Bajo nivel salarial, jornadas de trabajo no reguladas y prestaciones acotadas, si es que existen (sólo 154 personas ocupadas en este sector en el país cuenta con aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi). Hay que añadir los prejuicios de clase, discriminación racial y de género y la percepción generalizada sobre el trabajo doméstico remunerado, que coloca a quienes lo realizan en el grado de servidumbre a la que debe tratarse con desconfianza. Si se quiere cerrar el círculo, debe incluirse la probabilidad de trata de personas y de explotación de menores de 18 años.
Lourdes Pacheco, compañera de trabajo, me miró sorprendida cuando le platiqué que la oaxaqueña Marcelina Bautista encabeza un sindicato de trabajadoras domésticas que reclama condiciones decentes de salario, jornada laboral regulada y prestaciones básicas. En México, 2.4 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, ya sea como personal para limpieza, mantenimiento o cuidado de niños, personas adultas o enfermas. El plan de Bautista es que los agremiados al sindicato cuenten con un contrato que les garantice un salario profesional (designado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos), jornadas de trabajo que no excedan las 8 horas diarias, días de descanso, vacaciones con goce de sueldo, aguinaldo y seguridad social. Por lo menos.
“Los trabajadores y trabajadoras domésticas deben tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, y por supuesto eso incluye la libertad sindical, pero también temas fundamentales como es el derecho a jornadas laborales reguladas, descanso semanal, condiciones de empleo, cobertura de seguridad social. Y, desde luego, la prohibición del trabajo infantil: en el caso de México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo habla de 100,000 niños y niñas de entre 12 y 17 años con trabajo”, dijo Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, en entrevista telefónica para hablar sobre el sindicato de Bautista.
Marcelina Bautista no es ninguna improvisada. Desde 1988, con la creación del Grupo de Trabajadoras del Hogar La Esperanza, ha emprendido una cruzada por dignificar el trabajo de las empleadas domésticas, con cursos de capacitación, asesoría sobre derechos humanos y laborales y atención emocional. En 2000 creó la asociación civil CACEH (Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar) y el 17 de septiembre de 2015 presentó una solicitud a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal para registrar oficialmente el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. “Las principales demandas que tenemos son la seguridad social, el horario estipulado de trabajo, un salario digno y, principalmente, que el contrato colectivo de trabajo sea trabajado con la contraparte, con los empleadores, para que sea un contrato que beneficie a ambas partes”, dijo Bautista en sus oficinas, un angosto cubículo prestado por el Sindicato Nacional de Telefonistas en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de México.
De inmediato, tras escucharme, Pacheco se deslindó de cualquier posibilidad de explotación o maltrato y me dijo que quien ayuda en las labores domésticas de su casa goza de ciertas prestaciones, por supuesto no formalizadas ante ninguna autoridad de gobierno: comida, recámara personal y días de descanso regulares o excepcionales. “Siempre le damos permiso cuando necesita ir a su casa, sin importar cuántos días sean”, me dijo.
En hogares con altos niveles de ingreso podrá haber resistencia a la firma de un contrato de trabajo que implique prestaciones laborales, pero al final se aceptará “porque necesitan a estas trabajadoras”, dijo Ignacio Román, profesor investigador en temas de economía de la universidad Iteso, en entrevista telefónica desde Guadalajara. El gran problema será en los hogares de menores recursos. “Estas mujeres tienen niveles de ingresos sumamente precarios no por la imagen que tenemos digamos en las colonias ricas, sino fundamentalmente por la precarización del mercado del trabajo en general. Hay muchos hogares que no tienen posibilidad de pagar un ingreso mínimamente aceptable, debido a que estos mismos hogares están en una condición difícil”.
De acuerdo con Román, del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Iteso, “estas trabajadoras domésticas están subsidiando no solamente a los patrones directos sino a las empresas que contratan a esos patrones. Están subsidiando las utilidades de las empresas de los bajos salarios de los propios patrones”.
El aparato económico de México no es apto para la formalización del trabajo doméstico, debido principalmente a las condiciones económicas de los empleadores mayoritarios. 19 millones de hogares (60% del total) cuenta con un ingreso mensual menor a los 10,000 pesos. Cada hogar cuenta con 4 personas en promedio (3.8) y sólo 2.4 en promedio generan ingresos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi. “En una situación así, las trabajadoras domésticas no podrían simplemente reclamar mayores salarios porque ella mismas verían que están en un entorno donde los patrones están posiblemente en una situación similar a la de ellas”, dijo Román.
Patrón formal, de la noche a la mañana
El sindicato de Marcelina Bautista podría convertir a Adriana Islas en un patrón con obligaciones ante la administración pública federal. Si eso ocurre, su única empleada deberá contar, por lo menos, con un contrato firmado, registro ante el Seguro Social, cuotas para Infonavit, fondo de ahorro para el retiro, vacaciones, aguinaldo y cesantía por maternidad en caso necesario.
Islas es empleada del gobierno. Trabaja de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los fines de semana, cuando descansa, en lo último que piensa es en labores domésticas. Por eso, los lunes, Margarita llega a las 9 a su casa, revisa la lista de labores que Islas dejó sobre la mesa y comienza su propia jornada laboral.
Islas está de acuerdo con la posibilidad de ofrecer prestaciones laborales a Margarita, más allá de los 1,600 pesos que le paga mensualmente por cuatro jornadas que rondan las 8 horas de trabajo cada una. Sus dudas radican en la forma de implementación de un nuevo esquema donde ella sea patrona y Margarita, su empleada. ¿Aumentarán sus obligaciones fiscales ante el SAT? ¿Deberá darse de alta en la Secretaría del Trabajo? ¿Estará obligada a contar con un registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)?
El entramado legal en México no está preparado para la formalización del trabajo doméstico.
En este momento, la Ley Federal del Trabajo (LFT) apenas menciona el trabajo doméstico y unas pocas obligaciones patronales: buen trato al empleado, pago de salarios hasta por un mes en caso de enfermedad además de asistencia médica hasta la curación o la atención de “algún servicio asistencial” para el trabajador y, en caso de muerte, el pago de los servicios fúnebres. La reforma de octubre de 2012 a la LFT obliga a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a relacionados con el un salardomésticopional para este sector, pero a la fecha no se ha cumplido el mandato.
“Desde la ley se nos hace una discriminación al trabajo del hogar. De los 13 artículos sobre trabajo doméstico (de la LFT) en ningún lado se habla de la seguridad social, contrato de trabajo o un horario, por lo tanto es lo contrario de lo que deberíamos tener nosotras”, dijo Marcelina Bautista.
El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un documento rector para la formalización del trabajo doméstico en los países de la ONU. México se adhirió al C189 en 2011, pero el Senado no lo ha ratificado, lo que impide su aplicación en el país. “Lo que dice el convenio es que éste es un tipo de trabajo que por elementos históricos y estructurales no se ha valorado ni sensibilizado ni adaptado con garantías laborales ni de condiciones como cualquier otro trabajo”, dijo Ana Güezmes, de ONU Mujeres.
Un empujón desde la tecnología
Cecilia Retegui encabeza un desarrollo digital que conecta a prestadores de servicios domésticos con personas que lo necesitan. Su aplicación se llama Zolvers y en México cuenta con 3,500 prestadores registrados. No es el único servicio digital en este rubro. También existen Aliada, del mexicano Rodolfo Corcuera, o Nidmi, de Jose Manuel Piquer.
Zolvers se presenta como un desarrollo de mujeres para mujeres, aunque la oferta de servicios no discrimina géneros. Su intención es conectar a las trabajadoras del hogar con clientes que necesitan sus servicios, con un esquema basado en la confianza y con un tabulador que rige precios y horarios. Se trata de un modelo tipo Uber, la aplicación digital que conecta a conductores con personas que necesitan un servicio de transporte en la ciudad. Con Zolvers, la trabajadora doméstica “elige sus trabajos, elige los horarios que quiere y que estén cerca de su casa. Por el hecho de tener volumen de servicios en la aplicación, ella puede tener los mejores trabajos que quiera”, dijo Retegui en entrevista telefónica desde Buenos Aires, donde Zolvers tiene su sede corporativa.
El tabulador de Zolvers para empleadas domésticas es mucho mayor que el promediado por el sindicato de Marcelina Bautista. Para Zolvers, la hora de trabajo es de 66 pesos en “una típica visita de cuatro horas una vez por semana”. Lo que representa un ingreso de 528 pesos al día en una jornada de 8 horas, frente a los 250 pesos promedio de las empleadas domésticas de México.
Servicios como Zolvers tienen dos implicaciones para la formalización del trabajo del hogar. Por una parte, ayudan a las empleadas domésticas a trabajar en un entorno de confianza, mediante esquemas de certificación de patrones, con horarios regulados y tarifas competitivas. Por otra parte, permiten a los empleadores domésticos deslindarse de las responsabilidades y otorgarlas a compañías privadas.
“Los servicios digitales son una manera de conectar la demanda con la oferta laboral, pero lo que buscamos es que cualquier forma de organizar este estado laboral se haga en un marco regulatorio que respete las garantías de trabajo”, dijo Güezmes.
En la visión de Ignacio Román, del Iteso, estas aplicaciones funcionan como empresas subcontratistas tipo Adecco o Manpower, que determinan las condiciones laborales y pueden conducir a la precarización salarial. “La bronca sería que finalmente el ganador con la formalización del trabajo doméstico sea el subcontratista y no la trabajadora”, dijo.
La tecnología puede ser un factor de cambio, pero el verdadero reto es reformar el estado de las cosas.
La experiencia latinoamericana
Lourdes Pacheco y Adriana Islas están dispuestas a mejorar las condiciones económicas y sociales de sus empleadas domésticas, pero las preguntas sobre su implementación las hacen dudar.
Algunos países de América Latina se han adelantado a México en las respuestas. Para el caso argentino, los empleadores están obligados a registrar al personal doméstico ante la autoridad fiscal, que ofrecerá prestaciones sociales a las trabajadoras domésticas y retribuirá la participación ciudadana con la deducción del impuesto a la renta.
Un esquema parecido ocurre en Brasil, donde los empleadores pueden deducir el salario otorgado a los empleados domésticos, según una reforma de 2015 y con la que Dilma Rousseff decretó otro fin de la esclavitud: “Esta ley rompe con uno de los capítulos más tristes de nuestra historia, que es el trabajo esclavo dentro de las propias casas”.
Para avanzar en la solución se requiere de la sensibilidad de los legisladores, para desarrollar reformas y reglamentos que mejoren las condiciones de las empleadas domésticas, partiendo del Convenio 189 aprobado por México en la Organización Internacional del Trabajo. Pero también se requiere de un compromiso ciudadano, para visibilizar a las empleadas domésticas y avanzar en la mejora de su situación. Hasta que eso pase, ni las empleadas domésticas ni sus eventuales patrones tendrán certeza del camino a seguir.
Fuente: El Economista
