Honduras vive su propia primavera. Un movimiento ciudadano contra la impunidad y la corrupción, liderado por jóvenes que se movilizan desde las redes sociales, inunda las calles con una semanal marcha de las antorchas contra la corrupción y la impunidad.
Desde fines de mayo, el pacífico movimiento juvenil de indignados rompió el cerco mediático y trascendió los liderazgos políticos y sociales, con convocatorias seguidas por cientos de miles de ciudadanos en Tegucigalpa y otras 50 ciudades del país.
Su marcha de las antorchas demanda la instalación de una comisión internacional que ponga fin a la impunidad de la corrupción y adecente las instituciones y la democracia de esta nación centroamericana.
El llamado movimiento ciudadano de Oposición Indignada aglutina a jóvenes y personas de todas las edades, especialmente de la clase media, que protestan en particular contra el fraude de entre 200 y 300 millones de dólares en el estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El caso incluye, según las investigaciones, el pago de medicinas vencidas y la compra de equipos con sobreprecio, legitimación de capitales y uso de fondos públicos para financiar la última campaña presidencial del derechista Partido Nacional (PN), en el poder desde 2010.
El del IHSS es el mayor caso de corrupción en el último medio siglo en Honduras y ha desatado una indignación colectiva por las implicaciones que tuvo para la salud de los hondureños, agobiados por la escasez de medicinas la pública red hospitalaria del país.
El saqueo de la institución que brinda seguridad social a los empleados públicos y privados que cotizan al sistema, ha puesto sobre las cuerdas al Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, cuyo cuatrienio comenzó en enero de 2014.
El Mandatario ha empujado las investigaciones, pero nunca imaginó que la gota que derramaría el vaso sería el uso de fondos de la salud para financiar la campaña electoral que lo condujo a la Presidencia.
Hasta ahora han trascendido 10 cheques por algo más de 147 mil dólares para la campaña del PN, pero la cifra puede incrementarse si la investigación llega a fondo, dicen los expertos.
Hernández asegura que el partido devolverá el dinero y niega su implicación en el escándalo.
Hay una docena de procesados por la justicia, entre ellos ex viceministros de Salud, un ex gerente del IHSS y un influyente empresario. Pero se asegura que la lista crecerá y que entre próximos implicados habría figuras poderosas del partido gobernante.
«Este saqueo de fondos, el conocer casos de amigos que sus parientes se murieron en el Seguro Social por falta de medicinas, fue lo que nos unió», comentó Gabriela Blen, activista fundadora de Oposición Indignada.
«En las redes comentábamos que los jóvenes no podíamos ser tan indiferentes y así fue naciendo la idea de la marcha de las antorchas».
Blen, de 27 años, recordó que al principio eran pocos.
«Apenas unas 50 o 100 personas que nos manifestamos frente al edificio del Seguro Social. Ahí van esos jóvenes locos, nos decían», relató.
«Pero después, como por arte de magia, todo cambió y ahora todos los viernes somos miles de personas las que salimos unidas con nuestras antorchas, en paz, a pedir justicia y no más impunidad».
Blen asegura que Honduras ha despertado.
Cada viernes en Tegucigalpa, los sábados y domingos en otras 50 ciudades del país, cientos de miles de indignados salen con sus antorchas a pedir la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI-H), similar a la que opera en Guatemala desde 2007.
Su explosión rompió el silencio de los medios sobre el movimiento, que ahora sí cubre el fenómeno, aunque todavía en forma marginal o para descalificarlo.
En contrapartida, Oposición Indignada cuenta con amplia simpatía ciudadana y el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Embajada de Estados Unidos.
Miembros del movimiento se han reunido con representantes de ambas instituciones para pedir apoyo a la instalación de la CICI-H.
Eugenio Sosa, experto en movimientos sociales, analizó que Oposición Indignada llena las características propias de un movimiento social del siglo 21.
«Son movimientos ciudadanos donde la estructura que convoca no es la organización clásica dura, jerárquica, sino que son mandos horizontales y fluidos, por eso ha rebasado los liderazgos políticos, gremiales y sociales del país», consideró el sociólogo.
«Se mueven alrededor de temas y en este caso es la corrupción, en especial en el Seguro Social. Es un movimiento de clase media y también de un nuevo relevo generacional que impugna a la actual clase política. Honduras vive una coyuntura histórica interesante».
El Gobierno hasta ahora ha ignorado el clamor de las calles y ha presentado una propuesta integral de combate a la impunidad y la corrupción, que excluye instalar la demandada comisión internacional.
Un plan que los manifestantes rechazan.
Hernández llamó a un diálogo nacional pero sin incorporar a la Oposición política ni al movimiento de los indignados. Aunque el Presidente dice que su diálogo «es incluyente y sin condiciones», hasta ahora solo se ha convocado a actores tradicionales y una treintena de sectores afines.
En un intento por salir del laberinto de la impugnación social en que está metido, el mandatario hondureño también pidió apoyo a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que faciliten el diálogo.
La ONU respondió con una misión exploratoria que dará su informe en unas semanas y la OEA aún no designa sus facilitadores pero aceptó la mediación.
En una visita a Honduras el 8 de julio, el consejero especial del departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, calificó la marcha de las antorchas como una genuina expresión democrática y exhortó al Gobierno a «escuchar al pueblo».
Shannon, quien visitó el país dentro de una gira que también incluyó El Salvador y Guatemala, planteó que «sería inteligente» que tanto Tegucigalpa como San Salvador contemplaran una comisión internacional contra la impunidad.
Edmundo Orellana, ex fiscal general del Ministerio Público, dijo que el panorama del país se complica porque nunca un gobernante había sido tan impugnado durante su gestión.
El movimiento de los indignados dice que no dialogará con el Gobierno si antes no se instala la CICI-H.
«No dejan de tener razón pues si el círculo cercano al presidente está salpicado con la corrupción del Seguro, no cabe un diálogo, sino un juicio político», afirmó Orellana, el primer fiscal general del país y con gran prestigio en el país.
Honduras, acotó, está en una crisis de legitimidad que se arrastra desde el golpe de Estado de 2009 y el Presidente perdió credibilidad, poder de convocatoria y más bien está sometiendo al Estado a su servicio y no al de la institucionalidad.
Orellana se refirió así al férreo control que Hernández tiene sobre los tres poderes del Estado y del propio Ministerio Público.
Cóctel de desigualdad, corrupción y violencia
Con una población de 8.4 millones de habitantes, en Honduras 60 por ciento de los hogares viven en condiciones de pobreza y 40 por ciento en extrema pobreza, según cifras oficiales. En términos de corrupción, Honduras figura en la lista de países latinoamericanos más corruptos, junto a Venezuela, Paraguay y Nicaragua, según Transparencia Internacional.
Sumado a la corrupción y la impunidad que ello conlleva, otro lastre que aqueja el país es la inseguridad por la violencia común y organizada. La tasa de homicidios para el 2014 fue de 68 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma, lo que vuelve al país uno de los más violentos del mundo.
Más de 60 por ciento de la población hondureña es joven y de acuerdo al organismo humanitario Casa Alianza, el país vive una estigmatización hacia los jóvenes, producto de la violencia, mientras carece de políticas de inclusión. En los últimos 13 meses esa institución registró el asesinato de mil 76 personas entre 13 a 27 años.
Fuente: Reforma
