La Ley de Economía Sostenible patina con el nuevo sello de ‘Empresa Responsable’

El proceso de autoevaluación por parte de las empresas no parece el más indicado para valorar su actividad responsable

La verificación independiente es el único modo de garantizar una asignación equitativa

El fenómeno de la RSC como tendencia que ha superado ya con creces el estatus de moda pasajera para derivar en una útil herramienta de gestión, indispensable para el desarrollo y la supervivencia de las compañías ha empezado también a calar, tímidamente, en el sector público español siguiendo la estela de otros países europeos.

En España, el debate político acerca de la RSC se inicia a partir de la publicación del Libro Verde Europeo sobre RSE publicado tras la Cumbre de Primavera de Lisboa en el año 2000, y ya a finales de 2004 se constituye una subcomisión parlamentaria para el estudio de la RSE en nuestro país, cuyo resultado fue la aprobación de un Libro Blanco con la colaboración de Ecología y Desarrollo y la escuela de negocios Esade.

Las últimas iniciativas del sector público en materia de RSC son la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social, que pretende drigirse en salvaguarda del cumplimiento empresarial de los principios responsables al tiempo que respeta la voluntariedad del concepto, y la controvertida Ley de Economía Sostenible que entronca su razón de ser: la competitividad, la sostenibilidad medioambiental, la normalización del sector de la vivienda, la innovación y formación profesional y el apoyo a nuevos sectores económicos pero sigue pecando, a todas luces, de una excesiva confianza en el sector de la construcción- o de la vivienda- que sigue siendo el eje fundamental del modelo productivo.

ACREDITACIÓN DUDOSA

En el marco del futuro texto legislativo, que se está analizando en distintos foros, incluido en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Cerse), se recoge que todas aquellas organizaciones que alcancen un nivel mínimo de los indicadores previstos en materia de RSC podrán solicitar «voluntariamente» dicho reconocimiento.

El numeral 3 del provisional artículo 40 afirma que “ la empresas que cumplan un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán ser acreditadas como empresas socialmente responsables por el Observatorio del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial” .

Este anteproyecto de ley no se preocupa sólo de la empresa privada, sino que también trata de promover la gestión sostenible de las empresas públicas, que deberán adaptarse a esta norma en el plazo de un año después de su entrada en vigor.

Entre las medidas que tendrán que asumir estas empresas figura la elaboración de memorias de responsabilidad social anuales, revisar los procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de gestión medioambiental, favorecer principios de responsabilidad social entre sus proveedores e incluir en sus procesos de contratación condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato.

Por otra parte , los departamentos u organismos a los que se adscriban los grupos empresariales públicos elaborarán un plan de sostenibilidad del grupo donde se establezcan las medidas de apoyo, refuerzo y coordinación complementarias de las iniciativas de las empresas y se definan los mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos del grupo.

La acreditación, fruto de una autoevaluación de las compañías, adolece en primera instancia de una cierta “ligereza” a la hora de adquirir una certificación tan importante como el “sello de empresa responsable”. Por otra parte, el proceso de asignación del sello de empresa responsable parece tener en cuenta aspectos parciales de la responsabilidad social corporativa, tales como una buena gestión medioambiental, una correcta conciliación de la vida familiar o laboral o un buen plan de igualdad, que a pesar de ser aspectos muy importantes de la RSC no bastan por sí solos para calificar una empresa de socialmente responsable.

Ciertamente, la verificación independiente y un examen completo de todos y cada uno de los aspectos y actividades de la compañía siguen siendo el único modo de discernir si una empresa está llevando a cabo una buena política de Responsabilidad Social Corporativa.

La certificación responsable avalada por el gobierno sigue la línea de otras certificaciones tales como la de “Empresa Familiarmente Responsable”, otorgada por la Fundación MásFamilia, y en última instancia hereda características comunes a la Global Reporting Initiative, que también recoge en su seno, como entidades firmantes, a empresas que cumplen los preceptos de la RSC.

LEGISLACIÓN INCONGRUENTE

Las aparentes debilidades del proceso de asignación del sello responsable constituyen sólo uno más de los ingredientes de un texto normativo que, en materia de RSC, contiene no pocas incongruencias, como el hecho de que las iniciativas relacionadas con la necesidad de mejoras en la supervisión estén únicamente limitadas al sector financiero, cuando es obvio que la supervisión y el control son requisitos fundamentales para conseguir sobrevivir y desarrollarse en un nuevo orden productivo, todavía inseguro y tambaleante.

En su investigación al respecto de las incoherencias de la ley en materia de RSC, Alternativa Responsable ha remarcado que el texto se ocupa de la “sostenibilidad de las empresas públicas” y de la “responsabilidad social de las empresas”, aunque sin aclarar si éstas deben ser públicas o privadas.

Asimismo, la ley recoge medidas de obligado cumplimiento para que las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado adapten su gestión en los principios de sostenibilidad avalados por la ley; medidas que, por el contrario, no se recomiendan a las empresas privadas a las que solo se incentiva a la “promoción y el fomento” de la Responsabilidad Social.

La ley adolece pues de una cierta tibieza a la hora de promocionar e impulsar la Responsabilidad Social, sobre todo en relación a las pymes, que además de constituir el grueso del tejido empresarial español, están fuertemente necesitadas de políticas responsables que le sirvan como escudo en el resbaladizo escenario económico que viene.