Por: Antonio Tamayo Neyra
En el transcurso del actual mes de julio, en México se ha venido discutiendo la llamada reforma energética, la cual implica primordialmente cambios trascendentales en la manera como se ha manejado hasta ahora la extracción del petróleo entre otros aspectos.
No es la intención hablar de los pros y contras de dicha reforma, pero sí de la enorme responsabilidad social que tienen los miembros del congreso en su elaboración. El percatarse de todas las repercusiones que actualmente tienen y eventualmente puedan llegar a tener las disposiciones que se aprueben.
Estoy consciente que nunca se tendrá una ley perfecta ya sea en este país o en otro cualquiera, pero si es importante que alguien que ocupa un puesto político, se percate que su primera y máxima responsabilidad es social.
Hasta ahora, mucho de lo que se habla y se dice de este tema está encaminado a la actividad de las empresas, pero poco o nada se dice en relación al papel de los gobiernos en cualesquiera de sus órdenes, ejecutivo, judicial, y del legislativo al que ahora me refiero.
Y uno de los temas en estas nuevas leyes es el relacionado a establecer las condiciones necesarias para evitar la corrupción; es notable observar que mucho de lo que se discute es el cómo detener posibles actos delictuosos. En otras palabras, la desconfianza es uno de esos temas prioritarios y por lo tanto resulta muy costosa para toda la sociedad.
Y es posible observar también que dicha sociedad está dispuesta a pagar ese costo por el elevado nivel de desconfianza; dicho de otra manera, existe un bajo nivel de responsabilidad social, o de poca confianza entre los agentes sociales y por ello hace necesario establecer múltiples candados, lo que en palabras llanas conocemos como un exceso de burocracia.
Como contraparte, ese misma sociedad pide una ley que sea perfecta, sin saber lo que esto último signifique. Pero la multimencionada sociedad también tiene una enorme responsabilidad social, ya que a pesar de las fallas o deficiencias que pudiera tener la legislación de la reforma energética, necesita al menos ser socialmente responsable para que la pueda operar, sin ser necesario poner tantos candados para evitar la corrupción.
Dicho en otras palabras, mientras no existan a lo menos ciertos niveles de responsabilidad social en hacer las leyes por una parte y de cumplirlos por la otra, no habrá candados suficientes para evitar la corrupción, y por consiguiente no se lograrán los propósitos de la legislación que se elabore.
Y para lo antes mencionado se necesita tener confianza, algo que a nivel de sociedad hace mucha falta, y esta no se podrá generar mientras no se tenga y aplique la responsabilidad social entre todos los actores y miembros de la sociedad.
Seguiremos platicando…
Blog: http://atamayon.blogspot.com
Antonio Rey Tamayo Neyra
Dedicado al periodismo de investigación desde 1987 especializado en temas socioeconómicos. Desde 1991 colabora en el periódico El Financiero como Coordinador Editorial y Redactor de Proyectos Especiales, además de colaborar en otros medios. Desde el 2002 involucrado en la Responsabilidad Social, escribiendo y realizando proyectos editoriales de este tema, y además documentando las actividades de las empresas (tipo caso)
También es profesor de posgrado e imparte capacitación en relacionales laborales.
Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; su preparación profesional posterior incluye un Diplomado en Responsabilidad Social en el Tecnológico de Monterrey, y un Curso del mismo tema en la Universidad Abierta de Cataluña. Actualmente estudia la Maestría en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Abierta de Cataluña.
