El fraude en los sistemas de medición de emisiones contaminantes de diésel sigue ampliándose en el sector del automóvil. La fiscalía de París pidió este jueves, según ha dado hoy a conocer, la apertura de una investigación judicial sobre los motores diésel de la marca gala Renault. Justo un año después de que las acciones de la compañía se desplomaran por las inspecciones realizadas por el Gobierno en varias de sus sedes, la fiscalía pone a trabajar a la justicia por sospechar que la empresa ha engañado a los consumidores.
El 14 de enero del pasado año las acciones llegaron a bajar hasta en un 20% en pocas horas. Este viernes, la caída ha rondado el 2,5%. Y, sin embargo, los elementos son más contundentes que entonces, tras más de un año de inspecciones por parte de las autoridades francesas. La ministra de Medio Ambiente Ségolène Royal puso en marcha tales inspecciones en octubre de 2015. El Ejecutivo no solo está dispuesto a desenmascarar el fraude, en caso de que exista. También ha declarado la guerra al diésel en un país en el que este carburante domina todavía el mercado.
La fiscalía, según la nota emitida este viernes, pide la investigación por presunto engaño acerca de las cualidades de sus vehículos y los controles realizados sobre emisiones peligrosas para la salud humana y la salud animal. La compañía ha emitido un comunicado en el que dice no estar oficialmente informada de la apertura de la investigación judicial y asegura que sus vehículos no están equipados con software fraudulento que engañe sobre sus emisiones. «Nuestros vehículos», añade la nota, «están y han estado siempre homologados conforme a la ley y los reglamentos».
El valor de las acciones de Renault, cuyo grupo detenta también las marcas Dacia y Renault Samsung), superaba los 84 euros al mediodía de este viernes, lejos de los 98,52 euros que llegaron a valer en mayo de 2015. Durante ese año, Renault aumentó sus beneficios un 48%. El nivel de su valor en Bolsa no ha vuelto a alcanzar aquel máximo de hace año y medio.
Fuente: ElPaís