A esta hora, quizá, los magistrados del segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia del trabajo han emitido ya, o se disponen a hacerlo, una nueva sentencia en el caso de la huelga de Cananea, que se ha prolongado por casi 30 meses, desde el último día de julio de 2007. Si aplican el derecho a derechas, en congruencia con varias resoluciones de compañeros suyos de la judicatura federal, validarán una vez más la posición de los trabajadores que exigen a través de la huelga el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.
Si rompen la lógica de los anteriores pronunciamientos judiciales y se suman a los sesgados laudos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una y otra y otra y otra vez derrotada en sus empeños de declarar inexistente esa acción obrera, se hará realidad la sospecha de que cedieron a las presiones del poderoso Grupo México y las autoridades federales.
Sobre la presunción de que esta vez obtendría una decisión favorable a sus intereses, la empresa minera ha contratado en los días recientes, en Nacozari, a trabajadores que sustituirían a los que ya no tendrían relación laboral con el empleador más rudo que conocen los anales de la historia laboral mexicana.
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