Los ciudadanos de los países latinoamericanos aprueban con una nota media de 6,5 el comportamiento y las políticas de responsabilidad social que están llevando a cabo las empresas españolas en sus países.
Según Vanina Farber, investigadora de la Universidad Pontificia de Perú y coordinadora del estudio Valoración de la responsabilidad social de las empresas españolas en América Latina realizado por el Observatorio de RSC, esta percepción resulta más baja comparada con otros países como Japón, Inglaterra, Holanda o Estados Unidos.
La valoración por sectores oscila entre el 6,06 y el 6,76, siendo los medios de comunicación y bancos los mejor valorados, y obtiene la peor puntuación el sector extractivo, en el que figura tanto petroleras como agua y electricidad, con una nota de 6,05.
Para la académica, del estudio se desprende la idea de que el compromiso con la responsabilidad social por parte de las empresas es sincero, sin embargo su aplicación práctica se critica por incipiente, más ligada a la filantropía y poco proactiva.
En este sentido, el 53,2% de los encuestados considera que el compromiso social y medioambiental de las empresas es peor en los países latinoamericanos que en España, el 36,8% piensa que no hay diferencias, y solamente el 10% considera que su actuación es mejor en America Latina que en España.
De los distintos aspectos que componen la responsabilidad social la valoración más baja esta relacionada con la corrupción, habiendo obtenido una puntuación media de 4,4. Para Farber existe un consenso sobre la necesidad de que las empresas españolas mejoren su comportamiento en la lucha contra la corrupción.
Fundamentalmente, se entiende como corrupción la acción de lobby e influencia para lograr un mejor marco regulatorio, cambio en la política de tarifas o restricción de la competencia.
En este sentido, la investigadora afirma que las empresas españolas no son mejores ni peores que las locales, sino que son los gobiernos y autoridades públicas quienes tienen la culpa. Así, los ciudadanos piden a los gobiernos que tengan una actitud más activa en temas de responsabilidad.
