Una sociedad que ve con normalidad los actos de corrupción, que los acepta, que los solapa, incluso que los promueve, es un caldo de cultivo para la delincuencia, aseveró el presidente Felipe Calderón.
Por esa razón, propuso al Congreso de la Unión cambios legales para castigar a quien busque corromper a las autoridades y dar recompensas a los ciudadanos que denuncien.
El Ejecutivo envió al Senado de la República las iniciativas de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El mandatario explicó que la primera iniciativa propone sancionar severamente no sólo a quien recibe una dádiva sino a quienes pretenden corromper a las autoridades.
«Quienes den dinero o dádivas para obtener beneficios indebidos, para evadir requisitos, para ganar indebidamente una licitación, o quienes funcionen como prestanombres de otros que están impedidos para participar en contrataciones públicas, serán sancionados con severidad», advirtió.
De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, además se busca establecer sanciones que representen un verdadero costo para quien corrompa a la autoridad.
Expuso que la corrupción puede presentarse desde un contrato menor hasta una transacción de varios millones de pesos, por lo que la multa que contempla la ley podrá alcanzar hasta 30 por ciento del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular.
Además, los particulares que violen la ley podrán estar impedidos para volver a participar en contrataciones públicas por un periodo hasta de ocho años.
Por otra parte, Calderón propuso atribuciones claras, así como procedimientos simples y expeditos para combatir la corrupción con eficacia en todos los ámbitos del servicio público.
Es decir, esta iniciativa es la primera en su tipo en facultar a los tres Poderes de la Unión, al IFE, a la CNDH y al Banco de México -entre otras instituciones- para sustanciar y resolver las investigaciones, así como imponer sanciones.
En lo que corresponde a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el presidente dijo que busca hacerse más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción.
Indicó que la iniciativa prevé un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar o a acreditar conductas corruptas o contrarias a la ley.
En segundo lugar, busca mejorar sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos, por lo que se busca impedir que existan incrementos inexplicables en el patrimonio de los mismos y que, cuando se detecten, el Estado cuente con herramientas eficaces para que no quede impune esa falta.
En tanto Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), alertó que en promedio los montos de la corrupción en México equivalen a entre siete y nueve puntos porcentuales del PIB del país.
El líder empresarial dijo que, si se consideran los índices de crecimiento económico durante los últimos 12 años, éstos no ha alcanzado los cinco puntos porcentuales anuales y que el gasto total anual destinado a la educación no supera ese porcentaje, se puede dimensionar la cantidad de recursos perdidos por la corrupción.
Por ello -aseveró ante el presidente Calderón- la corrupción es uno de los principales factores pues inhibe la competitividad, trasgrede la ley, lastima las instituciones e impide un sano desarrollo de la sociedad.
Fuente: El Financiero, Sociedad, p. 8.
Reportero: Eduardo Ortega.
Publicada: 3 de marzo de 2011.
