Recientemente Transparencia Internacional (TI) publicó los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2011, donde México nuevamente quedó entre los países peor evaluados. En el 2001 nuestro país fue calificado con 3.7 y en este año con 3.0, esto significa un descenso de casi el 19%; ocupa el lugar 100 de 183 países a nivel mundial y el 20 de 32 latinoamericanos. Estos datos dan una idea de lo que hemos dejado de hacer y la exigua importancia que como nación le hemos dado a un tema tan trascendental.
Este fenómeno, sin duda, acrecienta la preocupación de quienes por años hemos luchado por el combate a la corrupción. Por ello es de la mayor importancia que temas como el combate a la corrupción, el rechazo a la impunidad y la exigencia de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos estén en la agenda de los candidatos a la Presidencia de la República, sin dejar de lado, desde luego, la reestructuración orgánica y de operación de la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de estas importantes tareas.
Los datos que proporciona TI en los últimos 10 años, indican que la alternancia en el poder no ha contribuido a que mejoren los mecanismos de control; más aún se han difundido resultados de auditorías como grandes logros, pero no se han traducido en castigos ejemplares que brinden confianza y certeza a la sociedad, antes bien el mensaje que se está enviando es de impunidad y que lejos estamos de combatir frontalmente este problema endémico.
Los dos presidentes de la alternancia, en sus respectivas campañas electorales manifestaron la intención de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. No obstante, una vez en el gobierno, decidieron su permanencia, pero no plenamente convencidos del alto valor de la institución.
De ahí que la SFP desarrolle su labor de fiscalización en medio de las quejas constantes de los titulares de las dependencias que no gustan de ser fiscalizados, quienes argumentan que la exagerada normatividad existente no les permite ser eficientes y ágiles en la toma de decisiones. Es menester aclarar que los órganos de control revisan basados en las leyes correspondientes y la normatividad elaborada por las propias dependencias.
El apoyo del titular del Ejecutivo en la labor de fiscalización debe ser fundamental. Lamentablemente cuando ese apoyo es nulo, la labor de fiscalización se torna laxa, sobre todo porque en las auditorías se impone la opinión de los titulares de los entes auditados, quienes en la mayoría de las ocasiones, se encuentran más en el ánimo del presidente de la República en turno.
Para evitar las presiones de los titulares de entidades, la SFP ha privilegiado la labor preventiva y de mejoramiento al control interno y se ha dejado de lado la práctica de auditorías y el combate a la corrupción. Tan es así, que derivado de los constantes recortes de personal que han sufrido los órganos internos de control, casi se han desmantelado las áreas de auditoría.
Lo anterior no quiere decir que no se reconozca el valor de la prevención, pero no a costa de dejar de desarrollar el trabajo de fiscalización. No permitamos que se tome el camino más cómodo, el menos desgastante y que represente menos problemas, como la intención de que los procedimientos administrativos y de responsabilidades se desahoguen en el Poder Judicial. No, los órganos de control deben completar todo el proceso de fiscalización: prevención, auditorías y fincamiento de responsabilidades, con las atribuciones señaladas en las leyes correspondientes.
La fiscalización, requiere de especialistas. No puede la SFP y los órganos internos de control convertirse en agencia de colocaciones de los gobiernos en turno, por considerar que es una labor sencilla y que cualquiera la puede desarrollar o porque entre la experiencia y la pertenencia a un partido, es mejor lo segundo. El costo del aprendizaje es muy alto, los resultados magros y la percepción de la sociedad en el combate a la corrupción es que no se actúa o no se quiere actuar.
Las circunstancias actuales imponen la necesidad de hacer un estudio a profundidad de los alcances de la fiscalización, del equilibrio en el cumplimiento de sus atribuciones, de cómo aprovechar la riqueza de información que posee la SFP, de dimensionar el tamaño real de los órganos de control y de respetar los perfiles de puestos de los integrantes de estas áreas tanto en dependencias y entidades, como en la propia Secretaría, para que la fiscalización no sea una simulación más de las tantas que padece la ciudadanía.
Una Contraloría General fuerte, acompañando al Ejecutivo en las tareas que se han mencionado, contribuiría a fortalecer la confianza de la sociedad en las acciones gubernamentales, confianza tan necesaria en estos tiempos difíciles.
Fuente: Reforma, Nacional, p. 17.
Por: Gregorio Guerrero Pozas, contralor general del Instituto Federal Electoral.
Publicada: 12 de diciembre de 2011.
