En la última semana de mayo, durante la madrugada, tres camiones de gran tamaño llegaron a las afueras de la aldea de Daying, en la provincia norteña china de Hebei. Aprovechando la oscuridad, empezaron a arrojar su carga a una acequia, hasta que alguien se acercó y se dieron a la fuga. Nadie sabe con exactitud qué sustancias vertieron. Pero un mes más tarde, el olor del cóctel químico es aún penetrante. La mezcla ha matado los álamos que el granjero Zhang Yachun había plantado hace dos años a lo largo de la zanja, cerca de 200, que ya solo valen para leña. La campesina Bian, dueña del terreno adjunto, llora temiendo que su campo, su única fuente de ingresos y que regaba con el agua de la acequia, también se haya contaminado y su próxima cosecha de trigo quede inservible.
Los aldeanos de Daying, donde viven 1.500 personas, desconocen quién haya podido ser el responsable. En sus cercanías hay plantas químicas, fábricas de acero y factorías de cuero. Las autoridades locales, denuncian Zhang y Bian, no han hecho caso de sus reclamaciones. “Nos dicen que localicemos nosotros a los culpables, y que entonces intervendrán ellos. Pero solo somos gente corriente, ¿cómo podemos encontrar quién ha sido?”.
Al norte de Daying se encuentra la aldea de Maoying, de 4.000 habitantes y pegada a la ciudad de Xinji, que presume de ser la “capital del cuero” de China. Un enorme vertedero a cielo abierto recoge los desechos de un centenar de fábricas especializadas. Sus habitantes no se atreven a abrir las ventanas debido al permanente mal olor, y se quejan de lo turbio de su agua potable. “Mucha gente padece enfermedades raras. Incluso los jóvenes desarrollan cáncer. Hace dos años fuimos a protestar al gobierno de Xinji. Detuvieron a dos y les pusieron después en libertad, a otro le condenaron por allanar un edificio público”, dice un residente que se identifica como Wang.
Lamentablemente, no son casos aislados. La polución del suelo en China “es un problema tan grave como la del aire, solo que menos visible”, señala Ada Kong, directora de la campaña contra productos tóxicos de Greenpeace en Asia Oriental.
Los resultados de un estudio elaborado por el Ministerio de Recursos Naturales entre 2005 y 2013, y divulgados parcialmente en 2014, encuentran que un 19,4% de los terrenos de cultivo, y el 16,1% del total del suelo, están contaminados. En 3,3 millones de hectáreas la cantidad de tóxicos ha obligado a prohibir la siembra. Entre las causas, los desechos tóxicos de las fábricas, el uso de agua contaminada para el riego o el empleo excesivo de pesticidas.
Pero la realidad puede ser aún peor. Sus críticos consideran que las muestras, extraídas de 10.000 puntos en 1.500 áreas examinadas, fueron poco representativas y no tuvieron en cuenta todos los posibles elementos tóxicos. Gao Shengda, secretario general de la Asociación Industrial para la Regeneración del Suelo de China, calculaba en declaraciones al Diario del Pueblo que hay entre 300.000 y 500.000 áreas de suelo contaminado en todo el país.
En muchos casos, las empresas contaminantes se encuentran entre los principales generadores de empleo y de contribuciones fiscales en sus localidades, por lo que las autoridades de la zona, como en el caso que denuncian los granjeros Bian y Zhang, se han visto tentadas de mirar hacia otro lado.
Es también el caso que denuncia un residente de la aldea de Donglonghuzhuang, en Hebei, y que pide el anonimato para hablar de los vertidos de una planta química construida a 300 metros de la localidad.
“Los echan al río aleatoriamente, y como consecuencia también han contaminado la tierra y las aguas subterráneas. Las autoridades dicen que el agua está bien, pero nuestras cosechas se mueren y cada vez tenemos más casos de cáncer. En enero, un instituto de Pekín nos analizó el agua y encontró que el nivel de 28 metales pesados sobrepasaba gravemente lo permisible… Algunos hemos ido a protestar a Pekín. Pero matones locales entraron en nuestras casas y nos amenazaron. A uno de nosotros le han dado una paliza y le han partido la pierna”, revela.
Según explica Kong, “esperamos que el Gobierno central aumente la prioridad que concede a la protección de los funcionarios de medioambiente, de manera que no solo tengan que rendir cuentas de su cumplimiento de las metas económicas, sino también de cómo protegen al medioambiente”.
Después de tres años de preparación, el Gobierno chino publicó el 31 de mayo un plan de lucha contra la contaminación del suelo, que complementa a los ya aprobados contra la polución del aire y el agua. Para 2020 el plan prevé haber reducido el empeoramiento de la contaminación. Para 2030, aspira a haber empezado a mejorar la calidad del suelo, y para 2050 habrá revertido los efectos de la polución. Entre sus propuestas, prevé haber limpiado 666.000 hectáreas de terreno cultivable y convertir 13.340 kilómetros cuadrados de suelo contaminado en bosques y praderas para dentro de 4 años.
Aunque el proyecto presenta algunos problemas. Es difícil obligar a su aplicación hasta que se apruebe la nueva ley de control de contaminación del suelo, algo que podría ocurrir el año próximo. “La precisión de la investigación de 2014 no es mucha, necesitamos datos exactos”, reconoce Wang Xiahui, director del Centro de Protección del Suelo de la Academia de Protección Medioambiental. Los expertos esperan completar un estudio sobre el suelo cultivable para finales de 2018 y del suelo industrial para 2020.
Aplicar el plan en su totalidad será, asimismo, una tarea extremadamente cara. Sus redactores calculan que serán necesarios en torno a 300.000 millones de yuanes (40.506 millones de euros). Pero en 2016, aunque creció un 146% con respecto al año anterior, el presupuesto oficial solo fue de 9.000 millones. El investigador Gu Qingdao, de la Academia China de Investigación de Ciencias Medioambientales y uno de los participantes en la elaboración del plan, apunta la posibilidad de establecer alianzas entre el sector privado y el público.
Pero, sobre todo, el plan deposita la responsabilidad de su cumplimiento en las autoridades locales. “Dada la escala del problema, contar con el personal y los conocimientos adecuados puede representar un gran desafío para estos gobiernos”, considera Kong.
Fuente: El país