La corrupción impacta en forma negativa al desarrollo de la sociedad a través de diversas vías. La transferencia de recursos entre varios agentes, por lo general un privado y un burócrata, sin pasar por el fisco y no establecida en un contrato, implica costos más elevados para uno de ellos y un ingreso no declarado para el otro.
Los costos generalmente se trasladan a los usuarios de los bienes y servicios implicados en el contrato o, simplemente, a los contribuyentes. Este traspaso implica una pérdida neta para toda la sociedad, que es aprovechada por un solo ente: el burócrata o funcionario corrupto. Otra pérdida de bienestar tiene que ver con la baja calidad de los bienes y servicios entregados, calidad que es reducida para que el presupuesto acordado se ajuste a lo autorizado por los agentes fiscalizadores.
Hoy en día es posible escuchar a todo lo largo y ancho del país historias de funcionarios y políticos corruptos que no sólo indignan a quienes son víctimas de dichos actos, sino a la sociedad que ve pasar el tiempo sin que sus impuestos y los excedentes petroleros sirvan para que viva mejor.
John Erskine escribió el siglo pasado un ensayo denominado “La obligación moral de ser inteligente”, en donde plantea que todas las virtudes humanas están sujetas a la disciplina de la inteligencia y el hombre tiene la obligación moral de investigar hasta el fondo si alguna de sus acciones conduce a un final bueno o malo.
Este planteamiento es paralelo a uno hecho por W.K. Clifford, en el que insiste que el conocimiento no es algo que uno pueda elegir tener o no tener a voluntad. Ambos argumentos sostienen que, dado que otros son afectados por nuestras acciones, estamos en la obligación con los demás de asegurarles que ellos no serán afectados por nuestra ignorancia. Es nuestro deber ser inteligentes.
No debe ser difícil exigir a los políticos y candidatos a los puestos de elección firmar un compromiso de no afectarnos con sus malas acciones y cumplir con una obligación moral de no ser corruptos. Para asegurar que lo hacen debemos encontrar un candado legislativo que obligue a evaluar el desempeño de todos estos personajes, someterlos a juicio y condenarlos en caso de que no hubieran cumplido su compromiso y con sus acciones hubieran afectado o dañado a otros. Nada mala idea para la temporada política que se avecina.
Fuente: El Economista, p. 62.
Por: Mario Rodarte.
Publicada: 22 de agosto de 2011.
