El combate a la corrupción es un tema central en la agenda política del gobierno encabezado por el presidente Felipe Calderón. Esto ha llevado a impulsar, en los últimos años, una serie de acciones para avanzar hacia este objetivo. Entre otras, eliminar la normatividad obsoleta en la Administración Pública Federal, que era un auténtico caldo de cultivo para los actos de corrupción.
El gobierno federal emprendió una revisión del marco legal, y encontró que, en casos de corrupción, no existen leyes que reconozcan la corresponsabilidad de los sectores público y privado.
Las leyes se orientan a corregir conductas indebidas de los servidores públicos, pero no hay normas que inhiban conductas irregulares de la iniciativa privada.
El 3 de marzo de 2011, el Presidente anunció el envío de dos iniciativas de ley al Senado para combatir la corrupción: expedir la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a partir de dos premisas: tipificar actos de corrupción en contrataciones públicas, con sanciones ejemplares, y generar incentivos para fomentar la denuncia.
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. La corrupción es un fenómeno de dos vías: su origen no siempre está en los servidores públicos, y el sector privado también tiene su parte de responsabilidad. El propósito de la iniciativa es incrementar el riesgo y el costo para el particular que corrompe. La ley, recién aprobada por el Senado y que ha sido turnada a la Cámara de Diputados, prevé multas hasta del 35 por ciento del monto del contrato, e inhabilitaciones hasta por cinco años para personas físicas, y hasta por 10 años para personas morales.
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Las reformas a esta ley buscan facilitar la denuncia de actos que contravengan los principios de legalidad que rigen el ejercicio de la función pública. Dicha reforma evita que terceros inhiban a servidores públicos denunciantes o, en general, a personas que tengan información relativa a hechos irregulares, e incorpora sanciones severas contra quienes traten de coaccionarlos. La propuesta incorpora incentivos para promover la denuncia y la colaboración en investigaciones, e incluye beneficios económicos, estímulos y recompensas.
Estas reformas contribuirán a que las contrataciones y adquisiciones del gobierno federal se ajusten a los principios que establece la Constitución: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; a fin de asegurar al Estado mexicano las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
De aprobarse, ambas iniciativas tendrán repercusiones positivas en el ámbito económico ya que permitirán impulsar la competitividad nacional y generarán mejores condiciones para la inversión en el país y el desarrollo de la empresa sana; la que arriesga, invierte en nuestro país y genera empleos.
Adicionalmente, el gobierno de México dará un mensaje claro y contundente respecto a su firme compromiso en el combate a las prácticas de corrupción: refrendará que la solución a este problema se realiza de forma articulada y desde varios frentes.
Con un ánimo responsable y serio, el Senado aprobó el dictamen de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Los valiosos comentarios y adiciones de los senadores a la iniciativa del Presidente Felipe Calderón son muestra del amplio consenso en México por dotar a las instituciones del Estado de mejores herramientas para atacar la corrupción.
Tengo confianza plena en que el debate parlamentario, en la Cámara de Diputados, permitirá dotar a nuestro país de un régimen jurídico que seguramente será modelo internacional en el combate a la corrupción. En las últimas semanas he intercambiado opiniones y sugerencias con empresarios, académicos y legisladores. Mi conclusión, contraria a la lógica de algunos, es que el interés por hacer frente común a la corrupción es de todos.
Hago un llamado a la Cámara de Diputados para que analice con profesionalismo la legislación propuesta y pueda legar a México, en este periodo ordinario, una legislación de avanzada.
*El autor es secretario de la Función Pública.
Fuente: Reforma, opinión, p. 12.
Articulista: Salvador Vega Casillas.*
Publicada: 8 de abril de 2011.
