Líderes de organizaciones, miembros del poder legislativo y funcionarios del Ejecutivo, junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil organizada, analizaron los avances y los retos que existen para lograr una infraestructura legal y fiscal que estimule y promueva la acción solidaria de los ciudadanos durante la Jornada sobre el Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, organizada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) en el marco de la celebración de sus 25 años de vida institucional.
A casi una década de haberse promulgado la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el gran reto ahora es el de lograr la armonización de los diferentes instrumentos legales, de manera que mediante disposiciones establecidas con criterios de simplicidad, se logre el desarrollo y crecimiento del sector de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en México, que sigue siendo muy pequeño, y que este sector sea transparente en sus operaciones y rinda cuentas a la sociedad por los resultados que alcanza a favor de los demás.
El Estado debe promover las acciones y donaciones ciudadanas a través del reconocimiento público y con estímulos fiscales. En el caso específico de las donatarias autorizadas, el gobierno tiene que trabajar mucho para una simplificación administrativa.
Se puede decir que hay avances gracias a que ha ido mejorando la comprensión del gobierno sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es necesario reconocer que el desconocimiento de este sector por parte del gobierno y de las empresas es tal que aún prevalece la desconfianza. De alguna manera, siguen viendo a la sociedad civil organizada como una competencia.
La Ley de Fomento ha sido promulgada en estados como Baja California, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz y Tlaxcala; además del Distrito Federal. Sin embargo, esto no se ha logrado traducir en políticas públicas que de forma efectiva promuevan las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Ninguna autoridad ha podido impulsarla de fondo dada la incomprensión que tienen del sector no lucrativo. En este contexto es difícil avanzar. Los ciudadanos deberíamos de exigir que quienes aspiran a ser gobernantes y legisladores cuenten con una trayectoria social, porque en algunos casos, parece que la Ley en lugar de fomentar, es un instrumento para controlar o incluso limitar el desarrollo de las OSC. Las donaciones, por ejemplo, están demasiado reguladas.
En los estados, en general, no ha habido manera de que las autoridades puedan distinguir entre asistencia social y desarrollo social. Así que casi todos los recursos que deberían de destinarse a OSC caen en la bolsa del DIF.
El Cemefi reconoce que sí ha habido apertura de parte del actual gobierno federal. Desde el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento se está construyendo una nueva visión, aunque sin duda, hace falta acciones más contundentes.
“Llama la atención, por ejemplo, que ninguna de las propuestas para el fortalecimiento de la sociedad civil, presentadas a los candidatos presidenciales en la Cumbre Ciudadana en 2012, ha sido asumida en los planteamientos recogidos en el Pacto por México”, señala Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del Cemefi.
Comunicado de Prensa
