El Gobierno de España debe trabajar más para aplicar de manera efectiva y real la legislación relativa a promover los derechos de las personas discapacitadas. Así lo manifestó este martes Xavier Torres Correa, relator especial del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano reunido en Ginebra para abordar la situación en España, que en 2008 ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre este tema.
Asociaciones de discapacitados acusan al Gobierno español de no aplicar la Convención, pese a su ratificación e incorporación al ordenamiento jurídico español.
Torres Correa afirmó que España no ha facilitado información sobre la situación de pobreza en la que viven las personas discapacitadas, sobre las medidas de autonomía personal y acceso a la salud o sobre empleo, en concreto sobre la obligación de que las empresas de más de 50 empleados empleen a un 2% de discapacitados. El relator afirmó que tampoco se ha podido comprobar la eficacia de las medidas para frenar la violencia contra los niños y mujeres que viven con algún tipo de discapacidad funcional, y denunció que no se haya avanzado lo suficiente en materia de accesibilidad. Otro elemento clave la educación. «Se ven casos de discriminación con jóvenes a los que se obliga a seguir, no en el ámbito ordinario escolar ordinario, sino parte en el regular y parte en educación especial», dijo recordando que esto contraviene el espíritu de la Convención.
No obstante, el relator aseguró a Efe que se ha entablado un «diálogo constructivo con España» y que «poco a poco el Estado está dando respuesta y comprometiéndose a medidas de manera progresiva».
Para la secretaria general de Política Social del ministerio de Sanidad, Isabel Martínez Lozano, hay «grandes avances» logrados en España en atención y promoción de derechos de este colectivo, recordando que España fue el primer país europeo en ratificar el texto de la ONU.
No lo ven de la misma manera representantes de asociaciones de discapacitados como SOLCOM, cuya vicepresidenta Mónica Munay, madre de una joven de 17 años escolarizada en el sistema ordinario tras una batalla legal de varios años, denunció que el Estado español no cumple lo estipulado en la Convención de la ONU. «Nos llegan todos los días casos de discriminación escolar en el ámbito estatal», declaró a Efe Munay, que lamentó que muchos padres «no tienen los medios, ni los recursos, ni los conocimientos para poder acceder a la justicia» cuando sus hijos son discriminados. Es el caso de María de los Santos, que tiene un hijo de 9 años con discapacidad funcional: «a mi hijo se le obliga a un tipo de escolarización que consideramos que no es inclusiva, con lo que, como dice la Convención, se están violando su derechos humanos».
Fuente: Elmundo.es
Publicada: 22 de septiembre de 2011.
