Nuestra salud y nuestras vidas no pueden ser gobernadas sólo por las fuerzas del mercado. Ahora miles de académicos están pidiendo una salida de la crisis.
Los trabajadores son mucho más que «recursos». Esta es una de las lecciones esenciales de la crisis actual: cuidar de los enfermos; entregar comida, medicamentos y otros artículos imprescindibles; limpiar nuestros residuos; abastecer los estantes y llevar las listas de nuestras tiendas de comestibles.
Las personas que han sobrevivido a la pandemia por COVID-19 son la prueba viviente de que el trabajo no puede reducirse a una mera mercancía.
La salud y la atención de los más vulnerables no pueden regirse únicamente por las fuerzas del mercado. Si dejamos estas cosas exclusivamente en manos del mercado, corremos el riesgo de exacerbar las desigualdades hasta el punto de perder la vida misma de los menos favorecidos.
¿Cómo evitar esta situación inaceptable? Involucrando a los empleados en las decisiones que afectan su vida y futuro en el lugar de trabajo, democratizando las empresas. Desmercantilizando el trabajo, garantizando colectivamente un empleo útil para todos.
Al enfrentarnos al monstruoso riesgo de una pandemia y al colapso del medio ambiente, la realización de estos cambios estratégicos nos permitiría garantizar la dignidad de todos los ciudadanos y al mismo tiempo, reunir la fuerza y el esfuerzo colectivos necesarios para preservar nuestra vida en común en este planeta.
Todas las mañanas, hombres y mujeres, especialmente miembros de comunidades raciales, migrantes y trabajadores de la economía informal, se levantan para servir a aquellos de nosotros que pueden permanecer en cuarentena, ellos mantienen la vigilancia durante la noche.
La dignidad de sus trabajos no necesita otra explicación que ese elocuentemente simple término «trabajador esencial». Ese término también revela un hecho clave que el capitalismo siempre ha tratado de hacer invisible con otro término, «recurso humano». Los seres humanos no son un recurso entre muchos. Sin capital humano, no habría producción, ni servicios, ni negocios.
Cada mañana, hombres y mujeres en cuarentena se levantan en sus casas para cumplir desde lejos las misiones de las organizaciones para las que trabajan. Trabajan hasta la noche. A aquellos que creen que no se puede confiar en que los empleados hagan su trabajo sin supervisión, que los trabajadores requieren vigilancia y disciplina externa, estos hombres y mujeres están demostrando lo contrario.
Los trabajadores no son cualquier tipo de stakeholder entre muchos: ellos tienen las claves del éxito de sus empleadores. Son el núcleo de la empresa, sin embargo, en su mayoría están excluidos de participar en el gobierno de sus lugares de trabajo, un derecho monopolizado por los inversores de capital.
A la pregunta de cómo las empresas y la sociedad en su conjunto podrían reconocer las contribuciones de sus empleados en tiempos de crisis, la democracia es la respuesta. Ciertamente, debemos cerrar el enorme abismo de la desigualdad de ingresos y elevar su nivel, pero eso no es suficiente. Después de las dos guerras mundiales, la innegable contribución de las mujeres a la sociedad ayudó a ganar el derecho al voto. Por la misma razón, es hora de otorgar derechos a los trabajadores.
La representación de los trabajadores en el lugar de trabajo ha existido en Europa desde el final de la segunda guerra mundial, a través de instituciones conocidas como comités de empresa. Sin embargo, estos órganos representativos tienen una voz débil en el mejor de los casos en el gobierno de las empresas, y están subordinados a las elecciones de los equipos de dirección ejecutiva nombrados por los accionistas.
No han sido capaces de detener, ni siquiera de frenar, el incesante impulso de la acumulación de capital en beneficio propio, cada vez más poderoso en su destrucción de nuestro medio ambiente. A estos organismos se les debe conceder ahora derechos similares a los que ejercen los consejos de administración. Para ello, se podría exigir a los gobiernos de las empresas (es decir, a la alta dirección) que obtuvieran una aprobación por doble mayoría, de las cámaras que representan tanto a los trabajadores como a los accionistas.
En Alemania, los Países Bajos y Escandinavia, las diferentes formas de codeterminación (Mitbestimmung) establecidas progresivamente después de la segunda guerra mundial fueron un paso crucial para dar voz a los trabajadores, pero siguen siendo insuficientes para crear una ciudadanía real en las empresas.
Incluso en los Estados Unidos, donde la organización de los trabajadores y los derechos sindicales han sido considerablemente suprimidos, existe ahora un llamamiento creciente para dar a los inversores laborales el derecho a elegir representantes con una supermayoría dentro de los consejos de administración. Cuestiones como la elección de un director general, el establecimiento de estrategias importantes y la distribución de beneficios son demasiado importantes para dejarlas sólo en manos de los accionistas. Una inversión personal de trabajo, es decir, de la mente y el cuerpo, la salud – la propia vida – debería ir acompañada del derecho colectivo a validar o vetar estas decisiones.
Esta crisis también muestra que el trabajo no debe tratarse como una mercancía, que los mecanismos del mercado por sí solos no pueden dejarse a cargo de las decisiones que afectan más profundamente a nuestras comunidades. Desde hace años, los empleos y los suministros del sector de la salud están sujetos al principio rector de la rentabilidad; hoy en día, la pandemia está revelando hasta qué punto este principio nos ha llevado por mal camino. Ciertas necesidades estratégicas y colectivas deben simplemente hacerse inmunes a tales consideraciones.
El aumento del número de muertos en todo el mundo es un terrible recordatorio de que algunas cosas nunca deben tratarse como mercancías. Los que siguen argumentando lo contrario nos ponen en peligro con su peligrosa ideología. La rentabilidad es un criterio intolerable cuando se trata de nuestra salud y nuestra vida en este planeta.
La desmercantilización del trabajo significa preservar ciertos sectores de las leyes del llamado libre mercado; también significa asegurar que todas las personas tengan acceso al trabajo y a la dignidad que éste conlleva. Una forma de hacerlo es con la creación de una garantía de empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos recuerda que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Una garantía de empleo no sólo ofrecería a cada persona el acceso a un trabajo que le permita vivir con dignidad, sino que también daría un impulso crucial a nuestra capacidad colectiva para hacer frente a los numerosos y apremiantes desafíos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad.
El empleo garantizado permitiría a los gobiernos, trabajando a través de las comunidades locales, proporcionar un trabajo digno y contribuir al inmenso esfuerzo de luchar contra el colapso ambiental. En todo el mundo, a medida que el desempleo se dispara, los programas de garantía de empleo pueden desempeñar un papel crucial para asegurar la estabilidad social, económica y ambiental de nuestras sociedades democráticas.
La Unión Europea debe incluir un proyecto de este tipo en su acuerdo ecológico, una revisión de la misión del Banco Central Europeo para que pueda financiar este programa, necesario para nuestra supervivencia, le daría un lugar legítimo en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de la UE. Una solución anticíclica al explosivo desempleo en camino, este programa será una contribución clave a la prosperidad de la UE.
No debemos reaccionar ahora con la misma inocencia que en 2008, cuando respondimos a la crisis económica con un rescate incondicional que incrementó la deuda pública sin exigir nada a cambio. Si nuestros gobiernos intervienen para salvar a las empresas en la crisis actual, entonces las empresas deben intervenir también y cumplir las condiciones básicas generales de la democracia.
En nombre de las sociedades democráticas a las que sirven y que las constituyen, en nombre de su responsabilidad de asegurar nuestra supervivencia en este planeta, nuestros gobiernos deben condicionar su ayuda a las empresas a ciertos cambios en sus comportamientos. Además de cumplir con estrictas normas ambientales, las empresas deben cumplir con ciertas condiciones de gobierno interno democrático.
Una transición exitosa de la destrucción del medio ambiente a la recuperación y regeneración del mismo será mejor dirigida por empresas gobernadas democráticamente, en las que las voces de los que invierten su trabajo tienen el mismo peso que las de los que invierten su capital cuando se trata de decisiones estratégicas.
Hemos tenido tiempo más que suficiente para ver lo que sucede cuando el trabajo, el planeta y las ganancias de capital se ponen en la balanza bajo el sistema actual: el trabajo y el planeta siempre pierden.
Gracias a la investigación de la Universidad de Cambridge, sabemos que «cambios de diseño alcanzables» podrían reducir el consumo mundial de energía en un 73%. Pero esos cambios son intensivos en mano de obra, y requieren opciones que a menudo son más costosas a corto plazo. Mientras las empresas se manejen de manera que busquen maximizar el beneficio sólo para sus inversores de capital y en un mundo donde la energía es barata, ¿por qué hacer estos cambios?
A pesar de los desafíos de esta transición, algunas empresas de mentalidad social o de gestión cooperativa -que persiguen objetivos híbridos que tienen en cuenta consideraciones financieras, sociales y ambientales, y desarrollan gobiernos internos democráticos- ya han demostrado el potencial de ese impacto positivo.
No nos engañemos más: abandonados a su suerte, la mayoría de los inversores de capital no se preocuparán por la dignidad de los trabajadores ni dirigirán la lucha contra la catástrofe medioambiental. Hay otra opción disponible. Democratizar las empresas; desmercantilizar el trabajo; dejar de tratar a los seres humanos como recursos para que podamos centrarnos juntos en el mantenimiento de la vida en este planeta.
- Isabelle Ferreras (Universidad de Lovaina/FNRS-Harvard LWP), Julie Battilana (Universidad de Harvard), Dominique Méda (Universidad de París Dauphine PLS), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Lisa Herzog (Universidad de Groningen), Sara Lafuente Hernandez (Universidad de Bruselas-ETUI), Hélène Landemore (Universidad de Yale), Pavlina Tcherneva (Colegio Bard-Instituto Levy), Miranda Richmont Mouillot, Israr Qureshi (Universidad Nacional de Australia), Clare Wright (Universidad La Trobe), Isabelle Martin (Universidad de Montreal), Neera Chandhoke (Universidad de Delhi), Lukas Clark-Memler (Universidad de Oxford), Alberto Alemanno (HEC Paris-NYU Law), Elizabeth Anderson (Universidad de Michigan), Philippe Askénazy (CNRS-Escuela de Economía de París), Aurélien Barrau (CNRS y Universidad Grenoble-Alpes), Adelle Blackett (Universidad McGill), Neil Brenner (Universidad de Harvard), Craig Calhoun (Universidad del Estado de Arizona), Ha-Joon Chang (Universidad de Cambridge), Erica Chenoweth (Universidad de Harvard), Joshua Cohen (Universidad de Apple, Berkeley, Boston Review), Christophe Dejours (CNAM), Olivier De Schutter (UCLouvain, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos), Nancy Fraser (The New School for Social Research, NYC), Archon Fung (Universidad de Harvard), Javati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), Stephen Gliessman (UC Santa Cruz), Hans R. Herren (Instituto Millennium), Axel Honneth (Universidad de Columbia), Eva Illouz (EHESS, París), Sanford Jacoby (UCLA), Pierre-Benoit Joly (INRA – Instituto Nacional de Investigación Agronómica, Francia), Michele Lamont (Universidad de Harvard), Lawrence Lessig (Universidad de Harvard), David Marsden (London School of Economics), Chantal Mouffe (Universidad de Westminster), Jan-Werner Müller (Universidad de Princeton), Gregor Murray (Universidad de Montreal), Susan Neiman (Foro Einstein), Thomas Piketty (EHESS-Escuela de Economía de París), Michel Pimbert (Universidad de Coventry, Director Ejecutivo del Centro de Agroecología, Agua y Resistencia), Raj Patel (Universidad de Texas), Katharina Pistor (Universidad de Columbia), Ingrid Robeyns (Universidad de Utrecht), Dani Rodrik (Universidad de Harvard), Saskia Sassen (Universidad de Columbia), Debra Satz (Universidad de Stanford), Pablo Servigne PhD (investigador dependiente de Terre), William Sewell (Universidad de Chicago), Susan Silbey (MIT), Margaret Somers (Universidad de Michigan), George Steinmetz (Universidad de Michigan), Laurent Thévenot (EHESS), Nadia Urbinati (Universidad de Columbia), Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCLouvain), Judy Wajcman (London School of Economics), Léa Ypi (London School of Economics), Lisa Wedeen (The University of Chicago), Gabriel Zucman (UC Berkeley), y otros 3000 académicos de más de 600 universidades de todo el mundo.
La lista completa se puede consultar en https://democratizingwork.org/.
Una versión de este artículo fue publicada anteriormente en The Guardian.
