75 cárceles del país.
Los condenados conocen la fecha de su ejecución ese mismo día mientras sus familiares son informados una vez que ésta se ha llevado a cabo, y hasta diciembre de 2007 el Ministerio de Justicia ni siquiera divulgaba los nombres de los ajusticiados.
Solo el pasado agosto el Gobierno nipón mostró por primera vez al público las instalaciones en las que se realizan las ejecuciones en la horca, rodeadas hasta entonces de un gran secretismo, y dio algunos detalles técnicos sobre las ejecuciones.
Con la llegada al poder del Partido Democrático (PD) en agosto de 2009 y el nombramiento de la abogada progresista Keiko Chiba como ministra de Justicia se abrió un paréntesis en la aplicación de las penas de muerte.
Sin embargo, en julio del año pasado, cuando se cumplía exactamente un año sin ejecuciones en Japón, dos presos condenados por asesinatos múltiples fueron ajusticiados, lo que supuso un jarro de agua fría para las expectativas de los grupos humanitarios.
Además, el pasado mes de noviembre un jurado popular impuso la pena capital por primera vez, al decretar la muerte de un hombre acusado de asesinar a dos personas.
Fuente: Elmundo.es
