El lobby sindical europeo pide a España atención a los objetivos energéticos, sociales y de lucha climática
La promoción de un desarrollo armónico de las actividades económicas en el marco de un mercado común, la aproximación de las políticas de los Estados miembros el progresivo difuminado de las fronteras económicas y legales entre los países han constituido, entre otros, los principios en que se fundamentó la construcción de la Unión Europea.
A su vez, ejemplos institucionales de proyección social como la libre circulación de trabajadores o la actuación del Fondo Social Europeo, han enmarcado, desde sus inicios como meros súbditos del mercado común, un nuevo espacio europeo que empieza a comprometerse con el progreso social y los vínculos entre ciudadanos.
Ya las primeras políticas de empleo comenzaron a fraguarse durante la crisis económica europea de los años 70, tratando de paliar el desempleo masivo que se había adueñado del continente.
Poco después, nació el primer programa de acción social comunitaria que tuvo aplicación en los años 1974-1976, con un triple objetivo: realización del pleno empleo, mejora de las condiciones de vida y trabajo, y participación de los interlocutores sociales en los ámbitos institucionales y empresariales. Cuarenta años después una nueva crisis económica-y de mayor gravedad y alcance-asola a los Estados miembros, y las exigencia de una población decepcionada y recelosa, el auge de la RSC como tabla salvavidas y la necesidad de un desarrollo sostenible para la supervivencia de un planeta agotado y colapsado, se conjugan para hacer cada vez más visible la urgencia de una Europa Social.
En este sentido, la pelota está ahora en manos de España, que ostenta desde hace diez días el bastón de mando de la presidencia europea. El reto de jalonar con el adjetivo de “social” a una Europa económicamente devastada, fragmentada en ocasiones por políticas y normativas irreconciliables, y saturada por una información que fluye veloz pero incompleta en demasiadas ocasiones, es realmente arduo, y no son pocos los que dudan de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, escudado tras una agenda presidencial realmente ambiciosa pero un tanto imprecisa, vaya a ser capaz de llevarla a cabo. La Confederación Europea de Sindicatos, más optimista, ha considerado en su muy reciente “Memorando sindical a la Presidencia Española de la Unión Europea” que la posición del Gobierno español puede ser clave a la hora avanzar en algunos de los temas prioritarios del movimiento sindical como la inclusión del Protocolo de progreso social cuyo objetivo es contrarrestar las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) que han situado la libre circulación por encima de la negociación colectiva y de los derechos fundamentales de los trabajadores o la revisión de la Directiva de desplazamiento de trabajadores, en materia normativa.
LA CULTURA OLVIDADA
El memorando del lobby sindical europeo recoge ampliamente las muchas cuestiones todavía irresolutas con las que tendrá que enfrentarse la presidencia española. Para empezar, uno de los primeros desafíos a batir será la renovación del Tratado de Lisboa, tarea de titanes en un contexto de crisis financiera, económica y social. Además la Unión Europea tendrá que incluir en su agenda la lucha contra el Cambio Climático invirtiendo en los próximos tres años el 1% del PIB europeo en la creación de empleo, la promoción de innovación, la investigación, el desarrollo y el empleo de industrias claves, la inversión en tecnologías nuevas, ecológicas y sostenibles y el mantenimiento de servicios públicos de alta calidad, etc. La Confederación Europea de Sindicatos también aboga por la constitución de un nuevo pacto social que genere justicia social y unas políticas de empleo fructíferas, centradas en la preparación para la transición hacia una economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono.
El desarrollo y la consolidación de una respuesta global al desafío energético, y la creación de un mercado energético integrado e interconectado son también acciones necesarias para la presidencia española de la Unión. Por otra parte, desde varios frentes se ha solicitado más atención al ámbito cultural europeo, en estrecha conjunción con el ámbito social. Sin embargo, haciendo honor a la verdad, ninguna de las presidencias europeas hasta la fecha ha prestado la atención merecida a esta temática. Incluso la antigua presidencia, de la mano de Suecia, ha esgrimido pocos objetivos sobre temas culturales, reducidos casi a la “Conferencia Internacional bajo la base de discusión sobre Creatividad y Hábitos culturales en la infancia y gente joven de la UE.”, celebrada el pasado mes de julio. Tampoco la última presidencia española, en 2002, trabajó más en este sentido, ya que su única mención a la política cultural eran leves esperanzas sobre la importancia que la cultura tendría en la perspectiva de la ampliación y el auge de los medios digitales en su implicación para la conservación del patrimonio.
En este orden de cosas, un nuevo modelo que acoja las políticas culturales como algo esencial, compartido entre el sector público y lo privado, y que de pie a un sistema productivo que ayude a conseguir una cultura innovadora y dinámica y dinamice el arcaico sistema de producción en los servicios. Un reto arduo en tiempos de crisis, pero necesario si se quiere ir de la mano con las nuevas exigencias sociales del siglo XXI.
EL RETO RESPONSABLE
La Responsabilidad Social Corporativa es otro de los desafíos, y no el menos importante, que encontrará en su camino la presidencia española de la UE. La RSC ha comenzado a ampliar sus raíces con fuerza en el terreno de las grandes compañías, con mucha más timidez entre las pymes, y comienza también a asomarse a los pomposos balcones del sector público. El Consejo Estatal creado bajo el gobierno de Zapatero para prestar atención a los entresijos de la RSC puede-y debe – servir de base para construir una Europa responsable tanto a nivel gubernamental como en el seno de las compañías.
En este sentido, también el Observatorio de RSC solicitó a la presidencia española la materialización de los compromisos existentes en materia de responsabilidad social corporativa, pasando de las manifestaciones a los compromisos, de los compromisos a las políticas, y de las políticas a establecer los mecanismos adecuados. El camino está todavía lleno de escollos, ya que la parte más sustancial de la RSC, la que va de la mano de cuestiones tan importantes como las cuentas de resultados, o las cuestiones laborales, están todavía en pañales.
No parece probable que durante la presidencia española se llegue a alguna conclusión determinante acerca del tan traído y llevado debate sobre la voluntariedad u obligatoriedad de la RSC. Aunque muchos opinan que la solución a la RSC descafeinada o de “segunda clase” pasa por apostar por un marco regulatorio, son muchos todavía los frentes desde los que se esgrimen las coacciones que a la libertad de empresa supondría una regulación de las políticas de RSC. Sin embargo, bien es cierto que urgen unas reglas de juego equitativas que permitan a todos los actore interesados contar con información veraz, comparable y verificable.
