En consideración a las preocupaciones expresadas por la CANACERO y CANACINTRA, con respecto a que la aprobación de la Ley General de Cambio Climático puede provocar problemas como la reducción de empleos, una carga presupuestal negativa e incluso que puede afectar la competitividad de la industria, las organizaciones firmantes expresamos que la Ley General servirá para promover la creación de empleos en sectores económicos verdes, mejorar la competitividad de la industria nacional para hacer una más limpia, eficiente y competitiva a través de mejores estándares y lograr la transición hacia una economía baja en carbono, promoviendo incentivos económicos y transferencia de tecnologías necesarias para lograrlo.
Como sociedad civil, sabemos que las leyes deben regular las conductas y en este caso, esta Ley promueve la regulación de actividades que son contaminantes. La industria minera del carbón del Estado de Coahuila que ha expresado su oposición a la aprobación de la Ley, no sólo contribuye con las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sino también destruye extensas áreas naturales, causa erosión del suelo y agota los mantos freáticos, reduciendo así la propiedad de la nación.
A lo anterior se suma la mala actuación social y laboral de la industria, la cual ha provocado, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo y de la organización Familia de Pasta de Conchos, que en los últimos 6 años 132 personas hayan perdido la vida en estas minas de carbón.
La quema de carbón para generar electricidad o en los procesos industriales del sector acerero, emite contaminantes volátiles que provocan problemas locales y regionales (humos negros, lluvia ácida), entre los que destacan el material particulado (PM), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el monóxido de carbono (CO), que afectan la calidad del aire y dañan la salud de las familias.
El 72% de las emisiones de CO2 del sector de generación eléctrica corresponde a la quema de carbón. Por lo tanto, el carbón, de principio a fin es el combustible más sucio para el ambiente y el clima del planeta. Siendo el 30% de las emisiones nacionales de CO2 las que corresponden a la quema de carbón, para generar tan sólo el 8% de la energía eléctrica. ¿Es necesario seguir cargando con todos los impactos sociales y ecológicos de la industria minera del carbón sólo por beneficiar a unos cuantos industriales? ¿Es correcto anteponer los intereses de unos cuantos al interés de 112 millones de mexicanos?
Sin embargo, la ley no busca terminar con esta actividad, por el contrario la regulará para disminuir sus impactos nocivos. La Ley promueve un uso racional de los recursos naturales, así como la eficiencia energética y el uso de energías renovables como alternativas; todo esto generará nuevas inversiones y empleos, con beneficios de largo plazo y mejor competitividad del país. La ley incluso promueve ahorros de hasta 136 mil millones de pesos si se redujeran de manera paulatina los subsidios a los combustibles fósiles que profundizan el problema no sólo de cambio climático, sino también de desigualdad social, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad. Dichos ahorros podrían promover incentivos e inversiones en actividades que llevarán al desarrollo y crecimiento económico del país. Es necesario reconocer que la inacción provocaría costos por más del 12% del PIB como ya lo ha señalado el estudio de Luis Miguel Galindo sobre la Economía del Cambio Climático para México.
Si la Ley vuelve a abrirse para comentarios promovidos por la industria, tendrá que regresar a la Cámara de Senadores, y esto retrasaría su aprobación, arriesgando que la Ley sea publicada en este periodo, y con ello, la amenaza de que quizá nunca tengamos Ley de cambio climático. Las organizaciones firmantes consideramos que las preocupaciones de la industria del carbón no deben anteponerse al bienestar del resto de la población. La Ley debe ser aprobada a la brevedad, no tenemos tiempo que perder.
Fuente: Comunicado de Prensa.
