Por Leopoldo Lara Puente
A principios de mayo, del 4 al 7, tuve oportunidad de participar activamente en el VIII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables.
“Retos y Compromisos hacia un mejor futuro” fue el título de este Encuentro y en él participaron empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos que conforman alianzas entre sectores (academia, sector social y empresarial), como el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI); Forum Empresa (Latinoamérica); DERES (Uruguay); Acción RSE (Chile); Fenalco Solidario (Colombia); CERES (Ecuador) e IntegraRSE (Centroamérica), entre otras.
¿El tema? Cargado de actualidad y de visibilidad en nuestro continente: la ética.
¿Qué es lo que nos preocupa? El incremento de los niveles de corrupción en todos los órdenes, tanto públicos como privados. Justo en esos días del Encuentro, la Presidenta Bachelet de Chile -un país en donde los índices de corrupción son de los más bajos en América- solicitaba la renuncia a todos los miembros de su Gabinete, precisamente debido a la crisis general por la que atraviesa ese país, en el que dirigentes, tanto del gobierno como de la oposición, están involucrados en casos de corrupción. La pregunta obligada de todos fue: ¿si eso pasa en Chile, qué nos pasará a los demás? El caso de México es paradigmático, ya que en los últimos 20 años hemos ido escalando escaños negativos en la medición de la corrupción, hasta situarnos en la parte más baja del ranking mundial de “Transparencia Internacional”.
¿Será suficiente con la nueva ley de transparencia y con el nuevo sistema anticorrupción que acaba de ser aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo?
Para analizar el contexto, en una de las mesas de trabajo del Encuentro se reunieron representantes de las alianzas intersectoriales más representativas de varios países latinoamericanos con el objeto de revisar las “Tendencias de la Responsabilidad Social en América Latina”, fundamentalmente por lo que aporta la RS a temas públicos, como la ética y la lucha contra la corrupción.
Las conclusiones generales de los panelistas fueron contundentes: el espacio de lo público pertenece a todos, no sólo al gobierno, por lo que la lucha contra la corrupción debe ser compartida. Lo que las empresas deben hacer para participar en esa lucha es cumplir con la ley y desarrollar mecanismos éticos que eviten la corrupción, como Códigos de Ética diseñados con el concurso de los grupos a los que interesa la empresa: sus accionistas y colaboradores, pero también sus clientes, vecinos y proveedores. Luego, que ese compromiso asumido de la empresa se difunda públicamente y se convierta en una causa social. Si más empresas y organizaciones compartieran esas prácticas, se podrían establecer verdaderos bloques de ciudadanos concientizados y comprometidos con la ética, como una estrategia para que la corrupción no avance y con ello ser más eficientes como comunidad en el manejo de lo público. Existen ejemplos además, de líderes empresariales que han tomado acción en este tema, como lo que pasó en Uruguay o en Brasil con la firma de un compromiso colectivo de esos líderes en contra de actos de corrupción. Hay que hacer hacia adentro, pero también hacia fuera.
El Encuentro además, fue rico en temas que permiten entender con más certeza el concepto de responsabilidad social, el que va más ligado a la generación de valor compartido por parte de la empresa que a las acciones de filantropía de alguno de sus accionistas. Es importante llevar a cabo acciones sociales o medioambientales, pero lo es más cuando esas acciones permiten que la empresa se sostenga en el tiempo.
Y es que en la actualidad, con mucho énfasis, el concepto de empresa se ha modificado de manera contundente. Ha pasado de ser considerada como un ente que genera valor económico, a uno que además genera riqueza, entendida ésta como el “conjunto de bienes, servicios, valores, ambientes, relaciones, transacciones (intercambios) que permiten al hombre vivir con dignidad, cuidar los servicios ecosistémicos (todos los que la Naturaleza provee) y ser felices”. Por fortuna ese concepto cada vez permea más, lo que se observa con el número de empresas que han obtenido el distintivo que precisamente otorga el CEMEFI a quienes presentan evidencia de sus prácticas de responsabilidad social y que ha crecido de 14 en el 2000 a 1,126 en el 2015.
El reto, sin embargo, sigue siendo el mismo: “generar un valor tangible, cuantificable, relevante y congruente con todos los grupos de interés”.
Lograrlo no es sencillo, requiere un proceso de reflexión maduro y sistemático, que nos permita entender nuestra verdadera razón de ser como empresarios, como ciudadanos.
Una vez que se asume esa realidad y se genera un compromiso genuino, ya nadie nos detiene.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
