Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares correspondiente a 2010 reflejan la caída general del ingreso entre 2008 y 2010. Y al poner la atención en los deciles más bajos, encontramos que nueve de cada 100 habitantes (unos 10 millones en total) viven de las «transferencias» que reciben de instituciones del gobierno, privadas o de otros hogares. (Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 19/07/11).
Todo ello pone de relieve la importancia que posee la acción asistencial tanto del gobierno como del sector privado. Las políticas públicas asistenciales han sido y son objeto de análisis y crítica, pero no lo son tanto las tareas que en ese rubro realizan los privados. Sin desestimar el espíritu filantrópico que anima a muchos de ellos, lo cierto es que entre las organizaciones de este tipo, oficialmente llamadas donatarias autorizadas, puede hallarse de todo: desde quienes aportan recursos bajo la premisa de que no dan limosna sino cumplen un deber ético de solidaridad, hasta los aportantes que esencialmente buscan estímulos fiscales para escamotearle recursos al erario.
Adicionalmente, como señala la investigadora Fernanda Somuano, «transparentar los donativos a las organizaciones es un tema pendiente… hay muchas organizaciones que funcionan con esquemas clientelares, en donde los partidos y el gobierno pueden llegar a ofrecerles dinero a cambio de apoyo político, y eso es lo que tenemos que ir desapareciendo» (Ernesto Núñez, Enfoque, 14/08/11).
De ahí que en ése como en muchos otros rubros, se requiere un estricto ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Como han apuntado Socorro Lagos de Minvielle y Rebeca Ibarra Olivares, de la Fundación Licio y Gloria Lagos Terán, AC, «con el fin de obtener más donativos, las donatarias autorizadas deben demostrar que son organizaciones confiables; esto es, legal, social y contablemente responsables con el beneficio fiscal del cual han sido acreedoras» (La deducción de donativos en México: un mecanismo para la cohesión social).
Un ejemplo que acredita la necesidad de transparencia es que, según datos de la Secretaría de Hacienda, en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, a casi 1,300 asociaciones civiles se les revocó o dejó de renovárseles la autorización para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Sin embargo, no se conoció oportunamente el procedimiento de verificación o control sobre el cumplimiento de los requisitos para la liquidación de tales asociaciones, en particular el que las obliga a destinar la totalidad de su patrimonio a entidades semejantes.
A ello obedeció, en parte, un punto de acuerdo presentado en octubre de 2009 por los senadores panistas Gustavo Madero Muñoz y José Isabel Trejo Reyes, por el cual se exhortaba a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que analizara, valorara y, en su caso, incorporara en el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2010 «mecanismos para mejorar la transparencia en el destino de los donativos que reciben las donatarias autorizadas, así como en el control y fiscalización de éstas al momento de su liquidación».
La exhortación fue enviada por los senadores a los diputados, cuya mesa directiva lo turnó el 20 de octubre de 2009 a la Comisión de Hacienda y/o a la de Presupuesto de San Lázaro. En estos días en que se prepara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, sería deseable que quienes elaboran una y otro en la Secretaría de Hacienda tuvieran presente la propuesta de los senadores Madero y Trejo y que la Cámara de Diputados, en su momento, desempolvara el punto de acuerdo que recibió del Senado hace casi dos años.
Por supuesto, no se trata de obstaculizar la creación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, cuyas peculiaridades y problemas fueron expuestos recientemente por Mónica Tapia, directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades (Enfoque, 14/08/11), pero sí de revisar el marco normativo y regulatorio en materia asistencial, a fin de hacerlo eficaz, claro y completo, teniendo en cuenta que la falta de controles y la discrecionalidad, unidas, favorecen opacidades y excesos en una tarea noble que debe ser modelo de rectitud y transparencia. Un sano equilibrio entre simplificación y rendición de cuentas puede generar certezas y beneficios para todos, excepto para los intereses
Fuente: Reforma, Opinión. p. 11.
Por: Eduardo R. Huchim.
Publicada: 16 de agosto de 2011.
