Ayer mismo en el Congreso de los Diputados en España, el PSOE defendía que aquellas empresas que no acrediten su Responsabilidad Social Empresarial son empresas “toxicas e irresponsables”.
Ante la demonización que una parte de la izquierda ha hecho siempre de la actividad empresarial, cabe preguntarse quién concede los títulos de RSE, y si en esta época de honda crisis nacional cumplir el objeto social de la empresa, pagar puntualmente a los trabajadores y hacer frente a los múltiples tributos no es ser suficientemente responsable.
En ocasiones es necesario que cierre una empresa para que se observe con justicia el gran papel social que hacía mientras estaba abierta.
Hoy para las empresas españolas la responsabilidad social consiste en llegar a fin de mes sin bajar definitivamente la persiana.
La Responsabilidad Social de las Empresas –RSE-, definida por la Comisión Europea como “la incorporación voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en el seno de la empresa” es hoy en España objeto de creciente debate.
Con motivo de la aprobación en la Unión Europea del Libro Verde sobre la RSE en 2001, y hasta hace poco, el interés por esta cuestión no ha dejado crecer. Sin embargo en lo próximos años, salvo en su vertiente ética y de transparencia, corre el riesgo de perder vigor y relevancia.
La cuestión de la responsabilidad de las empresas, dado que tiene un carácter voluntario y supone en el corto plazo un esfuerzo adicional al del mero cumplimiento de las obligaciones legales, requiere de crecimiento económico y holgura empresarial.
Los empresarios o los directivos que tengan que pelearse por sobrevivir, por mantener la puerta abierta, deambulando en el umbral de la rentabilidad, sin una mínima solvencia, no se pueden permitir estas preocupaciones adicionales, estas inversiones de indefinido retorno, esta adición, que es la responsabilidad social de las empresas.
Esta inquietud por la RSE se la permiten sociedades desarrolladas, avanzadas, y dentro de ellas, empresas rentables. Por tanto el pretendido choque entre “lo social” y “lo económico”, no solo no existe, sino que son las dos caras de una misma moneda, sin esto no es posible aquello.
Y aunque es cierto que la vertiente externa de la RSE, aquella en la que se puede decidir si una parte del beneficio empresarial se destina a cooperar con el entorno social y ambiental, se va a resentir enormemente en esta situación de galopante crisis nacional, el concepto no pierde valor en absoluto.
De hecho, el componente interno de la de la responsabilidad social interna, es decir, qué hace la empresa en su proceso de producción normal para favorecer el entorno social, gana importancia.
Sin descuidar que el objetivo fundamental de una empresa es mantener su actividad, y con ella empleo, tributos y merecidos beneficios, las empresas están acometiendo además actividades hasta ahora ajenas a la actividad comercial.
Cada día la incorporación de personas con discapacidad, de mujeres maltratadas y de colectivos con dificultad de inserción social, cobra una mayor importancia por su eficacia probada en la plena integración social del individuo.
Ahora sin embargo, cuando más de 100.000 empresas han cerrado sus puertas en el último año, y miles de personas con discapacidad, más de 400.000 jóvenes y medio millón de mujeres, han visto como su empleo se destruía, a quién cabe exigir esa responsabilidad social es al gobierno.
Y si se considera tóxica o irresponsable a aquella empresa que destruye empleo, un gobierno que llevado al paro en solo un año a más de 500.000 mujeres, 400.000 jóvenes, 300.000 inmigrantes y miles de personas con discapacidad solo puede ser considerado como altamente tóxico e irresponsable.
