Por Leopoldo Lara
Fueron cinco cajas (de huevo) las que encontraron en esa supuesta “refaccionaria” en Tabasco.
Primero se hablaba de más de 100 millones de pesos que en billetes de 500 y de mil pesos (eso sí, muy acomodados) estaban ahí contenidos.
Después, luego de un “peritaje” se llegó a la cifra mágica de 88 millones y medio de pesos en efectivo.
Ambas cifras dan escalofríos.
Dicen integrantes de la procuraduría estatal, que la propiedad del local y en su caso de las cajas de huevo y su contante contenido, está ligada al ex tesorero de ese estado.
Nadie sabe lo que él opina: no aparece por ningún lado. El ex gobernador Granier, su ex jefe, salió a decir que todo es parte de una venganza política del actual gobierno y que en todo caso, las cajas de huevo forman parte de un montaje mediático para inculparlo.
Será el sereno.
Lo cierto es que el ex gobernador Granier, por una cosa u otra, no ha dejado de ser noticia de amarilla a roja, en todos los medios del país y del extranjero.
Pero no es el primero.
Los escándalos -a ese nivel- de corrupción de autoridades, de desvío de fondos, de ligas con la delincuencia y de manejo indebido de funciones, aparecen todos los días en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Han pasado de ser la “comidilla” sexenal en las mesas del café, a un caso más del diario vivir, cotidiano.
Esa “normalidad” también nos ha permitido no escandalizarnos ante la tendencia negativa que año con año confirmamos cuando aparecen los “índices de corrupción” que en la mayoría de los países del mundo elabora “Transparencia Internacional” desde la década de los 80.
Hemos caído en picada nada más cien lugares, desde la primera vez que se realizó el estudio a 176 países en el mundo. Y vamos por más, no cabe duda.
Por ahora somos el peor país de la OCDE y apenas arriba de Indonesia y Rusia en el G20.
Y eso nos genera graves problemas.
En materia de corrupción y de acuerdo a datos oficiales del Inegi en su “encuesta sobre calidad de trámites y servicios del gobierno 2012” casi cuatro de cada diez mexicanos consideran como “muy frecuente” el grado de corrupción en todos los órdenes de gobierno.
Para el “Informe Kroll sobre fraude y corrupción 2012”, de todos los tipos de fraude que existen en México, la corrupción y los sobornos son lo que más impacta en las empresas mexicanas, siendo la principal área de pérdida con un 37%, casi doblando el promedio mundial que es del 19%.
Más de 2 mil millones de dólares al año. Un 9% del PIB.
¿Queremos vivir en un país así? ¿Querrán extranjeros venir a invertir? ¿Estaremos construyendo comunidades que retengan o atraigan talentos?
Adelanto una evidente respuesta: No.
Hay opciones para mejorar las cosas. La primera y más contundente es modificar las reglas del juego y entrarle en serio a un régimen de transparencia y rendición de cuentas.
La segunda, impedir la impunidad de los corruptos, de quien no rinda cuentas.
Año con año lo dice “Transparencia Internacional México” cuando nos restriega en la cara las malas noticias.
Ayer lo dijo el presidente del IFAI refiriéndose al caso Tabasco: “el campo fértil para la corrupción es la oscuridad”.
Los ciudadanos debemos organizarnos para muchas cosas en beneficio colectivo. Una de ellas es para exigir transparencia y rendición de cuentas de todos, todos los funcionarios del gobierno.
Nadie, que administre recursos públicos, está exento de rendir cuentas, ni de pagar ante la ley por su opacidad.
En nuestra comunidad existe un gran consenso ciudadano por saber qué pasa en el gobierno; cómo y por qué gasta. Existen mecanismos que las leyes y reglamentos contemplan, como el Comité de Transparencia y el de Evaluación Ciudadana.
Ambos, sin embargo, están desmantelados y sin motivación. Los presupuestos públicos aprobados (nadie sabe porqué) no han considerado importante dotarles de fortaleza y capacidad de acción, como sucedía en el pasado.
Con esto no quiero decir que los recursos públicos garanticen que esos mecanismos conformados por ciudadanos nos conduzcan automáticamente a un régimen de transparencia y rendición de cuentas acabado.
Hace falta además que los mismos ciudadanos entendamos cuál es nuestro papel y que los funcionarios también lo entiendan, que se cambien el “chip”.
Sin embargo, la labor que la ley exige del gobierno (de todos los órdenes) es garantizar que estos organismos puedan operar y eso, hoy, no sucede aquí.
Los motivos también son desconocidos, como todo.
Las cajas de huevo recientemente aparecidas nos recuerdan el tipo de comunidad en la que ya no queremos vivir. También, que podemos y debemos exigir para impedirlo.
La solución, como todo, está en nosotros mismos y hoy, ya no podemos postergarla más.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
