¿Empresas o gobierno federal? ¿Quién es el culpable? La realidad va mucho más allá de un culpable.
La falta de una reforma laboral actualizada, pero sobre todo la falta de una cultura laboral, siguen afectando las condiciones laborales, no sólo para la generación de nuevas plazas sino esquemas que eviten limitar un puesto por edad, género, enfermedades, estado civil, orientación sexual o capacidades diferentes.
Es precisamente de este último rubro de trabajadores, quienes poco claro ven el panorama en territorio nacional.
Es cierto que en el artículo 222, de la Ley del Trabajo, determina que el patrón que contrate a personas con discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje, en 80% o más de la capacidad normal, o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente a 100% del impuesto sobre la renta (ISR) de esos trabajadores.
Y que la Secretaría del Trabajo, al mando de Javier Lozano, a partir del programa Empresa Incluyente, tanto el gobierno como la iniciativa privada han unido esfuerzos a favor del derecho a un empleo y a recibir capacitación en igualdad de oportunidades y equidad para las personas con discapacidad, pero dicha actividad todavía es incipiente.
Para muestra algunos datos. De acuerdo con datos más recientes del INEGI al mando de Eduardo Sojo, casi dos millones de personas tienen alguna discapacidad lo que constituye 2% de la población del país.
De ellas, 75% de las personas con discapacidad en edad económicamente activa no tiene empleo en México.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) destaca que en México existen diez millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, de ellas seis millones están en edad de trabajar y 25 cuenta con un empleo.
Siendo la principal barrera del empleo la falta de una educación profesional 85% de estas personas viven en zonas rurales y no cuentan con los servicios básicos, además, no se tiene un programa que detone esta mano de obra.
De ahí que la problemática debería solucionarse desde las raíces es decir, desde la Secretaría de Educación bajo la tutela de Alonso Lujambio. No es posible que de cada 100 personas con discapacidad; 33% sean analfabetas, 7% tengan educación básica completa, 5% hayan cursado algún grado de educación media superior y únicamente 4% cuentan con educación superior.
En fin, es una realidad que las reformas que permitan grandes movimientos en territorio nacional no saldrán adelante en estos momentos, dado los tiempos políticos, en donde nadie parece asumir el costo que representa establecer bases sólidas en busca de un estado consolidado.
Así es que son urgentes los cambios de fondo, porque si estas cifras le alertaron no son las únicas en cuanto a discriminación o rezago laboral se refieren.
Fuente: Excélsior, Dinero, p. 11.
Por: Marielena Vega.
Publicada: 5 de noviembre de 2011.
