Las solicitudes de transparencia permiten conocer las decisiones de los servidores públicos, pero ¿qué pasa si no existen documentos? «No se puede asegurar el derecho de acceso a la información sin la existencia de la información», resume Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Merino añade que el que los funcionarios públicos omitan registrar sus actos de autoridad es una barrera para la rendición de cuentas.
La reforma de transparencia de 2014 estableció la necesidad de aprobar una ley de archivos, un pendiente del Congreso junto a otras reglamentaciones derivadas.
Actualmente hay una ley para archivos federales y algunas entidades cuentan con normas locales, pero se requiere unificar criterios e instaurar un Sistema Nacional de Archivos.
Un ejemplo de la falta de documentos es la revocación de la licitación del tren México-Querétaro el 6 de noviembre de 2014, para la cual el gobierno federal no emitió ningún escrito oficial.
Al responder una solicitud de in-formación, la Secretaría de Comunicaciones explica que la decisión fue «presencial», y que «no existe documento» en el que se haga constar.
«(La revocación del fallo) es un acto que debe estar debidamente documentado. Debió haber existido un análisis de inviabilidad económica, los motivos los cuales no se realizó y si tuvo algún costo para el erario en función de la cancelación» considera el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Joel Salas Suárez.
Al margen de la reforma, el gobierno federal tiene ubicada desde 2013 la necesidad de «generar estrategias para la documentación de la actividad gubernamental». «Hay instituciones que manejan expedientes de manera impecable, y otras que necesitan ayuda», reconoce Óscar Sánchez titular de la Unidad de Políticas de Mejora en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El también responsable del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno presume que ésta es la primera estrategia en el gobierno federal que incorpora el tema de archivos, con el fin de impulsar una mejor documentación.
«En todos los casos, todo actuar público debe estar documentado», díce el funcionario.
