La cadena impugna sanciones de Profeco y Secretaría del Trabajo, principalmente
Más allá del presunto pago de sobornos a autoridades municipales y estatales revelado hace dos semanas en EU, la filial mexicana de Walmart en México litiga al por mayor contra el Gobierno federal.
Actualmente, la empresa mantiene por lo menos 300 juicios de nulidad en curso contra múltiples instancias de la Administración pública ante las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en todo el País, de acuerdo con registros oficiales del propio TFJFA consultados por REFORMA.
Dos son las dependencias que más litigios enfrentan con la trasnacional: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría del Trabajo (STPS).
La primera es por los recursos que Walmart interpone en contra de las multas de la Procuraduría en su contra.
La segunda se debe a que las delegaciones estatales de la STPS frecuentemente detectan irregularidades en materia laboral durante visitas de inspección, lo que deriva en sanciones y posteriores recursos de revisión.
Los litigios también abarcan otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por temas de inspección fitosanitaria y calidad agroalimentaria; la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, por sanciones derivadas de temas de higiene y control de enfermedades, y la Comisión Nacional del Agua, por créditos fiscales sobre pago de derechos.
También existen múltiples demandas contra el SAT y el IMSS en materia de créditos fiscales e incluso contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por negativas de registrar algunas de las marcas propias de la cadena comercial, o por violaciones de terceros a sus marcas registradas.
Walmart es implacable para oponerse a cualquier sanción pese a que las multas que le imponen la Profeco y la STPS rara vez exceden los 20 mil pesos, cantidades irrisorias para una empresa que en 2011 reportó ingresos de 380 mil millones de pesos sólo en México, con utilidad neta de 22 mil 254 millones.
La cifra de 300 juicios se refiere a los promovidos por las filiales Operadora Walmart, Nueva Walmart de México, Operadora Vips y Operadora Suburbia, y no incluye juicios de amparo, muchos de los cuales son abiertos para revisar los fallos dictados por las salas TFJFA, ni otro tipo de juicios, como los laborales ante juntas de conciliación, o los administrativos contra autoridades locales, que se desahogan ante tribunales de lo contencioso de los Estados.
Por ejemplo, Nueva Walmart ha pasado más de tres años litigando contra una multa de 5 mil pesos que le impuso la Profeco en agosto de 2008 por no exhibir adecuadamente el monto total a pagar por uno de sus productos, alegando que la sanción fue «excesiva».
En materia laboral, algunas de las infracciones más frecuentes detectadas por la STPS son jornadas laborales excesivas sin que se acredite el pago correspondiente por tiempo extra, no acreditamiento de pago quincenal a personal como auxiliares de limpieza, surtidores, panaderos y cajeros, no entrega de constancias de retenciones de ISR e inexistencia de reglamentos interiores de trabajo, entre otras.
Reaccionan 5 días después a denuncia
Cinco días después de que el diario The New York Times revelara que Walmart de México presuntamente pagó hasta 24 millones de dólares en sobornos a servidores públicos para la apertura de tiendas entre 2002 y 2005, las autoridades federales iniciaron investigaciones para determinar posibles actos de corrupción.
El 21 de marzo, el diario estadounidense publicó que los sobornos, denunciados en 2005 por un ex ejecutivo en México, fueron para «desvanecer objeciones ambientalistas y lograr en días permisos que normalmente se concretaban en meses».
En diciembre de 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició desde diciembre una investigación criminal a Walmart, luego que la empresa revelara a las autoridades los sobornos hechos en México, que habrían violado la legislación anticorrupción aplicable en Estados Unidos.
La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) prohíbe a las compañías estadounidenses o a cualquiera de sus subsidiarias el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esa acción.
El día 25, el Presidente Felipe Calderón dijo sentirse «muy indignado» al conocer el caso y lamentó que pese a ser una empresa que ha generado muchos empleos en el País tuviera que «hacer negocio a base de mordidas».
Fue entonces que las dependencias dieron a conocer el inicio de averiguaciones.
Aunque en un principio manifestó que investigaría el caso si había denuncia de por medio, la PGR inició un acta circunstanciada que puede derivar en una investigación formal sobre los presuntos ilícitos en los que incurrió la cadena.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública y la Semarnat iniciaron una revisión de permisos federales otorgados a Walmart de México para determinar si existe alguna irregularidad.
Fuente: reforma.com
Por: Víctor Fuentes
Publicada: 07 de mayo de 2012
