Los particulares -como son las empresas- podrán ser sancionadas por tribunales independientes y de nueva creación a partir de la reforma constitucional anticorrupción, que entró en vigor, cuando cometan delitos graves.
Mientras los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno podrán ser sancionados hasta con prisión, las empresas podrían ser disueltas.
En el acto de promulgación de la reforma, se advirtió que las sanciones podrán consistir en multas económicas y hasta la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios, además de que se incorporará la figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito.
Las resoluciones, explicó el gobierno federal, serán tomadas por tribunales independientes, ya que la reforma constitucional contempla la figura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la creación de 32 órganos en todo el país.
La reforma estipula que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con plena autonomía para dictar sus fallos y podrá dirimir controversias que se susciten entre la administración pública federal y particulares.
Al respecto, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, consideró que con la entrada en vigor de la nueva ley hay un cambio de paradigma. Habrá sanciones muy fuertes para las empresas que participen en actos o relaciones de corrupción. Se podría llegar a la extinción de dominio y a la disolución de la empresa. Las empresas que reciban recursos públicos se vuelven sujetos obligados en materia de transparencia.
“El cambio de nombre en la ley es importante. Se llama ley de responsabilidad de servidores públicos y privados”, enfatizó.
La reforma establece que los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con el cohecho, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños.
“Las personas morales serán sancionadas (…) cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
“También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva”.
Pero serán las leyes secundarias las que establezcan los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones, establece la reforma constitucional promulgada.
Un año, el plazo
Con estos cambios a la Constitución, las nuevas facultades para la Auditoría Superior de la Federación entrarán de manera inmediata en vigor así como la creación del tribunal federal de justicia administrativa.
Pero otras medidas de la reforma deberán esperar su regulación secundaria, por ejemplo la creación del sistema nacional anticorrupción, que entre sus integrantes deberá incluir un miembro del comité de participación ciudadana, instancia que se integrará por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
La integración de este comité será conforme a las reglas que deberá plasmar el Congreso en las leyes secundarias máximo en un año.
Asimismo, las tareas del comité coordinador del sistema también serán establecidas en la ley secundaria y, en ese mismo plazo, el Congreso deberá avalar la ley general que establezca las bases de coordinación del sistema nacional anticorrupción y que ahora ha sido incluido en el Artículo 113 de la Constitución.
En el Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto de la reforma constitucional, y mas tarde fue publicado en el Diario Oficial para su entrada en vigor este jueves. En el acto de promulgación, Peña Nieto explicó que la reforma establece una “hoja de ruta” para crear la legislación secundaria.
El Ejecutivo federal explicó que debe crearse una ley general con las bases de coordinación, así como definir las competencias legales de cada autoridad en el combate a la corrupción y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno.
El mandatario agrupó en cinco rubros el contenido de la reforma. En primera instancia, la creación -en sí- del nuevo sistema nacional anticorrupción, con atribuciones para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción.
El sistema tendrá facultades de coordinación en materia de fiscalización y de control de recursos públicos, y que éstos se utilicen exclusivamente en programas, obras y acciones aprobados.
En el sistema participará un comité coordinador, integrado por la Auditoría Superior, el tribunal fiscal de justicia administrativa, la fiscalía para el combate a la corrupción, función pública, el Consejo de la Judicatura y el Instituto Nacional de Transparencia.
En segundo lugar, el presidente agregó que se fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior, tales como llevar a cabo revisiones en “tiempo real”. En un tercer rubro, se crea un tribunal federal de justicia administrativa con facultad para sancionar a funcionarios, e incluso particulares. El cuarto eje fortalece la corresponsabilidad entre poderes públicos para combatir la corrupción. Y en el quinto, se crea la ruta para crear las reformas secundarias.
En su turno, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, reiteró que siguen las leyes secundarias.
“Esa va a ser la agenda legislativa y la agenda ciudadana 2015-2016, ésa va a ser señor presidente, lo hemos hablado, desarrollar el sistema de leyes secundarias, de leyes generales, de reformas (a leyes) existentes”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, coincidió de que el Congreso adquirió el compromiso de elaborar y aprobar “a la brevedad” esos cambios legales.
Fuente: El Economista
