Las parejas gay en Jalisco que quieren formar un matrimonio recurren a la vía del amparo y no a otras figuras como la libre convivencia
Las parejas homosexuales en Jalisco no fueron las primeras en firmar la Ley de Libre Convivencia, que otorga a dos o más personas beneficios similares a los de un matrimonio.
Activistas y promotoras de los derechos de homosexuales y lesbianas atribuyen este hecho a que las parejas del mismo sexo no ven en la nueva figura legal una opción para obtener derechos sociales y patrimoniales similares a los de un matrimonio.
“No se ha considerado como una opción por la forma en que fue redactada la ley, la forma en que fue mutilada y finalmente promulgada”, dijo en entrevista Guadalupe Ramos Ponce, activista y representante en el estado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
La iniciativa decía originalmente que la libre convivencia era un acuerdo entre dos personas de diferente o mismo sexo que establecían un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua y se constituía en el Registro Civil, pero fue modificada en las comisiones del Congreso de Jalisco para ser un contrato civil firmado ante notario que se asocian “para brindarse ayuda mutua”.
Los legisladores de Jalisco aprobaron la ley en octubre pasado, en medio de la oposición de grupos conservadores que señalaban que con esta legislación “se abría una puerta” a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la crítica de colectivos de homosexuales y lesbianas, que lamentaron que los diputados no se hubieran “atrevido” a aprobar directamente el matrimonio gay.
Con base en su experiencia en asesorar legalmente a parejas homosexuales, Ramos Ponce dice que éstas prefieren recurrir a la vía del amparo para conseguir casarse.
Para Paty Betancourt, fundadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans, esta ley no es el instrumento adecuado para una pareja con una relación afectiva, que quieren compartir una vida, derechos sociales y vivir bajo el mismo techo.
“Yo califico bien lo de la ley de libre convivencia, pero para otras necesidades que tendrían que ver con fines lucrativos, como dos personas o más que se quieren asociar en algo, que tiene que ver mucho con cuestiones económicas, pero no afectivas y de garantizar a tu pareja seguridad social o patrimonial”, dijo Betancourt.
Señaló que integrantes de la comunidad lésbico-gay mantendrán el objetivo de conseguir que los legisladores en Jalisco aprueben directamente el matrimonio homosexual y que la Ley de libre Convivencia fue un paso, pero no satisface las necesidades de quienes pretenden una unión civil.
“Vamos a insistir, este fue el primer paso (la Ley de Libre Convivencia), aunque realmente nos dieron ‘atole con el dedo’… estamos seguros (la comunidad LGTB) de que podemos conseguir que los legisladores aprueben una ley más estructurada”, agregó.
La ley no es «exclusiva»
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Velázquez, responsable de la iniciativa, dijo en entrevista que durante el primer mes de vigencia de la ley, al menos cuatro parejas del mismo sexo se acercaron a su oficina para solicitar información sobre esta nueva figura legal.
“Aunque hay un sector que va por el matrimonio igualitario, que es una lucha de estos sectores de mucho tiempo, hay otros que están optando por la libre convivencia”, señaló el legislador.
Sin embargo, este viernes, las primeras en firmar un contrato ante notario con la figura de libre convivencia, son una madre y una hija, quienes buscan obtener beneficios en la adquisición de un seguro. El segundo caso de personas interesadas es una mujer y su sobrino a quien quiere darle derechos en servicios de salud.
Un segundo caso de personas interesadas, es el de Diana Mirna Lozano Rodríguez quien quiere dar seguridad social a su sobrino Omar Reyes de 26 años, un joven que desde los 11 años de edad padece diabetes.
El Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Libre Convivencia el octubre del 2013 que permite a dos o más personas que vivan en el mismo hogar –sin importar sexo o parentesco-, compartir beneficios mutuos como seguridad social o patrimonial mediante un contrato firmado ante notario.
Una ley sin derechos completos
Ramos Ponce, doctora en Derecho y maestra en Administración de la Justicia y Seguridad Pública y asesora a parejas del mismo sexo que se quieren casar en Jalisco, dijo que la Ley de Libre Convivencia prohíbe la adopción, no considera “familia” a los firmantes y se trata de un contrato ante notario, no de una unión ante un juez.
“Además tenía un claro mensaje y así lo decían los propios promotores: que no estaba destinada para la comunidad lésbico-gay, como efectivamente se señala en la propia ley”, abundó la abogada.
Advirtió que la mayoría de las parejas del mismo sexo que quieren “legalizar” su unión, prefieren un camino más largo -el amparo- aunque casi seguro al matrimonio. Un proceso legal de este tipo puede durar hasta un año, según la experiencia de grupos de activistas.
Detalló que con base en información de otros colectivos –con los que se reunieron la primera semana de febrero- y datos propios, hay al menos cinco amparos en trámite otras solicitudes de información para iniciar este proceso jurídico.
CNNMéxico trató de contactar a las parejas del mismo sexo que tramitan un amparo para contraer matrimonio en Jalisco, pero hasta ahora no ha sido posible localizarlos.
En Jalisco no está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo en diciembre del 2013, una pareja consiguió casarse ante un juez de la localidad debido a un amparo que obtuvieron con el apoyo de Ramos Ponce.
Fuente: CNN
