Esas urbes submarinas de ensueño protegidas por domos inmensos o los vehículos que vuelan sobre las metrópolis en la película de Blade Runner tardarán bastantes años en ser realidad. La ciudad que viene, la de dentro de un par de décadas, no rompe radicalmente con la apariencia de la actual. Eso sí, en sus entrañas y de una manera silenciosa, vivirá una transformación similar a la de la llegada de Internet a nuestras vidas, afirman las empresas tecnológicas y las ciudades que ya se han montado al tren del cambio. La urbe, con ayuda de la tecnología, será más limpia, ecosostenible, ofrecerá una mejor calidad de vida a sus vecinos. Deberá ser mejor gestionada por sus gobernantes. El primer reto: ¿Quién pagará la factura?
El cambio no es un asunto meramente estético. En el año 2050, el 75% de la población mundial vivirá en ciudades, según Naciones Unidas. Esto equivale a 6.000 millones de personas. En España, esta cifra se eleva hasta el 82%. «El cambio climático derivará en migraciones a gran escala dentro de cincuenta años», asegura Greg Clark, presidente de Business of Cities. Los recursos naturales disponibles son limitados y hay que estar preparados buscando un modelo que permita racionalizarlos.
El paradigma de esta nueva concepción se llama smart cities (ciudades inteligentes, en inglés) y fue el tema de debate durante la Smart City Expo World Congress, que se celebró a principios de diciembre en la Fira de Barcelona. Allí se dieron cita más de 300 expertos de 20 países del mundo y se presentaron varias aplicaciones que ya se ven en algunas ciudades españolas como la capital catalana, Santander o Málaga.
La urbe será más limpia, ecosostenible, ofrecerá una mejor calidad de vida a sus vecinos
Una smart city, según los expertos, es una urbe que aplica soluciones innovadoras para conseguir una mayor calidad de vida de sus habitantes. Esto pasa por la tecnología. Ahora es posible crear ciudades «sensibles», que mediante sensores, por ejemplo, arrojen datos en tiempo real sobre temas claves como la contaminación, las basuras, el tráfico o el consumo energético. Y con toda esa información centralizada es posible tomar mejores decisiones, más efectivas y rápidas. Carlo Rattu, director del laboratorio SENSEable City del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hace un símil automovilístico. Hace 20 años, en la F-1, la principal preocupación de las escuderías era quién tenía el motor más potente o la mejor aerodinámica. Ahora, aunque esto sigue siendo importante, es fundamental la telemetría, es decir, la tecnología que posibilita conocer en tiempo real los datos sobre las condiciones de la pista y del vehículo. Allí está el secreto para llegar al podio.
Un caso exitoso de la puesta en marcha de esta idea es el programa Digital Birmingham. La ciudad inglesa instaló una red inteligente de contadores de electricidad en una cincuentena de hogares en la zona de Edgbaston. El sistema permite a las familias conocer su consumo a través de Internet y así planificar estrategias para ahorrar. Según Mike Whitby, el alcalde de la ciudad, en las primeras 12 semanas de implantación los hogares-laboratorio redujeron sus facturas en un 60% (unos 40 euros menos) y evitaron la emisión de 12 toneladas de CO2 a la atmósfera.
El paradigma de la nueva concepción se llama smart cities
La organización del tráfico rodado también es uno de los aspectos en los que más se ha adelantado en la ciudad «sensible». Por ejemplo, San Francisco desplegó un sistema de sensores y señales lumínicas en el 25% de sus plazas de aparcamiento, muy similar al que se puede encontrar en algunos centros comerciales o parkings privados. Esto le permite al conductor encontrar un sitio disponible a través de cualquier aparato que tenga la funcionalidad de geolocalización, como una tableta o un móvil. Otro ejemplo es Copenhaguen. Allí existe un sistema similar en el que el conductor conoce las plazas disponibles en un lugar determinado a través de SMS.
«Durante los últimos años los políticos han basado sus iniciativas en infraestructuras visibles, grandes edificios que dejaran huella física y evidente de su legado. Desde que comenzó la crisis han cobrado más sentido los proyectos de ciudad inteligente, invisibles a primera vista, pero mucho más beneficiosos para los ciudadanos», asegura Jordi Pugneró (CiU), teniente de alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), uno de los centros urbanos que más ha apostado por el modelo smart city en España.
Otra de las abanderadas de las infraestructuras invisibles es Santander. Según su alcalde, Iñigo de la Serna (PP), en tres años se prevé dotar a la ciudad de 20.000 sensores, algunos enterrados bajo el asfalto para obtener información sobre la movilidad, otros ubicados al aire libre, para monitorear los niveles lumínicos o sonoros. La idea es que la capital cántabra sea un gran laboratorio donde empresas y el mundo académico realicen experimentos sobre la infraestructura desplegada. El programa cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Una de las aplicaciones que allí se ha probado es la del sistema de regado de los jardines. Allí un sistema decide cuándo regar en función de la humedad ayudando así a evitar el desperdicio de agua.
Los desarrollos tecnológicos también aportaN la posibilidad de construir con materiales novedosos, que permitan la integración de sistemas de producción energética en los edificios. Un ejemplo es el edificio Mediatic de Barcelona, que incorpora unas membranas especiales que detienen la radicación solar. Gracias a un centenar de sensores, se gradúa la entrada de luz al edificio. Según cifras del Consistorio de la capital catalana, solo con un aislamiento térmico eficiente se puede ahorrar cerca del 50% de la energía utilizada en una vivienda.
Algunos expertos también dan un paso más allá y abren la posibilidad de reindustrializar la ciudad, revertiendo la tendencia de los últimos 50 años. Uno de ellos es Neil Gershenfeld, el director del Center of Bits and Atoms del MIT, que propone una «nueva revolución industrial», en la que máquinas de última generación podrían producir objetos de una manera limpia y sin ocupar mucho espacio dentro del tejido urbano. «En lugar de llevar los trabajos fuera de la ciudad podríamos producir de forma local muchos de los productos consumidos por los ciudadanos», asegura Gershenfeld.
Aunque la idea sobre la necesidad de cambiar de paradigma urbano es compartida, no hay ni mucho menos un consenso sobre cómo se debe hacer o cuál es el modelo a seguir. «Muchas ciudades tienen prioridades mucho más acuciantes que las de llenar sus calles de sensores», cree Ismael Fernández, presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas (ISOCARP por sus siglas en inglés). Las empresas desarrolladoras de tecnología aseguran que la idea las smart cities no es una burbuja. «El concepto no nace de una elucubración teórica ni de una necesidad de vender más tecnología, sino de una demanda real de los ciudadanos», argumenta Tobías Martínez, presidente de Abertis Telecom. Fernández cree que el problema de fondo es que las ciudades «siguen tendencias no ideas».
La participación privada sería indispensable para la implantación de tecnologías inteligentes
La realidad es que implantar algunas de estas tecnologías resulta costoso, especialmente en tiempos de crisis. Jordi Botifoll, vicepresidente sénior de EMEA-CISCO cree, sin embargo, que allí hay una oportunidad y se abre un nuevo horizonte para países como España. «En unas economías que por fuerza han de tener a la innovación como motor, la implementación del concepto smart supone una gran oportunidad para superar la brecha en competitividad», plantea Botifoll. Los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes podrían externalizar servicios por valor de 10.000 millones de euros a tecnologías smart, según ferrovial. Para el profesor de IESE Eduardo Martínez Abascal, los consistorios ahora están en capacidad de invertir, pues han sido las únicas administraciones públicas que han tenido superávit corriente en los últimos años. «El aumento de la deuda por parte de la administración municipal en los últimos tres años ha sido relativamente moderado, comparado con la generada por el Estado o las Comunidades Autónomas», explica. Según Martínez, el gasto medio por ciudadano entre los ayuntamientos oscila entre los 1.200 y 1.500 euros. En su opinión es bastante bajo si se compara con el gran catálogo de servicios de cercanía que ofrecen.
A pesar de ello, los números son los que son y la participación privada sería indispensable, algo a que los expertos advierten que no hay que tirarse en picada. «Hay un papel para la empresa privada, pero este ha de ejercerse sin menoscabo de la degradación democrática que supone eliminar la relación directa entre ciudadano y administración en la prestación de servicios públicos. Los mercados no hacen un buen trabajo coordinando las necesidades públicas, especialmente en los países en vía de desarrollo»,puntualiza Mildred Warner, profesora de Urbanismo de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Para evitarlo, el concejal de Birmingham Paul Tisley sostiene que no se puede contar con «un modelo único» de colaboración con la empresa privada, sino impulsar diferentes alternativas, desde contratos a largo plazo hasta joint ventures.
El debate de fondo radica en la necesidad, más allá de la tecnología, de una buena gobernanza. «La tecnología ha de ser considerada por defecto y la importancia recae en el fomento a la creación de los servicios que posibilita», explica Jonathan Warenham, director del departamento de Gestión de la Información de Esade. «Existe el poder de elección sobre el uso que damos a las tecnologías o sobre cuáles utilizamos o no», añade José Luis Marín, presidente de Endesa. En ese contexto se inscriben las decisiones políticas y el diseño de una adpatción particular. Anthony Twonsend, el director de investigaciones del Institute for the Future, apunta a la necesidad de un liderazgo político «no existirá una única respuesta trasladable de una ciudad a otra, por lo que cada una deberá encontrar sus propias soluciones».
En eso será fundamental el consenso político. «El número y fragmentación de los actores implicados hacen hoy difícil poner en marcha verdaderos proyectos transformadores», explica Bruno Berthon, director de Worldwide Sustainability en Accenture. Una tarea bastante ardua para un país donde el 84.1% de los municipios (6.821) tiene menos de 5.000 habitantes y se debate el papel de las autoridades supramunicipales.
Fuente: ElPais.com
Por: Camilo Baquero.
Publicada: 16 de enero de 2012.
